Legislacion

El presente trabajo tiene como finalidad explicar el proceso que conlleva la incorporación de las normas internacionales al sistema jurídico ecuatoriano.

El Ecuador como país Soberano posee independencia para decidir y manejar sus relaciones con los demás Estados y tiene el derecho de Suscribir y Ratificar Tratados con los miembros de la Comunidad Internacional comprometiéndose a cumplir con lo establecido en dichos Tratados.

Dentro del Derecho Interno del Ecuador y las Normas Internacionales que hayan sido ratificadas por el país, debe existir concordancia para que de esta manera no existan contraposiciones entre las mismas.

En la Constitución Ecuatoriana del 2008, se explica que hay diferencia entre el proceso de Incorporación de los Tratados de Derechos Humanos y el proceso de Incorporación de otros Tratados establecidos en el Art. 419 C. P.

La Constitución del Ecuador designa quien tiene competencia para celebrar los tratados, puntualiza además los requisitos que deben cumplirse para la incorporación del Tratado y establece la jerarquía que tienen las Normas Internacionales dentro del sistema jurídico ecuatoriano.

el conjunto de modelos de convenio para atenuar o eliminar la

doble imposición y los convenios vigentes, directa e indirectamente han ocasionado

que los diversos países que los asumen se vean en la necesidad de realizar cambios

en sus legislaciones tributarias nacionales, cuestión que progresivamente ha llevado al

uso en los ordenamientos domésticos de muchos términos en principio casi exclusivos

de la fiscalidad internacional.

Por ejemplo, en el sistema jurídico ecuatoriano existen no menos de cuarenta

cuerpos normativos (entre acuerdos internacionales en diferentes materias, leyes,

reglamentos, ordenanzas, etc.) que contienen referencias a términos concretos del

“argot” tributario exterior.

Cuando constatamos cada día más la internacionalización de la economía y de las

actividades estatales, y que este proceso cuenta como uno de sus principales actores

a las grandes empresas cuyas bases de operaciones se asientan en los territorios de

países desarrollados, y al mismo tiempo vemos que para atraer capitales a nuestros

países es necesario brindar un clima de seguridad jurídica y ciertas ventajas a los

inversionistas, palpamos la necesidad de desarrollar campañas agresivas de

negociación y suscripción de acuerdos de no doble imposición, pero incluyendo en sus

cláusulas determinaciones que aboguen por un justo reparto de las rentas a nivel

internacional, otorgando prevalencia al criterio de la imposición en la fuente, al menos

para los supuestos que refieren una conexión objetiva evidente entre la actividad

económica y el territorio, por ejemplo,

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