La Seguridad

en palabras de Pérez Luño, “la seguridad es, sobre todo y antes que nada, una radical necesidad antropológica humana y el ‘saber a qué atenerse’, es el elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad, raíz común de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser como valor jurídico”.

La seguridad jurídica, en términos generales, se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídica-mente tutelados, interdicción de la arbitrariedad, de modo que permite en el ciudadano el nacimiento de una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho, supone una estrecha relación con la justicia porque la ley como sistema conforma un campo de garantías tanto en su aplicación como en su misma interpretación, sometida a determinados cánones que impiden la arbitrariedad de los operadores del mismo, entre ellos la observancia estricta de los principios de legalidad e igualdad, que irradian todo el sistema e implica el respeto por la cosa juzgada, que también es un derecho fundamental

En sus orígenes la seguridad jurídica tuvo un nítido contenido libertario y nació como una respuesta a la necesidad de imponer claros límites al absolutismo y resguardar, al mismo tiempo, un ámbito de libertad para los asociados. Es decir, a partir de entonces se precisan las ideas de derecho y justicia, con fundamento en el pacto social de los integrantes de la sociedad, en un claro intento de superar el modelo absolutista.

Se concibió, en consecuencia, que el ejercicio del poder estuviera sujeto a la ley, y la legalidad prevalecería sobre la arbitrariedad y la razón sobre la fuerza.

Puede decirse que hoy en día la seguridad jurídica sigue siendo una institución dedicada a afianzar la libertad y la igualdad, a hacer justicia.

Sería impropio sostener que esas ideas, que en su momento tuvieron una poderosa connotación revolucionaria, resultaran despreciadas por la pérdida de la perspectiva y del contexto, es decir, examinando el allá y el entonces con criterios del aquí y del ahora.

Para iniciar con una definición simple, certeza jurídica es la certidumbre o seguridad que tienen los ciudadanos de que las leyes se cumplen, de manera objetiva, bajo criterios previamente establecidos y en igualdad de condiciones para todos.

Uno de los fundamentos necesarios para que haya certeza jurídica y sea predecible la aplicación de las leyes, radica en que los ciudadanos tengan la seguridad de que la ley se hará cumplir y en que estos conozcan previamente los criterios bajo los cuales se aplicará.

Para lograr la certeza jurídica una de las estrategias iniciales que se debe adoptar, es reducir la discrecionalidad de las autoridades tanto administrativas como del poder judicial en la aplicación de las leyes. Lo cual implica que ninguna

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