Ordenamiento territorial en Colombia

Ordenamiento territorial en Colombia:

La ciudadanía es la figura legal que le ha permitido a los Estados comprender y tramitar los conflictos (Cullen, 2007) en un doble sentido, por un lado, en vez de entenderse con un universo de individuos aislados con múltiples requerimientos y demandas, de alguna manera inventa unos mediadores a los que les da el nivel de ciudadanos y les asigna ciertos roles y funciones. Por otro lado, el Estado, que en teoría mantiene la centralización de la fuerza y de la ley determina las reglas de juego para dirimir los conflictos que se presentan entre sus gobernados (Weber, 2003), adicionalmente organiza el marco normativo para regular la convivencia, de manera que sean posibles unos mínimos de interacción social.

La ciudadanía en algunos momentos ha sido pensada para las ciudades, sus sentidos, prácticas, y horizontes, poco ha sido reflexionada para otros contextos (Borja & Castells, 1991). El presente trabajo busca ser un aporte en el sentido de presentar los principales hallazgos de un estudio con jóvenes campesinos sobre la forma como conciben su condición política de ciudadanos, sus límites y posibilidades. Se trabajó con un grupo de 10 jóvenes de una vereda de la zona rural de Bogotá, estudiantes de grado séptimo a décimo de una institución pública, 6 hombres y 4 mujeres de 16 a 21 años de edad.

A partir de la Constitución de 1991, en donde sientan las bases y se dan pautas para que se desarrolle el proceso de ordenamiento territorial municipal, se puede decir que Colombia entró en la tónica de la modernización del estado. Pero la historia del Ordenamiento territorial en los albores del siglo 21, no ha sido nada fácil. La ausencia de la Ley Orgánica de ordenamiento territorial(LOOT), marco rector y orientador del proceso, ha sido un elemento disturbador que no ha permitido mayor claridad en tan importante evento de la vida nacional. A pesar de no contar con tal herramienta básica, se contó con una herramienta elemental como fue la Ley 388 de 1997, mal llamada de Ordenamiento Territorial, puesto que su verdadera denominación es Ley de Desarrollo territorial. Con esta norma se suscitó en el país un afán por ejecutar cada uno de los requerimientos de ésta, cuyo producto final era construir el Plan de ordenamiento territorial para cada una de las unidades básicas de ordenamiento: el municipio colombiano.

Pero paradójicamente, considerando que el ordenamiento territorial se constituía como una política de Estado, no había unidad de criterio en cuanto a la definición del proceso ordenador y además de la ausencia de la LOOT , se evidenció la falta de otro elemento fundamental que ha debido ser una buena base para la integración de los ordenamientos municipales: el ordenamiento territorial departamental. La definición de los anteriores parámetros o determinantes de ordenamiento, son igualmente oportunos dado el momento en el cual se encuentran los distintos ejercicios de ordenamiento territorial municipales. La Constitución Política de 1991 reconoce como entidades territoriales a los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. Asimismo, con el fin de mejorar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado, asegurar la participación ciudadana y promover la integración territorial, establece la posibilidad de creación de regiones y provincias como figuras administrativas y de planificación y como entidades territoriales.

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