Nueva Propuesta: Oportunidad laboral

Las propuestas Los riesgos asociados, de no generar oportunidades laborales suficientes para los jóvenes, es por demás conocidos por la presente administración Federal. De ahí su interés en políticas pú- blicas encaminadas a mitigar este rezago social. Un esfuerzo lo encontramos en el Programa de Primer Empleo (PPE), que inició el 1 de marzo de 2007 con el objetivo de fomentar la creación de empleos formales y permanentes de quienes se vayan incorporando por primera vez al mercado laboral. Por medio de este programa, el empleador puede obtener un subsidio de hasta el 100% de las cuotas obrero-patronales atribuibles a cada trabajador incorporado por vez primera en el IMSS. A pesar del beneficio, los empleadores no echaron mano de él: el presupuesto asignado superó los tres mil millones de pesos (mmdp) y, hacia marzo de 2010, el programa tenía un saldo disponible superiora los mil millones, por lo que fue cancelado. El PPE no resultó atractivo para los empleadores, debido principalmente a que el trabajo formal no sólo implica el pago de las cuotas al Seguro Social, sino también prestaciones como aguinaldo, bonos, vacaciones, etc., sobre los cuales no se contempla deducción o subsidio alguno. Además, para poder gozar del estímulo, los empleadores debían estar al día con sus pagos al IMSS y a la Secretaría de Hacienda. Según información del Instituto, más de 40% de las compañías evaden el pago de las cuotas obrero-patronales o no están al corriente. De manera que embarcarse en el programa significaba, para muchos empleadores, incurrir en costos significativos. Más importante aún es que el programa tampoco atendió un valor medular en la toma de decisiones del empleador: la contratación se liga estrechamente con la productividad laboral que el empleado pueda brindarle y al ambiente de negocios que se respire. El relativo abaratamiento de la mano de obra pretendido por el PPE, al no considerar el beneficio per se de la contratación, se tradujo en un incentivo poco efectivo. Otro ejemplo de política pública que intenta brindar oportunidades laborales a los jóvenes se concretó recientemente con la Ley de Fomento al Primer Empleo (LFPE), de manufactura priísta. Vigente a partir del 2011, la Ley plantea deducir a las empresas un porcentaje del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) atribuible a trabajadores no registrados previamente en el IMSS. La vigencia del incentivo tiene un máximo de tres años por cada puesto de trabajo creado, siempre y cuando éste sea mantenido por lo menos año y medio. Con un presupuesto superior a los mil mdp, el estímulo aún no arroja resultados que permitan medir su éxito o fracaso. Sin embargo, es evidente que la LFPE comparte dolencias con el PPE: se concentra en el costo fiscal de la contratación laboral, y no en la productividad que haga útil y oportuna la decisión de emplear a más jóvenes.

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