La intervención del Estado en el uso del suelo y subsuelo y su Impacto en las comunidades del departamento de La Guajira, Colombia

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PRESENTADO A: 

Enith Bula Beleño

PRESENTADO POR:

Valeria Yamile Jiménez Garces (200143670)

Jean Pierre Pacheco Torres (200147176) 

Jhin Jairo Celedon Gómez (200146114)

Jostin De Jesús Panza Caballero (200097176)

Barranquilla, 2021

La intervención del Estado en el uso del suelo y subsuelo y su

Impacto en las comunidades del departamento de La Guajira, Colombia

Introducción

La globalización ha traído consigo la necesidad de expandir las formas de producción estatal, buscando acompasar las formas de vida con el acelerado y cambiante proceso de internacionalización de la economía, la industria, los medios de producción y el comercio. Este fenómeno, también ha acrecentado las relaciones políticas y, ha permitido la aparición de la empresa trasnacional. Esto trajo consigo la generación de nuevas formas de producción, de industria, de consumo y de usos de tecnología, como consecuencia se generó la necesidad creciente de los Estados de transformar sus procesos internos a la par del mercado (Ramiro y Brasett 2002, 67-68)^[1]. Lo anterior ha tenido repercusiones en el uso de la tierra y los recursos naturales, en tanto las demandas del consumismo y la necesidad de participar de las dinámicas mundiales han aumentado el valor que se le da a la explotación de los recursos naturales.

De esta forma, el departamento de la Guajira toma relevancia progresiva a partir de los setenta, en razón de las grandes reservas mineras presentes en el suelo y subsuelo. No obstante, es menester reconocer la tensión existente entre estas actividades de extracción y el respeto por las formas de vida, la cultura y el medio ambiente del territorio intervenido. Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto generado por la intervención estatal en el uso del suelo y el subsuelo para con las comunidades del departamento de La Guajira. Para esto, es relevante plantear la siguiente pregunta: ¿De que manera se evidencia el impacto generado por la intervención del Estado en el uso del suelo y el subsuelo en las comunidades del departamento de La Guajira?.  Lo anterior se hará a través de una recolección bibliográfica de fuentes primarias disponibles a través de bases de datos y portales de investigación, en tanto estas nos permitirán comprender la extensión de la problemática social y cultural que se ha venido generando como consecuencia de la intervención estatal.

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La minería y su impacto ambiental

La relevancia que representa la existencia de recursos mineros en el departamento de la Guajira es una situación que no ha pasado por desapercibido en las últimas décadas. Debido a esto, las distintas administraciones han planteado, a través de planes de desarrollo y otros documentos de organización presupuestal, todas las acciones, metas y elementos necesarios para que Colombia sea reconocido como un país minero y así atraer la atención de inversionistas (Gonzales 2015, 145)^[2]. Lo anterior se deriva de la concepción del suelo y el subsuelo que se tiene en el país, en donde, por mandato constitucional, estos y los recursos naturales pertenecen al Estado, no obstante, la explotación puede ser realizada, aprovechada y posteriormente apropiadas por cualquier sujeto habilitado legalmente (Hernández 2019, 112)^[3], entonces la promoción y concesión de proyectos mineros son clave para el  desarrollo nacional así como para el cumplimiento de las metas de las distintas administraciones. Debe decirse que el impacto económico de esta actividad no es mínimo, pues dentro del sistema general de regalías, la región caribe tiene distribución para inversiones del 31.6% (regional) y del  27.1% (asignaciones directas), de acuerdo con el presupuesto nacional de regalías para los años 2020 - 2022^[4] además, las regalías provenientes del carbón para este departamento corresponden al 34.15% (Salgado, Morales y Medina 2020, 118).

En concordancia con esto, debe resaltarse el hecho de que, el ejercicio de la minería tiene implicaciones sociales que se entienden bajo el concepto responsabilidad social empresarial, tal como lo establece la norma ISO 2600 de 2010^[5] del 1 de septiembre, hace referencia a la necesidad de que las distintas organizaciones tomen conciencia al respecto del impacto que sus desiciones tienen en el territorio donde realizan sus actividades de extracción. En el mismo sentido se expresa la norma colombiana ICONTEC, donde define la RSE, como un compromiso de las organizaciones frente al desarrollo humano integral, derivadas de las expectativas concertadas con los interesados y que, además, permiten el “crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico”^[6]. Todo lo anterior, buscando impulsar la consecución del desarrollo sostenible, que se entiende como la posibilidad de explotar los recursos y generar provecho sin comprometer la seguridad de las generaciones futuras, e incluye, el deber de “prevenir y restaurar los ecosistemas deteriorados o afectados por las actividades humanas”^[7]. Entendiendo entonces que esta RSE implica un compromiso multidimensional, que permita la sostenibilidad de los territorios, las comunidades y el medio ambiente, de este modo el crecimiento económico es generador de beneficios que permiten el avance de las sociedades.

En el marco del ordenamiento jurídico colombiano, este concepto se deriva de la interpretación del artículo 333 de la constitución, donde se establece que “(…) La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. (…)”^[8], de este modo, se recalca que la responsabilidad empresarial debe tener en cuenta las consecuencias sociales y ecológicas de su actividad, de manera que puedan ejecutar acciones encaminadas a la mitigación de estas.  Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de este concepto, pues mas allá del ánimo de lucro, dichas empresas son actores primarios en la comunidad y que, por esto, “su actividad debe ser un instrumento de mejora social, de protección al medio ambiente y de respeto de los derechos fundamentales.”^[9] 

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