La relación entre el Estado y el movimiento obrero (1916 - 1955)

La relación entre el Estado y el movimiento obrero (1916 - 1955)

En 1916 el radicalismo se había convertido en un partido de masas, la ley Sáenz Peña de 1912 que estableció el voto secreto y obligatorio abrió un campo mayor para la participación de sectores marginados por el sistema político dominante. en las primeras elecciones después de sancionada esta ley, el principal partido de la oposición, la U.C.R., obtenía la primera magistratura en manos de Hipólito Yrigoyen. en la primera presidencia, su objetivo más importante fue el manejo de la clase obrera con el fin de ganar sus votos y minar la posición del Partido Socialista. Esta estrategia tuvo ciertos resultados en las huelgas marítimas de 1916 y 1917, pero no tuvo éxito en las huelgas ferroviarias de 1917 y 1918. Este vínculo de Yrigoyen con los sindicatos y las huelgas son el ejemplo de la creciente importancia política de la clase obrera a comienzos del siglo XX. La relación entre el Estado y el movimiento obrero comenzaba a ser un tema priorizado por los gobernantes de turno.

En 1915 la FORA, (Federación Obrera Regional Argentina), proclamó la neutralidad ideológica y admitió la pluralidad de tendencias en su interior, entre ellas se destacaban el sindicalismo revolucionario y los socialistas. La debilidad y fortaleza de los movimientos obreros se relacionaba con la situación económica del momento. Suele considerarse que esta período de la historia de la clase obrera fue homogéneo y que en él privó el movimiento “anarcosindicalista”. Sin embargo, había entre el anarquismo y el “sindicalismo” gran diferencia.

Hugo del Campo establece un paralelismo entre las corrientes ideológicas del movimiento obrero y la caracterización del Estado durante ese período. Al período entre 1916 y 1930, le otorga un carácter populista-liberal; en esta etapa, la actitud del Estado frente al movimiento obrero cambió considerablemente. El radicalismo debió diferenciarse con el régimen oligárquico haciendo gala de una mayor sensibilidad social. Yrigoyen concebía al Estado como árbitro de los problemas sociales, con una inclinación humanitaria y paternalista hacia los sectores menos favorecidos. El triunfo de la Revolución Rusa y el estallido de movimientos similares en países europeos, hacían pensar a vastos sectores de la clase obrera que la hora de la revolución mundial había llegado.

Al cabo de la primera guerra mundial el nivel de desocupación se elevó, disminuyendo la fuerza del movimiento obrero, pero luego la recuperación económica favoreció el estallido de las demandas acumuladas y la proliferación de movimientos huelguísticos, a través de los cuales el movimiento sindical creció y se reforzó considerablemente. Ésto se puede visualizar por los acontecimientos dados en la “Semana Trágica” y en la huelga patagónica. Estos movimientos se caracterizaban por su grado de violencia y por la respuesta represiva del gobierno o de otros grupos. Tal es el caso de la actuación de la “Liga Patriótica” en los acontecimientos de la “Semana Trágica”. Ésto ejemplifica los distintos niveles de coherencia ideológica entre los obreros y los grupos que constituyeron la Liga Patriótica.

Las posiciones de las corrientes que influían en el movimiento obrero eran muy divergentes. Para los anarquistas, el gobierno de Yrigoyen no se diferenciaba en nada de sus predecesores; la posición sindicalista, en cambio, era mucho más matizada

Éstos mantenían buenas relaciones con el gobierno dada la buena voluntad que éste había tenido con respecto a conflictos anteriores. Para los socialistas el Yrigoyenismo no era más que una variante del demagógica de la “política criolla”.

El período de Alvear se caracterizó por la prosperidad económica, la estabilidad política y la paz social. Esta situación permitió hacer olvidar los aspectos regresivos del gobierno anterior, se aumentó el salario real y se dictaron una cantidad importante de leyes sociales.

El promedio anual de huelgas se redujo y las movilizaciones de protesta se desarrollaron sin violencia.

La ideología original del movimiento obrero comenzaba a modificarse en aras del realismo. Si la revolución social no estaba tan cerca como habían creído, era necesario concentrarse en el conjunto de objetivos inmediatos.

Los sindicalistas se adaptaron rápidamente a las nuevas condiciones que creaba la transformación del contenido del Estado y de su comportamiento.

En la segunda presidencia de Yrigoyen, basándose en su legendaria actuación a favor de los ferroviarios y marítimos, en las leyes sociales dictadas desde 1916 y en el efectivo mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, buscó el apoyo de los sectores obreros con una intensidad desconocida. Esta situación no se dio con el sector agrario; el radicalismo nunca prestó su apoyo a la reforma ni al desarrollo agrario para poblar el interior, ampliar el mercado nacional de productos industriales e integrar a la población rural a la vida nacional, cultural y política. Este período caracterizado por tres gobiernos radicales, finalizó cuando un golpe militar derrocó a Yrigoyen el 6 de setiembre de 1930. La deposición y la muerte del caudillo pondría fin a esa incipiente relación entre un gobernante y los trabajadores, pero no al modelo que había introducido. Ninguno de los gobernantes que sucedieron a Yrigoyen hasta 1943 retomó este modelo.

Se pueden señalar dos situaciones por las cuales ningún gobierno, a partir de la década del 30, tomó el modelo iniciado por Yrigoyen. Primero, porque la clase obrera, lejos de mejorar, tendió a estancarse en bajos niveles, y las leyes sociales que se dictaron debieron ser duramente arrancadas y defendidas por los trabajadores. Segundo, porque el “fraude patriótico” reemplazó con éxito la “demagogia” como forma de obtener votos.

Con la bendición de la derecha, las fuerzas armadas llevaron adelante la tarea de derrocar al gobierno de Yrigoyen. Esta campaña de la derecha contra el mandatario tuvo un fuerte impacto sobre oficiales en actividad o retirados. Entre estos últimos se encontraban el general José F. Uriburu y el general Agustín P. Justo.

Luego del golpe, todos coincidieron en que Uriburu fuese el presidente provisional a ser reemplazado sólo cuando nuevas elecciones tuviesen lugar ya fuese bajo la vieja Constitución como con un nuevo sistema de gobierno.

Esta nueva situación no significa que fueran indiferentes frente a los problemas sociales. Según Juan Carlos Torres, la intervención del Estado en los conflictos laborales no dejaron de crecer durante toda la década. Ésto se debió a la importancia que habían alcanzado las organizaciones gremiales y a la creciente moderación de sus dirigentes.

Este compromiso del Estado con los

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