POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENSAYO

 “POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.

Víctor Alfonso Leon Silva

Gestión Publica y Participación Ciudadana

Instituto IACC

31-08-2021

INTRODUCCION

La compleja naturaleza del agua se refleja en los distintos roles que desempeña y en una serie de características específicas que posee. En concreto, se considera un insumo productivo, un elemento básico para proteger la vida y un recurso natural básico para proteger los ecosistemas y la biodiversidad. En el primer caso, el agua se entiende como un bien económico o insumo utilizado para producir bienes y servicios. A partir de este paradigma, el foco está en el uso del agua para actividades como la energía hidroeléctrica, el abastecimiento humano, la agricultura, la industria y la producción minera. Se prioriza la dimensión social del agua para el consumo humano. Desde esta perspectiva, el acceso al agua se considera un derecho humano, y la oferta humana en este sentido es superior a otros usos. Al mismo tiempo, en materia de medio ambiente, el agua se entiende como un recurso natural, y su gestión debe seguir los principios de sostenibilidad y equidad.

En términos de disponibilidad global de agua superficial, Chile es uno de los países privilegiados y tiene una de las mayores reservas de este recurso en el Ártico y las capas de hielo del sur en la región sur. Sin embargo, debido a las diferentes condiciones naturales y climáticas, este patrimonio se distribuye de manera desigual en todo el país. La región norte es extremadamente árida, con recursos hídricos disponibles de menos de 500 metros cúbicos / persona / año, mientras que la región sur es rica en recursos hídricos, superando los 160.000 metros cúbicos / persona / año. Por esta razón, en la región norte, históricamente las comunidades indígenas y campesinas locales han tenido conflictos con las empresas mineras por el acceso y la posesión del agua. Si el conflicto no se resuelve mediante la desalinización y el uso de agua de mar para la próxima ola de expansión minera, puede convertirse en tensiones étnicas y fronterizas con los países vecinos.

En el contexto de esta tensión de acceso estructuralmente no resuelta, dado que el modelo de gestión de recursos hídricos de Chile se enfoca en estándares de asignación y transacciones de mercado, los recursos hídricos están bajo una tremenda presión, especialmente en áreas más escasas, y el resultado es el agua la "libre competencia" entre los diferentes usos y derechos de propiedad favorecen la concentración de esta propiedad en los sectores energético, minero y exportador, que se consideran el "motor" del desarrollo nacional y perjudican el acceso de la mayoría de las personas a los recursos. Este ejercicio desigual de distribución y derechos se sustenta en el marco legal establecido en la Ley de Aguas, que también define el agua como un bien nacional y económico de uso público, lo que le permite seguir los lineamientos y códigos de gestión del sector privado. La propiedad está protegida por la Constitución. Esta definición promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos principalmente a través del “mercado del agua”, donde prima la dinámica de la oferta y la demanda, por encima de la satisfacción de las necesidades de la población y los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como el agua.

La política pública de recursos hídricos es propicia para el manejo de los recursos de acuerdo con los estándares del mercado, aunque las condiciones legislativas, políticas y económicas que dan pie a esta situación son adoptadas por el propio país durante el gobierno militar a través de otras medidas a partir de la creación del Código del Agua de 1981. El actual "Código de Aguas" crea una nueva categoría de derechos: prescindibles y no prescindibles. La diferencia entre estos dos derechos es principalmente de naturaleza legal y está relacionada con si el usuario se compromete a devolver el caudal al río. El derecho al consumo se refiere al derecho a consumir agua, que no se puede reutilizar en la superficie. Este es el caso de los derechos requeridos para riego, minería, uso industrial y doméstico. Sin embargo, una gran parte de los usos consumibles siempre regresa al cauce del río de forma localizada o difusa, lo que corresponde a estos problemas de contaminación.

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