Posconflicto en Colombia.

En nuestro país, durante las presidencias de  Virgilio Barco y  Cesar Gaviria (1986- 1994), cinco grupos guerrilleros como: M-19, Epl, Quintín Lame, Prt y Crs, mediante acuerdos de paz con los respectivos gobiernos, dejaron sus armas, se desmovilizaron y más de 5.000 combatientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida civil del país. Desde entonces, se empezaron a aplicar distintos programas y proyectos para atender personas reintegradas a la vida civil.

¿Cómo y quienes tienen responsabilidad en el curso del post conflicto en Colombia?

En  Colombia el proceso de paz que está en curso con la guerrilla, incorpora elementos que se dieron en otros países como: verdad, reparación, reconocimiento de las víctimas, reformas constitucionales y políticas, proyectos y reformas económicas y sociales, reintegración a la vida civil de excombatientes ilegales, cese del fuego, entre otros. Colombia tiene todos los aspectos relevantes para pasar del conflicto a la reconciliación. Si se firma el acuerdo para ponerle fin a un conflicto de más de 50 años como todos esperamos que ocurra,  será un gran paso para la Historia de este País.

Lo que hace el conflicto, además de crear dolor e inestabilidad social y política, es que pospone la solución de los verdaderos problemas que por años se acumulan y crecen como la pobreza, desigualdad, corrupción, atraso en la infraestructura, como bien podemos verlo en Colombia, Siendo el campo el más afectado por el conflicto armado interno, para esto el  Plan Nacional de Desarrollo prevé varias acciones que implican la territorialización y articulación de las entidades estatales competentes para hacer efectivos los derechos de sus habitantes, en cuanto a la desmovilización según el proyecto de PND, advierte que mantendrá la política nacional de desmovilización individual y colectiva de integrantes de grupos armados al margen de la ley, orientada a disminuir el número de sus integrantes. En reintegración la acción gubernamental estará orientada al desarme, desmovilización y reinserción mediante campañas en las regiones, donde se concentra el accionar de los grupos al margen de la ley y la judicialización y captura de los ejecutores del reclutamiento y utilización de niños y adolescentes. En convivencia  y seguridad  se prevé el fortalecimiento de la administración de justicia mediante el acceso fácil a las Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana y una reforma integral a las Comisarías de Familia. Y en cuanto a la política criminal, la estrategia prevé fortalecer la capacidad investigativa en la lucha contra la criminalidad, la implementación de penas reparadoras y medidas alternativas a las penas de privación de la libertad mediante la reforma al Código Penal. En reparación de victimas  se propone ampliar la cobertura de los programas de

atención socioeconómica para garantizar los derechos a la subsistencia mínima, identificación, salud, educación, reunificación familiar y generación de ingresos, así como la garantía de acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación. Y en Política Antidrogas el PND plantea la necesidad una “redefinición del enfoque de la política criminal”, la cual debe “estar acompañada de acciones para endurecer las capacidades del Estado para intervenir estratégicamente todos los eslabones de la cadena de las drogas, especialmente los relacionados con la heroína, drogas sintéticas y las fases intermedias del procesamiento de la cocaína.

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