Políticas de reintegración social para los desmovilizados

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Departamento de lingüística

Valentina del Mar Guerrero Pérez

Políticas de reintegración social para los desmovilizados

He podido constatar personalmente que la inmensa mayoría de los

desmovilizados siempre han querido ser buenas personas. Es responsabilidad

del Estado –y de la sociedad en general– brindarles oportunidades a todos los

ciudadanos para que esa intención se convierta en realidad en todos los casos.

Frank Pearl

      En Colombia existe una gran preocupación por la constante inseguridad con respecto a la aceptación e integración de personas pertenecientes a grupos guerrilleros, por este motivo surgen los siguientes interrogantes, ¿ha sido víctima del conflicto armado? o ¿ha estado indirectamente familiarizado con este tema? Es normal que hoy en día surjan este tipo de preguntas ya que la población colombiana constantemente se ha visto afectada de alguna manera por este tipo de conflicto. El proceso de paz ha sido un tema de gran interés en los últimos meses y en el cual se han podido identificar algunos factores importantes con respecto a la probabilidad de que no persista el conflicto armado en Colombia. En este sentido, dicho conflicto ha sido tomado desde diferentes perspectivas, muchas de las cuales tienen un contexto histórico y esta es la razón por la cual trataremos con detenimiento este tema, con el fin de dar una posible solución.

     El verdadero objetivo del texto es dar a conocer el actual proceso de desmovilización que se está llevando por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las condiciones que se presentan en aspectos sociales, económicos  y políticos, planteando de paso una posible solución a esta gran problemática. Es fundamental reconocer ciertos aspectos necesarios para el éxito de un proceso de tales magnitudes, por ejemplo, el hecho de que se debería propiciar  espacios seguros para los desmovilizados y reinsertados que sirvan como componente estratégico en el desarrollo integral y social tanto de estos individuos como de la nación, esto permitiría que el proceso se desarrolle de manera transparente y garantizaría la confianza de los desmovilizados y por consiguiente su participación.

     El escrito se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar el concepto de política pedagógica del posconflicto en Colombia, en segundo lugar, la construcción de un sistema laboral y productivo para las personas desmovilizadas, en tercer lugar, se desarrollará la creación de medidas de protección para el sistema de reinserción y finalmente, se procederá a señalar la importancia de acompañar en procesos psicosociales a las personas participes del proceso de desmovilización.

     El primer punto a desarrollar es la implementación de una política pedagógica, la cual toma un papel trascendental para el posconflicto en Colombia, puesto que es una herramienta fundamental en la transformación social y cultural de la población que ha sido víctima del conflicto. No solo se pretende prevenir las agresiones emocionales, psicológicas y sociales frente al individuo, sino también se  quiere lograr una reconstrucción del tejido social. En vista que los saberes académicos son un medio para lograr la aceptación e integración de personas desmovilizadas a la vida social, sería uno de los eslabones más importantes  para eliminar las diferencias y así, alcanzar la paz.

     En ese orden de ideas, de acuerdo al documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social^[1],  realizado para aquellas personas pertenecientes a grupos guerrilleros armados ilegales, es posible consignar una estrategia cuyo objetivo es que tanto los desmovilizados como sus familias puedan obtener el beneficio de acceder a la educación. Esto resulta de suma importancia para el desarrollo personal y social, ya que gran parte de los reinsertados no han tenido acceso a la educación, hecho que ha afectado la experiencia, formación  y la fuente de ingresos de la población desmovilizada. Por ello, el implementar programas adecuados para una buena formación laboral y estudiantil sirve como estrategia para disminuir los bajos niveles de educación y fortalecer las habilidades en el sector económico.

     La segunda razón por la cual se pueden implementar estos programas, es porque el gobierno colombiano, entre los diálogos y acuerdos firmados con el movimiento guerrillero 19 de Abril (M-19) ejército popular de liberación (EPL), entre otros, brindó varios beneficios y compromisos sociales para la incorporación y atención social de las personas que estuvieran dispuestas a dejar las armas, como lo son los programas de educación y capacitación. El primer programa consintió en una validación completa del bachillerato que  se enfatizó en la comunidad de bajos recursos y, posteriormente, para vincularlos al sector económico se brindaron proyectos empresariales (Villarraga, 2013). Esto no solo permite vislumbrar las posibilidades de una mejor calidad de educación, sino que también puede generar un desarrollo integral comunitario, a nivel político y económico.

     El segundo punto a desarrollar es cómo la construcción de un sistema laboral y productivo es elemental para las personas desmovilizadas y reinsertadas, ya que la población al ser parte de una empresa ya sea del sector privado o público, puede cubrir las necesidades básicas que como individuo posee, además de prestar un servicio al funcionamiento de la estructura social. Por ello, las políticas económicas realizadas para promover la inclusión laboral, deben satisfacer y promover la igualdad de oportunidades para una reintegración estable y completa. Realizar políticas económicas para los desmovilizados sirve no solo para la vinculación en compañías, sino para que más adelante lleguen a un grado total de independencia y no necesiten la ayuda económica del estado.

     Dentro de esta perspectiva, según el acuerdo de paz encontrado en la página web del   Alto Comisionado para la Paz^[2]  podemos ver que:

Como consecuencia de esta noción general, el ordenamiento jurídico colombiano ha determinado al trabajo como un derecho y como un deber, dentro de la concepción de la función social del mismo. Entendiendo al trabajo como derecho, necesariamente se hace referencia a ese núcleo esencial e innegociable susceptible de amparo a través de mecanismos legales. Entendiéndolo como deber, constituye una obligación de las personas para con la sociedad en la medida en que corresponde a ellas producir y aportar al proceso económico y social y al bienestar colectivo, y por lo tanto corresponde al Estado crear políticas sociales para la generación de empleo, estabilidad y desarrollo.

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