Porte Ilegal De Armas

EL PORTE ILEGAL DE ARMAS

El tema del porte ilegal de armas en nuestro país, se ha convertido para los legisladores en uno de los más importantes en los últimos años, en razón a que es uno de los delitos más comunes, las personas que cometen este tipo de delitos se excusan en diferentes factores para portar una arma de fuego, unos argumentan que se ven obligados a ello por la situación de violencia que vive nuestro país, otros las utilizan para delinquir y sembrar terror a la sociedad, el porte ilegal de armas también se ve alimentado por el conflicto interno que vive Colombia, en el que sus protagonistas son los grupos armados al margen de la Ley, llámense FARC, ELN o paramilitares, quienes realizan millonarias compras de armas para de esta forma enfrentarse a las fuerzas armadas, armas que muchas veces terminan en manos de personas del común que las adquieren de manera ilegal para delinquir en las calles, inclusive llegando a conformar más bandas criminales organizadas “BACRIM”.

Cada día es más común que la población civil obtenga un arma de manera ilegal, situación que se debe a diferentes causas sociales, como son la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la falta de tolerancia y sobre todo la cultura violenta con la que las nuevas generaciones se han venido formando a través de los años. Cultura violenta que se fundamenta en el miedo y la necesidad de protegerse o como un medio más fácil o expedido para obtener lo que se quiere.

El monopolio de las armas se encuentra en cabeza del Estado, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, las normas referentes a este monopolio es clara; allí se estipula que solo el Estado tendrá la potestad de fabricar y utilizar armas para mantener el orden pacífico dentro de la sociedad, el artículo 233 Constitución Política de Colombia de 1991.

También traigo a colación el siguiente antecedente jurisprudencial de la Honorable Corte Constitucional

(…) La Constitución establece un monopolio de principio en cabeza del Estado sobre todo tipo de armas, pero autoriza la concesión de permisos a los particulares para la posesión y porte de cierto tipo de armas, sin que, en ningún caso, puedan los grupos de particulares sustituir las funciones de la fuerza pública. El Legislador tiene entonces la facultad de regular el tipo de armas de uso civil que los particulares tienen la posibilidad de poseer y portar, previa la tramitación de la licencia o autorización de la autoridad competente. En tales circunstancias, se observa que existe perfecta congruencia entre el tipo penal impugnado y la regulación constitucional de las armas (…)”

Esta misma corporación, también se ha expresado en cuanto a la potestad que detenta de recurrir al derecho penal para castigar el delito de porte ilegal de armas de fuego en Colombia, ha dicho lo siguiente:

(…) “La penalización de la fabricación, comercio y porte de armas sin permiso de autoridad competente, corresponde a una política de Estado adecuada para proteger la vida de los ciudadanos, la cual encuentra perfecto sustento constitucional. En el caso Colombiano, por las condiciones que atraviesa nuestra sociedad, el control a la tenencia de armas resulta indispensable para el sostenimiento de la seguridad pública y la realización efectiva de los derechos de las personas (…)”

En ese orden de ideas podemos observar la “teoría” de los medios coercitivos, lo que detenta única y exclusivamente el Estado y como es que la Carta Política le otorga esa potestad al Estado de velar por la seguridad de los ciudadanos y tener el control absoluto de las armas, con el fin de mantener el orden público y preservar un ambiente pacifico en el territorio nacional.

Una vez hecho un breve análisis acerca del monopolio de fuerza en cabeza del Estado, me permito hacer una descripción del tipo penal objeto de la presente relatoría.

Para estudiar este tipo penal es importante formular los siguientes

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