La Pena De Muerte En El Siglo XXI

La temática relacionada con la pena de muerte en Estados Unidos aplicada a migrantes de origen

mexicano ha levantado mucha controversia desde hace algunos años, pero en ésta ocasión, desde

mi punto de vista, ésta temática ha alcanzado un nuevo nivel debido a la gravedad de la situación

que vive el caso de Edgar Tamayo, quien será ejecutado la siguiente semana por haber sido

declarado culpable por asesinar a un policía.

Aunque se le llevó un proceso judicial, éste no se realizo de manera debida pues no se le permitió

recibir asistencia consular ni informar a las autoridades de nuestro país, además de que en el juicio

no se presentaron pruebas ni evidencias de toda la información que se desahogo como los abusos

recibidos en su infancia, sus problemas de aprendizaje o sobre las lesiones graves de un accidente

que sufrió. A pesar de todas estas carencias en el proceso, Edgar fue sentenciado a la pena de

muerte.

Desde mi opinión, estas violaciones se deben a la misma razón por la cual muchos elementos de

la policía abusan de su autoridad al momento de detener a cualquier mexicano en los Estados

Unidos: desprecio por las personas ajenas a su país y apoyo a todos los nativos de la nación gringa.

Puede sonar un poco exagerada una opinión de éste tipo, sin embargo muchos eventos como las

tantas violaciones, ataques excesivos, actitudes agresivas y demás en contra muchos migrantes

mexicanos por parte de policías y la sanciones mínimas en contra de éstos, así como considerar el

hecho de que todo el caso se desarrolla en el estado de Texas (territorio caracterizado por tomar

acciones represivas racistas contra los inmigrantes) podremos encontrarle sentido al porque a las

violaciones al juicio de Edgar Tamayo.

Sea como sea en que termine éste agitado caso, algún cambio habrá (o almenos debería de haber)

en cuanto a considerar seguir aplicando la pena de muerte en Estados Unidos, pues todas los

defectos en el juicio de Tamayo han violado convenciones internacionales y han sido conocidas

por organizaciones Internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la Corte Internacional de

Justicia, incluso autoridades federales de los Estados Unidos, quienes han hecho con insistencia

recomendaciones para realizar una revisión a todo éste caso.

Es sorprendente y hasta cierto punto frustrante ver cómo el gobernador del estado de Texas

se rehúsa a realizar la revisión a pesar de toda la presión que hacen desde organizaciones

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