La creación de un fondo único (Mi salvación) y POS (listado limitado de servicios

Con la reforma presentada por el Gobierno desaparece el POS y nace un fondo.

Con la radicación ayer en el Congreso de dos proyectos de ley, una estatutaria y otra ordinaria, el Gobierno le dio vía libre a un revolcón del sistema de salud, en el que los pacientes serán los más beneficiados, porque podrían recibir lo que necesitan para recuperar su salud.

El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por las cabezas de los gremios médicos y congresistas miembros de la Unidad Nacional, presentó las iniciativas en la secretaría del Senado. La ley estatutaria hará curso en las comisiones primeras, y la ordinaria, que tendrá mensaje de urgencia, en las comisiones séptimas.

"Lo que hemos hecho en estos dos años y medio es limpiar la casa, porque realmente lo que encontramos en materia de salud fue algo totalmente desfigurado. Hemos venido limpiando los escombros", dijo Santos en una tácita referencia al modelo que heredó del expresidente Álvaro Uribe.

El mandatario destacó que el modelo de salud que se busca "va a ser mucho más eficiente", "va a dar mucho más acceso" y será "mucho más solidario".

Los más favorecidos

A la luz de los cambios propuestos, las EPS, bajo su actual estructura,dejarían de existir; el Estado recuperaría el manejo absoluto de los dineros del sector, por medio de un fondo único (Salud Mía), y el POS (listado limitado de servicios, tecnologías y procedimientos) desaparecería y en su remplazo se crearía un plan de beneficios integral (Mi Plan) con exclusiones específicas.

Esto quiere decir que los afiliados al sistema podrían recibir lo que necesitan para recuperar su salud y que los médicos no tendrían que limitar sus diagnósticos y formulaciones a un listado restringido, y las recurrentes recetas de ibuprofeno, acetaminofén y cetirizina dejarían de ser la constante.

Según la propuesta del Gobierno, el plan de beneficios proveerá los elementos suficientes para que las personas puedan curarse de una enfermedad, incluso, recibir programas de prevención, como vacunas, o de rehabilitación cuando enfrenten alguna discapacidad.

Los médicos serían precisamente los que, mediante autorregulación, garantizarían que los pacientes reciban lo justo y necesario, para evitarle desbordes y gastos innecesarios al sistema.

"Con la Ley 100 -aclaró Fernando Sánchez, presidente de la Academia Nacional de Medicina-, la autonomía médica quedó condicionada al contenido de un listado (POS), limitado por condiciones económicas; si bien podíamos opinar, no podíamos decidir plenamente frente a un paciente. La reforma cambiaría radicalmente eso."

Otra novedad tiene que ver con la creación de redes integradas de servicios de salud, regionalizadas, que garantizarían la atención integral (no segmentada) de las personas.

En otras palabras, los afiliados accederían a tratamientos en instituciones hospitalarias y centros de asistencia que se complementen. La idea es evitar que se interrumpan los tratamientos, como hoy ocurre, por falta de capacidad de las instituciones o porque los pacientes tienen que viajar a otras ciudades para recibirlos.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, aseguró que se dividirá el país en 10 o 12 regiones o áreas de gestión sanitaria; el propósito es que en ellas confluyan gestores de salud (con un número mínimo de afiliados) y redes integradas, que garanticen los servicios a la población de acuerdo con sus necesidades en salud.

El ministro recalcó que, por primera vez, el sistema de salud evaluará a sus actores más determinantes por los resultados en salud que logren con la población asignada, "y eso va a cambiar radicalmente la situación del sector y, especialmente, de sus usuarios, que es para quienes estructuramos esta reforma".

Los servicios que quedarán por fuera

Según el proyecto, el Ministerio de Salud deberá desarrollar un "proceso de priorización técnico, participativo y transparente" para definir qué servicios y tecnologías no harán parte de Mi Plan. Por fuera quedarán servicios cosméticos y suntuarios (no relacionados con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional).

Se excluyen bienes o servicios sociales complementarios de la atención o rehabilitación, cuya finalidad principal no es el diagnóstico ni la curación; los que no estén catalogados como servicios

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