PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

En este artículo analizamos a la privatización del agua en México con el fin de situar

la importancia actual de dichas reformas, desde perspectiva nacional y local.

Desde hace tres décadas, el gobierno federal mexicano ha permitido a la empresa privada invertir en sectores que, tradicionalmente, estaban bajo su responsabilidad exclusiva, según la tradición posrevolucionaria (Gilly, 1986). Esta modalidad, novedosa en su género e inspirada en directrices políticas de organismos internacionales, permitió que el país conociera diversos programas de privatización de las empresas que antes eran manejadas por el Estado (Ávila, 1999) . Este conjunto de decisiones, ocurrió en un contexto donde el mercado financiero internacional influiría decisivamente sobre las políticas públicas de los países latinoamericanos.

Hasta los años setenta, el régimen político mexicano, dirigido desde la revolución de 1917 por un partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmaba la fortaleza de un tipo de Estado intervencionista en cuanto a las políticas sociales, y que tenían como objetivo recuperar el retraso de desarrollo socioeconómico nacional, en gran parte gracias a la riqueza petrolera generada por la explotación de reservas importantes de hidrocarburos en el Golfo de México en los años setenta, conocido como el "boom petrolero" (Teichman, 1995 :37).

Este proceso de transferencia de recursos fue generalizado en el continente, en un contexto de crisis económicas recurrentes que posibilitaron la injerencia de instituciones mundiales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), las cuales articularían y concretarían las directrices de las potencias del mercado financiero internacional sobre la mayor parte de los países considerados como periféricos ( Hiernaux & Tomas, 1994 ).

Igualmente, las exigencias impuestas por dichos organismos financieros, han tenido que ver con la descentralización de un conjunto de funciones del gobierno federal mexicano con los otros niveles de gobierno (estatal y municipal), así como la cesión de los servicios a la iniciativa privada, lo que supone, en definitiva, el pasaje del control de la gestión a nuevos grupos de poder (Torregrosa y Kloster, 2005). Localmente, dichos procesos han abierto una discusión sobre las fracturas a la hegemonía vigente durante prácticamente todo el siglo XX en México ( Dion, 2002 ).

Como una estrategia progresiva de limitar el campo de influencia de la esfera pública, este fenómeno apareció casi al mismo tiempo que la crisis de un régimen autoritario. En el sentido que sugieren Knox y Taylor, el Estado en México se vio en la fase de la necesidad, en la cual, los estados, las ciudades o las metrópolis requieren de territorialidad política para permitir la expansión capitalista ( Knox & Taylor, 1995 ). Esta territorialidad política puede ser meramente simbólica, como sería el caso del entramado jurídico creado ex profeso para aplicar la decisión de desestatizar los servicios de la metrópoli.

En este artículo analizamos a la privatización del agua en México con el fin de situar la importancia actual de dichas reformas, desde perspectiva nacional y local, concretamente, una década después que dichas decisiones.

Introducción

El proceso político e institucional de reformas en México puede ilustrarse, a partir de lo que afirman Armstrong y McGee, quienes sugieren una “mecánica de la subordinación” de los países de América Latina hacia organismos internacionales, lo que los convierte en escenarios implícitos de la acumulación de capital. Los autores nos permiten cuestionarnos si este proceso de desregulación, en la ola neoliberal que han vivido la mayoría de los países latinoamericanos es, en cierta medida, una adaptación a las directrices de un sistema económico y político mundial, donde las estructuras institucionales, nacionales y locales, proporcionan un vehículo para la extensión del capital ( Armstrong & McGee 1985 ). Es viable también sostener que dicho proceso de de-localización del Estado ha tenido paralelismos, en América Latina, con un explosivo proceso de urbanización, sujeto a un “desarrollo dependiente” derivado de la penetración capitalista por parte de las economías dominantes ( Gilbert & Gugler 1981 ).

En este trabajo concebimos al Estado y la ciudad capital mexicana en un proceso permanente de integración y de contradicción con la modernidad capitalista. Estas contradicciones son numerosas. En los países latinoamericanos estos procesos nos plantean cuestiones centrales en cuanto a la capacidad real de sus gobiernos para manejar las necesidades de la población, así como para producir políticas públicas a sus problemas mayores: eficacia en la lucha contra la polarización socioespacial, la protección al medio ambiente, la seguridad pública y los servicios urbanos (el transporte, la vivienda, el acceso al agua potable), etc. En buena medida los procesos de privatización, por los factores de poder que convocan, cristalizan tanto las tensiones sociales como la pertinencia de las políticas públicas que son implementadas en la región.

En el caso de México de los ochentas, la desregulación de la economía mexicana y la voluntad de dejarla a la "mano invisible del mercado" estuvo fundada en la pretensión de inscribir al país en el concierto de los flujos económicos globales. Por sus implicaciones, esta decisión fue tanto más brutal para el país, como para la ciudad de México, que habían conocido desde los años sesenta una macrocefalia administrativa, objeto de un control burocrático estrecho por parte del aparato de Estado, similar a otras latitudes ( Le Galès & Lorrain, 2003 ).

Al respecto, Grier y Grier reconocen que el Estado mexicano se caracterizó por una creencia histórica en la habilidad del gobierno para intervenir y regular los asuntos económicos por un mandato regulado explícitamente por la Constitución (Grier & Grier, 2000:245). Una noción que sería imposible aplicar en las últimas décadas si se piensa en la acelerada urbanización que vivió el país o, particularmente, en el monstruo metropolitano de la ciudad de México.

La clave de esta dominación unipartidista será un modelo de decisiones de tipo corporativo. En otros términos, en nombre de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana (1910-1917), durante el periodo del Estado Benefactor, se formaron organizaciones que agruparon corporativamente a los militares, campesinos, obreros y sectores populares que evidenciaron el control político de la burocracia del partido de Estado en el poder y de los líderes "charros" ( Cosío 1972 ).

La capital del país, la ciudad

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