Libertad Jurídica en el Ecuador.

EL PODER PUNITIVO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL

Introducción:  

La dogmática penal identifica a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito que solo puede ser realizado por acción o por omisión contrarias a las tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, derivándose la responsabilidad de las personas jurídicas ya sean nacionales o extranjeras; es decir son penalmente responsables por los delitos cometidos para beneficio propio de terceros^[1].

El artículo 25 del Código Integral Penal hace mención sobre la tipicidad como tipos penales que describen ciertas conductas; entonces diríamos que:

“La tipicidad consiste en el encuadramiento o ubicación del ilícito dentro de lo que la ley denomina una infracción penal, es decir el adecuamiento de la conducta a la norma prevista por el legislador. Es la identificación del acto que, para constituirse en infracción, debe proporcionarse en todos sus caracteres y naturaleza al acto prohibido y sancionado en la ley penal. (Erazo, 2015, pág. 16)

Del comportamiento humano puede derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal, entonces será objeto de la aplicación de una pena, así como las cosas extremas en los que, no obstante, de existir una lesión puesta en peligro de un bien jurídico el comportamiento humano resulte justificado, reprochable, o bien, no punible.

En pleno apogeo no solo de la ciudad si no el país en general, la inseguridad ciudadana y la delincuencia cada día van en aumento, a diario, en las calles de nuestras ciudades, a plena luz del día, y con mayor peligro en las noches, asaltan, asesinan, chantajean al ciudadano trabajador. Una contumaz delincuencia que va desde los arranchadores hasta los roba carros, sicarios; asaltos a domicilios, secuestradores de niños, asaltantes de buses urbanos y transporte público, adueñándose de la vida del común ciudadano, acciones delictivas que se convierten en un clamor permanente y sufrimiento para los familiares de las víctimas, y la sociedad en general.

Frente a esta problemática existente he planteado la necesidad de fortalecer conocimientos encaminados al buen uso de las leyes penales en nuestro país, para que los sujetos que cometan estas clases de delitos sean castigados con todo el rigor de la ley.    

Desarrollo:

La tipicidad y la antijuridicidad son dos factores de vital importancia dentro del marco jurídico y conforman las características principales para considerar a una conducta específica o conjunto de conductas como un delito sujeto a penalización; pero, aunque éstos dos conceptos tienen una relación directa, no siempre una conducta típica puede ser considerada como antijurídica, y esto en algunos caso es correcto y justo ya que una conducta considerada como delito puede estar sujeta a términos realmente justificables como la llamada “defensa propia”; pero lamentablemente se ha evidenciado en nuestro país que, en un gran porcentaje de casos considerados como delitos o conductas típicas antijurídicas, se ha buscado cambiar la perspectiva de la ley o incluso tapar, ocultar y hasta eliminar las evidencias de un acto inmoral con el fin de que el agresor o culpable no reciba el castigo o la pena que ha de merecer según la ley estipulada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esto sin duda ha generado un ambiente de inmoralidad social y corrupción por parte aquellos profesionales que, a cambio de una remuneración extra, han aceptado defender a toda costa a personas que lamentablemente no deberían ni siquiera acceder a este derecho otorgado por la ley.

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