Materia: Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible

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Universidad del Valle de México

Materia: Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible

Actividad 9: Análisis de caso

Azul Andrea Sierra Valle

Docente: Jesús Gastelum Lage

Entrega: Aguascalientes 23 de noviembre de 2019

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Jacinta Francisco Marcial

Descripción clara y precisa de la situación

Los hechos. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; los AFIS, sin embargo, se negaron. La tensión aumentó y varios de los comerciantes afectados comenzaron a protestar.

Conforme la tensión crecía, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, el licenciado Gerardo Cruz Bedolla, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leyva, llegaron a la plaza principal del pueblo para dialogar con la gente afectada. Los funcionarios aseguraron que los agentes habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados; ofrecieron que regresarían la mercancía despojada. No obstante, lo que ofrecieron a los tianguistas fue mercancía diferente, decomisada con antelación, por lo que los comerciantes se negaron a recibirla y aumentaron su protesta. Para entonces, había ya un grupo numeroso de personas inconformes.

Al constatar la inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del MPF ofrecieron el pago de los daños en efectivo. Pero para esto, debían trasladarse a conseguir la cantidad. Como “garantía” de que sí regresarían, ordenaron al agente de la AFI Jorge E. Cervantes Peñuelas que se quedara en el pueblo. Según testimonios, el agente que se quedó en el pueblo estuvo todo el tiempo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. Es importante destacar que fueron las propias autoridades de la PGR quienes ofrecieron el pago de los daños causados y quienes propusieron que el elemento de la AFI permaneciera en Santiago Mexquititlán, mientras obtenían el dinero que se habían comprometido a pagar.

Tres horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo acompañados de policías pertenecientes a otras corporaciones. Con ellos llegó un periodista del diario Noticias de Querétaro. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos de la AFI, dialogaron con el jefe regional y el agente del Ministerio Público de la Federación para acordar la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados. Al ver la concentración inusual de personas junto a la plaza principal, algunas personas se acercaron a ver lo que ocurría; entre ellas se encontraba doña Jacinta Francisco Marcial, quien atendía un puesto de aguas frescas en el tianguis. Aunque en todo momento la mujer ñhä-ñhú se mantuvo ajena a los hechos y distante de quienes dialogaron con las autoridades, justo en el momento en que ella se asomaba el reportero del periódico Noticias tomó una fotografía para ilustrar su nota sobre los hechos.

Tras entregar el dinero los elementos de la PGR dejaron la comunidad. Eran como las siete de la tarde; con ellos se retiró también el agente Jorge E. Cervantes Peñuelas, quien se había reintegrado al grupo aproximadamente desde una hora antes. No hubo otros incidentes. Ninguna persona fue detenida.

Más de cuatro meses después, el 3 de agosto de 2006, un grupo de personas vestidas de civil llegó a buscar a la señora Jacinta en su casa. Le dijeron que debían llevarla a la ciudad de Querétaro para que declarara sobre un asunto relacionado con la poda de un árbol. Confiando en su inocencia, ella acompañó voluntariamente a quienes la buscaban. La trasladaron al Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Querétaro en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar, fue presentada ante los medios de comunicación: entonces supo que la acusaban a ella y a otras dos mujeres de haber “secuestrado” a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo de ese año.

Identificación de los hechos

Jacinta Francisco Marcial, indígena hñähñú (otomí) del Estado de Querétaro, (junto con dos indígenas más: Alberta Alcántara y Teresa González) fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006 y acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones que –seis meses antes- realizaron un operativo para decomisar mercancía apócrifa en al mercado central de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Tras un proceso en el que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, Jacinta fue sentenciada injustamente a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos. Fue esta sentencia de cárcel, fue injusta y mancho su nombre y fue tachada por secuestradora, una mujer con mínimo conocimiento de lengua del español no podía jamás haber cometido el crimen por el cual se le declaraba.

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