La importancia de la administración pública en relación con la educación superior

La importancia de la administración pública en relación con la educación superior

Introducción

La sociedad actual demanda de la Administración Pública una educación superior de calidad, con una formación integral e incluyente para los seres humanos. En la Constitución, en su art. 227, establece a la administración pública como un servicio a la colectividad regida por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Con el objetivo de contribuir a dar una visión ordenada de los elementos de la administración pública que surgieron a raíz de las acciones realizadas por parte del estado ecuatoriano en estos últimos diez años en el sistema de la educación superior y como estos han permitido avanzar hacia la garantía de derechos para una sociedad con mejores capacidades; se realiza el presente ensayo que identifica y analiza las principales dimensiones de la administración pública en relación con la educación superior.

1. La planificación del desarrollo.

La planificación del desarrollo nacional es competencia del ejecutivo. La constitución del Ecuador, en su artículo 280, manifiesta que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos.

Para efectos de este ensayo se destacarán el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Objetivos del Régimen de Desarrollo. Para el primer caso hay una relación directa entre lo previsto en el PND y la planificación de las instituciones de educación superior, en especial universidades y escuelas politécnicas.

Un elemento clave de la planificación universitaria hace relación al contexto y otra a lo prospectivo. El PND es parte fundamental del contexto y de lo prospectivo, tanto que la metodología de Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) establece que debe existir una relación entre los objetivos estratégicos de cada universidad pública con los objetivos del PND.

En lo referente al contexto, las universidades al formular el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) deben considerar los criterios de SENPLADES, y enfocarse en la relación directa con la zona de planificación de donde residen, con la finalidad de identificar las principales problemáticas de su entorno como reducción de brechas, matriz productiva y sustentabilidad patrimonial, entre otras.

En cuanto a lo prospectivo, las universidades deben considerar las grandes estrategias nacionales, por ejemplo, la Estrategia Endógena Sostenible que trazó una ruta al 2030, que consistía en la aplicación de políticas públicas por parte del Estado cambiando los esquemas de acumulación, distribución y redistribución del ingreso en su economía por un nuevo enfoque integral de políticas económicas, sociales, ambientales que garanticen el bienestar humano.

A partir de 2015, nace otro elemento clave en lo prospectivo: “Los diecisiete Objetivos del Desarrollo Sostenibles (ODS)” que aprobó Naciones Unidas, y a los que se adhirió Ecuador como país miembro y que muchas empresas los consideran como parte sustantiva de su posicionamiento productivo y como parte de la responsabilidad social y ambiental. Las universidades y escuelas politécnicas públicas expresan su compromiso a través de tres misiones: la formación, la investigación científica y la innovación.

1. El financiamiento de la educación pública hasta el tercer nivel

La Constitución establece en su art. 356 que la educación pública es gratuita hasta el tercer nivel. Para que las universidades y escuelas politécnicas públicas puedan ofertar de manera gratuita educación en el tercer nivel hay una condición imprescindible: el Gobierno Nacional debe proveer los fondos necesarios y suficientes para formar profesionales, hacer investigación, ejecutar programas de vinculación y gestionar el proceso institucional.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) también contiene varias disposiciones que contribuyen a que las universidades y escuelas politécnicas públicas obtengan recursos para el cumplimiento del “deber ser”, entre ellas están las relacionadas a exoneraciones, coactiva, otras fuentes de ingresos. En el artículo 24 establece estímulos para incrementar los ingresos y destaca indicadores para la docencia, investigación, vinculación y gestión cuya distribución se realiza de acuerdo a su cumplimiento.

Un asunto indirecto relativo al financiamiento consta en el Código Ingenios que prevé una asignación anual del 0.055 del Producto Interno Bruto (PIB) a favor del sistema de investigación.  La Constitución, la LOES y el Código Ingenios contienen un conjunto de normas que la administración pública debe cumplir de manera obligatoria para proveer de recursos necesarios y suficientes para que las universidades y escuelas politécnicas públicas cumplan con equidad, pertinencia, calidad y relevancia las funciones sustantivas.

1. Aseguramiento de la calidad universitaria

En las últimas décadas en América Latina surgió la preocupación por evaluar y asegurar la calidad de la educación superior. Ecuador entró con atrasos a este proceso que respondía a una necesidad de la sociedad, principal beneficiaria de la formación de profesionales y académicos, de la generación y transferencia de conocimientos y de los proyectos de vinculación con la colectividad.

Las universidades y escuelas politécnicas públicas mantenían preguntas recurrentes en relación al aseguramiento de la calidad como:

1. Se invierten con eficacia, eficiencia y probidad los recursos que reciben de la sociedad a través de los aportes fiscales;
2. La formación de profesionales y académicos en el tercer nivel es pertinente, se ofrece con calidad y genera impactos positivos a la sociedad;
3. La investigación que realizan es la que requiere la sociedad en su conjunto para alcanzar el desarrollo en sus diversas dimensiones;
4. Los programas y proyectos de vinculación son significativos y son los que requiere la comunidad, en especial los sectores más vulnerables;
5. Se administra con eficiencia, efectividad y probidad los recursos para la gestión institucional que recibe de la sociedad;
6. Es necesario que la sociedad conozca si cumplen los estándares de calidad.

Como respuesta a estas preguntas, la administración pública tiene la responsabilidad de establecer la normativa constitucional, legal y reglamentaria para las universidades y escuelas politécnicas públicas; proveer los recursos económicos necesarios y suficientes para que las universidades y escuelas politécnicas cumplan con la calidad; evaluar y acreditar las universidades y escuelas politécnicas públicas con procesos claros y de forma permanente.

La norma suprema además crea el organismo público encargado de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación; siendo un deber de las universidades y escuelas politécnicas el acreditarse, caso contrario saldrán del sistema de educación superior.

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