La desigualdad económica y social

La desigualdad económica y social y la tendencia a una creciente polarización son dos de los principales problemas del país. Además de la injusticia que conlleva, un país desigual tiene una frágil gobernabilidad, y en consecuencia un clima poco propicio incluso para el crecimiento económico. La desigualdad genera un círculo vicioso que entorpece el desarrollo. En la construcción de un país más equitativo, socialmente más justo, en el que un número creciente de personas pueda vivir dignamente de su trabajo y contribuya a su desarrollo personal y familiar, la educación tiene un papel sobresaliente. Sin embargo, la educación ha distribuido desigualmente sus beneficios; factores como el lugar de nacimiento y residencia, el origen étnico y el nivel socio-económico de las personas condicionan su trayectoria educativa y su aprendizaje. La tendencia inercial de los sistemas educativos es hacia el reforzamiento de las desigualdades sociales y económicas; la educación reproduce las diferencias sociales. Pero también tiene la capacidad de revertirlas, y debemos asegurar que lo haga.

México ha avanzado de forma importante en la extensión de los beneficios del sistema educativo nacional, en todos los niveles; ha mejorado también la distribución del servicio; se han desarrollado programas compensatorios que ofrecen recursos para la educación de los sectores más desprotegidos; las becas se extienden a los estudiantes de educación media superior y superior.

La educación preescolar, que es más importante para los alumnos de 38 hogares alejados de la cultura de la escuela, les llega precisamente de manera tardía, después de que las regiones urbanas y desarrolladas han sido cubiertas, y con recursos tanto humanos como materiales inferiores a los destinados a las zonas que primero se vieron beneficiadas.

En primaria, si bien hemos se ha alcanzado una cobertura casi universal, todavía existen alrededor de niños y niñas entre los 6 y los 14 años que se encuentran fuera de la escuela. Se trata mayoritariamente de indígenas, de habitantes de zonas rurales dispersas, y de hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes. El 9.5 por ciento de la matrícula de primaria es atendido en escuelas multigrado debido a la enorme dispersión de la población rural. En la gran mayoría de estas escuelas multigrado existe una tendencia a que se reduzca el tiempo que el maestro atiende a los diversos grupos, en lugar de que se aproveche el valor pedagógico de la diversidad de edades, de experiencias, de talentos e inteligencias que estas escuelas presentan.

Muchos de los niños y niñas que están fuera de la escuela son desertores. En el caso de la gran mayoría de alumnos de esta edad que sí se encuentran en la escuela, los resultados del aprendizaje son muy desiguales. Las causas de este fenómeno son complejas: comienzan desde una desigual distribución de los recursos federales destinados a los diferentes estados de la República.

La desigualdad continúa en la secundaria. Los alumnos que se pierden en el tránsito de primaria a secundaria, pero sobre todo los que no terminan la secundaria, son los más pobres de los medios urbano y rural, y los que pertenecen a grupos indígenas. Estos desertores no tienen más alternativa que el trabajo informal y, en el caso de las zonas urbanas, la calle. Los alumnos de secundaria procedentes de familias en pobreza que permanecen en la escuela aprenden muy poco en general, en especial si asisten a una telesecundaria, modalidad mediante la cual se atienden las zonas rurales e indígenas. Si consiguen llegar al nivel medio superior lo hacen en desventaja.

La acumulación de los efectos de oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de la educación básica tan desiguales, ha producido las importantes cifras del rezago educativo de la población adulta. Millones de nuestros compatriotas no han podido acceder al alfabeto, y otros no han terminado la primaria o la secundaria. Si bien la educación media superior es el tipo educativo que por factores tanto demográficos como derivados de la dinámica del propio sistema escolarizado tendrá mayores presiones para crecer en los próximos años, su oferta no se expande en la medida y la forma necesarias; en zonas rurales e indígenas se favorecen modalidades de menor costo, lo que se traduce en la baja calidad de estos bachilleratos. Los alumnos pobres, a diferencia de los que provienen de familias de mejor situación económica, tienen menores probabilidades de concluir con éxito y a tiempo sus estudios.

En educación superior están representados fundamentalmente hijos de familias de los tres deciles superiores de ingreso. Los alumnos de prestigiadas universidades cursan una educación superior gratuita, mientras que los de los institutos tecnológicos y las nuevas instituciones ubicadas, algunas de ellas, en comunidades marginadas y rurales, deben cubrir una parte del costo de sus estudios. La baja eficiencia terminal de este nivel educativo también afecta de manera especial a los alumnos más pobres.

El sistema educativo mexicano tiene que buscar intencionalmente la equidad, lo que sólo podrá lograrse si se definen políticas para ello, si se articulan entre sí y se evalúan de manera consistente. Como línea general de política necesitamos asumir el reto de ofrecer insumos de calidad en todos los planteles, de asegurar la distribución de la calidad de los procesos, para poder esperar, entonces sí, mayor equidad en los resultados. Lo anterior no se logra con normativas rígidas ni procesos uniformes. Ante la creciente heterogeneidad del alumnado por atender, se requiere de claridad en los propósitos comunes; mayores niveles de autonomía en los planteles; adecuada capacitación de los docentes para definir objetivos propios y procesos mediante los cuales puedan alcanzarlos. Se necesitan, asimismo, mecanismos efectivos de apoyo a los planteles y de procesos adecuados, retro alimentadores y no punitivos, de evaluación y rendición de cuentas.

Desde la perspectiva de este tema, destacan en la atención del Consejo dos grupos de políticas, el primero se refiere a la formación cívica y ética. Estas políticas tienen que ver con lo fundamental de la misión de toda educación: el aprender a ser, el desarrollo en los educandos de sus valores y de sus responsabilidades éticas, o sea el núcleo íntimo de la persona en el que radica su dignidad suprema como ser humano. El otro grupo es el que tiene que ver con la multiculturalidad del país, y con el tipo de educación que se requiere para propiciar la cohesión social en ese contexto.

Comenzando con el segundo, la integración de la sociedad mexicana adquiere una especial complejidad por su carácter multicultural. Si bien esta realidad ha estado presente a lo largo de nuestra historia, apenas desde 1992 la Constitución lo reconoce.

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