Marbury v Madison análisis y consignas resueltas

Fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos: MARBURY v. MADISON

1. Distinga con claridad los hechos. Precise su contexto.
2. Identifique la pretensión del accionante.
3. Según la Corte, tiene derecho al nombramiento que reclama Marbury?
4. ¿Es la Corte quién debe resolver sobre la cuestión? Argumente
5. ¿Cuál es la decisión a la que arriba el Tribunal? ¿Qué conceptos o doctrina define?

1. William Marbury junto a otros demandantes, habían sido designados  jueces de paz del distrito de Columbia por el presidente John Adams previo a finalizar su mandato, pero dichos nombramientos no les fueron entregados.

James Madison, nuevo secretario de Estado, del presidente Jefferson, estaba al tanto de la petición de la entrega de los nombramientos, cuyas designaciones habían sido ya consentidas por el Senado, firmadas por el presidente y contaban con el sello de EE. UU. Puesto por el secretario de Estado John Marshall.

1. El accionista pretende conocer las causas por las que le es negado el correspondiente nombramiento.

1. Marbury tiene derecho al nombramiento que le fue designado. Según la Corte, un nombramiento que ha sido firmado por el presidente y además tiene el sello de los EE.UU., debe considerarse hecho y a su vez ser irrevocable por conferir al funcionario designado derechos legítimos protegidos por las leyes de su país. La negativa a la entrega del nombramiento constituye una violación al derecho.

1. A la Corte no le corresponde responder sobre esta cuestión. “La competencia de la Corte consiste, únicamente, en decidir acerca de los derechos de los individuos y no en controlar el cumplimiento de los poderes discrecionales del presidente o sus ministros. Los asuntos que, por su naturaleza política o por disposición constitucional o legal, están reservados a la decisión del Ejecutivo, no pueden estar sometidos a la opinión de la Corte.”

En todos los casos que conciernen a embajadores, cónsules extranjeros y ministros, la Corte Suprema ejerce jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema  ejercerá jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso.

Emitir un mandamiento respecto a un funcionario para que entregue un documento, es lo mismo que intentar una acción originaria para dicha obtención, y por ello no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino originaria.

Por ello, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley de organización judicial de los EE.UU. para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada por la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida puede ser ejercida.

...