PARTICIPACION POLITICA ANTECEDENTES

PARTICIPACION POLITICA

ANTECEDENTES

Para un líder político en Colombia, dividir el tema político del tema económico durante el ejercicio de la actividad proselitista, para posteriormente unirlos durante el ejercicio del poder, se ha convertido en norma de práctica generalizada por parte de la mayor parte de la clase política, generalmente orientada al nepotismo, lo que ha confluido a una de las mayores crisis de credibilidad representada esencialmente en la inconsistencia entre el discurso y la acción política real y efectiva.  La radiografía de esta situación se explica muy bien, si se tiene en cuenta las restricciones colusivas, cada vez más desobligantes que se han impuesto a la participación política desde los inicios de implantación de la Constitución Política de 1991 hasta la fecha.  Es conocida la estrategia usada por la clase política en el  legislativo, consistente en evitar a toda costa el ascenso de nuevas fuerzas al poder,  que con el  falso argumento de fortalecer el sistema de partidos, limita la participación política de las nuevas fuerzas democráticas, imponiendo nuevos requisitos en temas de umbral, otorgamientos de avales, disminución de participación en los ingresos corrientes de la nación de las regiones, etc., favoreciendo en su lugar, un sistema plutocrático de gobierno.  En efecto, el argumento de fortalecer el sistema de partidos es falso, porque una vez entra en vigencia la Constitución de 1991, la clase política procuró asegurar su estancia permanente en el poder adaptándose a las nuevas condiciones que imponían las nuevas normas, apoderándose de la contratación estatal de manera oligopólica, reformando y desmantelando paulatinamente la Carta Magna para lograr mantener el Statu quo, con lo cual ha buscado revivir el régimen de privilegios logrados durante la vigencia de la Constitución de 1886.  Por eso el escándalo de Odebrecht, sobre monopolización de la contratación pública en este país, entre otros, no es más que el reflejo de las prácticas colusivas adoptadas por la clase política para coactar la participación política de las nuevas fuerzas democráticas.

REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL

De darse una reforma para mejorar la participación política, éste tendría que ser un Sistema Mixto Adaptado, definiendo previamente, para cada nuevo período presidencial, mediante estadísticas de NBI y Coeficiente GINI, actualizadas por un órgano imparcial internacional y corroboradas por universidades nacionales estudiosas en temas de pobreza, aquellos municipios menos favorecidos que deben ser excluidos del Sistema Mixto Adaptado en los cuales se elegirán un número mayor de Senadores y Representantes a la Cámara, quienes tendrán a su favor, menores restricciones en cuanto a la asignación de avales, umbral y ventajas para la financiación, con el fin de promover las nuevas fuerzas políticas.  En estos municipios menos favorecidos por los indicadores NBI y Coeficiente GINI, se definirán las circunscripciones para voto de opinión, minorías y circunscripciones especiales en general. Una vez definidas esas circunscripciones se aplicará en los otros municipios el Sistema Mixto propuesto por John Sudarsky Rosenbaum, pero adaptado, en el cual se defina un sistema de representación simétrica para Senado, y representación asimétrica para Cámara de Representantes en el cual se establecerá un número equivalente de Senadores por departamento y por otro lado, se crean distritos uninominales en cada departamento para establecer las curules de la Cámara de Representantes en proporción al número de habitantes y asignados por el sistema de cifra repartidora. Ampliar más sobre este tema en  https://goo.gl/qIqKYE

AUTORIDAD ELECTORAL

El sistema electoral elegirá Consejeros interdisciplinarios propuestos por ternas presentadas por los órganos de control.  La Autoridad Electoral tendrá funciones de policía judicial para adelantar los procesos en las diferentes instancias tales como investigación, Juicio y Fallo, pero también debe crearse una Acción expedita similar a la Tutela, de la cual puedan hacer uso los militantes de base de los partidos y movimientos políticos para declarar nulo de pleno derecho aquellos actos autorizados por sus representantes en el poder cuando vayan en contravía de los principios y postulados de su respectiva organización política y de la propia Constitución, con control jurisdiccional por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según el caso. El presupuesto debe ser asignado por transferencia de la nación en el cual no tendrá injerencia el poder legislativo, con el fin de garantizar la independencia de la función electoral. De otra parte, la autoridad electoral debe capacitar a los nuevos votantes sobre la filosofía, historia, origen, programas, etc de los diferentes partidos y movimientos políticos cuyas ponencias sean presentadas por expositores delegados de aquellas organizaciones, presentadas previamente a la autoridad electoral para su respectiva aprobación. La capacitación deberá ser obligatoria, para lo cual se expedirá constancia suscrita de manera conjunta por los expositores participantes.  El Consejo Electoral debe ser interdisciplinario dado que el celo profesional es colusivo y va en contra de los intereses de la sociedad. Un ejemplo de esta situación es  el ataque que hoy sufren¸ por parte de las otras ramas del poder público (ejecutiva, legislativa y judicial), las Contralorías en los municipios y departamentos, cuando los representantes de aquellas ramas del poder público les limitan el ejercicio de control de advertencia y los presupuestos de funcionamiento para que se conviertan en mendigos de recursos de funcionamiento entorno al ejecutivo, mientras que cuestionan sus meritorios resultados y desvían la atención del público en cuanto a la competencia y responsabilidad que tienen los estamentos del estado en el nivel central y las otras ramas del poder público en ese orden institucional, con respecto a los descomunales desfalcos de la nación que hoy se pueden apreciar, porque en el nivel macro el ejercicio del control experimenta mucho menos efectividad.  El éxito del control radica, en que éste se vuelve tan efectivo que anula cualquier nuevo modus operandi de corrupción, y no al contrario, donde la corrupción se promueve, para luego atacarla, con el fin de mostrar resultados que justifiquen el ejercicio del respectivo control, lo cual no resulta sano ni beneficioso para la sociedad.  

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