Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional ¿Descentralización: una mejora en la calidad de la educación chilena?:

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¿Descentralización: una mejora en la calidad de la educación chilena?:

Un análisis desde el financiamiento de la Educación Chilena.

Profesor: Adolfo Quinteros

Módulo: Gestión Pedagógica y Curricular

Alumna: Natalia Carreño Castro

Rancagua, Jueves 01 de Octubre

Pareciera que hoy por hoy, conceptos como educación y financiamiento son elementos simbióticos. Y es que en una construcción de sociedad como la nuestra, no puede pensarse la calidad de la educación sin otorgarle una connotación mercantil. Es en esta ecuación, que cabe la pena cuestionarse, si el proceso de descentralización que ha vivido nuestro país, ha influido en el deterioro o mejora en la calidad de la educación chilena.

En este sentido, los movimientos sociales que últimamente se han presentado, y han cuestionado nuestro sistema educativo, lo han hecho desde la vereda de cómo se han gestionado los recursos económicos, que ha inyectado el Estado, y es que, de repente da la impresión de que la calidad de la educación no pasa necesariamente, por la cantidad de patrimonios incorporados, sino más bien por cómo se distribuyen los mismos.

Conocido es que, hace más de 30 años la gran mayoría de los países latinoamericanos, optaron por un modelo de administración estatal centralizado, en el que para el caso de la educación chilena, las políticas públicas estaban concentradas, a través de un Ministerio de Educación, con un alto poder de decisión, teniendo bajo su control desde el currículum, las escuelas, los docentes, hasta los perfeccionamientos. Es así como durante la década del 70’ el Estado educaba al “80% los niños y jóvenes que asistían a los cursos regulares de educación básica y media impartida en el país”^[1]. No obstante, lo beneficio que pretendía ser, este sistema comenzó un largo proceso de sobre burocratización, que lo hacía poco flexible, que entorpecía la entrega de los servicios, y que finalmente no era acorde a las necesidades que se iban gestando en la realidad nacional. De la misma forma  “esta centralización administrativa se ve acompañada por una centralización regional, produciéndose una distribución de los recursos educacionales, humanos y materiales, que no sólo privilegiaba excesivamente la capital del país, sino que, a la vez, muchas veces asignaba los recursos educacionales de acuerdo a requerimientos políticos que no siempre correspondían con las necesidades sociales por educación más apremiantes”^[2].

A partir de entonces, y como parte de un proceso ideológico – político, es que comienza a desarrollarse un plan de restructuración de la educación chilena, a cargo del gobierno militar, que sostiene que: “uno de los sectores más  ineficientes del sector público es el área de la educación donde,  aparte del extremo burocrático, no existen mecanismos para que el  usuario del servicio (padres y alumnos) puedan controlar la calidad  y el tipo de educación que se está implantando”^[3]. 

Este proceso de modificación estructural en el sistema educativo, responde,  a tres principios ordenadores: elementos de mercado (competencia, elección); subsidiaridad estatal (focalización, privatización) y descentralización territorial.^[4] De esta forma, la descentralización instaurada en Chile, se realiza en conjunto con la incorporación del sector privado, como oferente en la educación subvencionada por el Estado. Así también cambia en mecanismo de la entrega de los recursos, que anteriormente iba dirigido hacia las escuelas, a partir de la reforma, establecía una subvención per cápita, o por alumno, (voucher) para financiar las escuelas del sector municipal y privado subvencionado. Todo ello debería, producir una mayor eficiencia y calidad del servicio educativo, dado que las instituciones educativas, deberían competir entre ellas, para lograr captar alumnos, y en alguna medida mejorar el servicio educativo que prestaban.

Así planteado el escenario, El Ministerio de Educación Pública, se convierte en Ministerio de Educación^[5], quedando relegado a ser más un agente normativo, y cuasi supervisor, y las Municipalidades, junto a sus respectivos departamentos, comienzan a ser quienes, dependiendo de los recursos entregados, organizan la educación. Y es que aquí, es donde subyace, lo macabro de la instauración de este sistema: la educación establecida como un derecho por nuestra Constitución, pasa a ser, un bien de consumo, en el que, quienes obtienen recursos, en su gran mayoría acceden a una mejor calidad en educación.

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