Principios constitucionales , régimen del sistema de Responsabilidad adminisrativa

Jurídicamente, el concepto de Administración Pública se usa más frecuentemente en sentido formal, el cual en palabras de Rafael Bielsa, no denota una persona jurídica, sino un organismo que realiza una actividad del Estado. En este sentido, si decimos "responsabilidad Administrativa" nos enfocamos en el acto o hecho de la Administración que responsabiliza al Estado. Así pues, en realidad es el Estado la parte en juicio, a ese título tiene la Administración Pública el privilegio de lo contencioso administrativo. Actualmente el modelo de Administración habitual es el modelo burocrático descrito por Max Weber. Se basa en la racionalidad instrumental y en el ajuste entre objetivos y medios. La Administración posee una serie de prerrogativas que la colocan en una posición superior a la del administrado. Entre dichos poderes destacan: • La interpretación unilateral de contratos. • La capacidad ejecutiva de los actos administrativos. Es decir, los actos de la Administración deben cumplirse, son obligatorios, y la Administración está autorizada para imponerlos unilateralmente a los particulares. • El sometimiento a una jurisdicción especializada, la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es un conjunto de funcionarios que están ligados al cumplimiento de las funciones estatales: en los niveles operativos, técnicos y profesionales comprendidos en las tareas administrativos, así como los niveles especializados bajo sistemas independientes de carrera. Las características de las burocracias exitosas depende de una burocracia profesional y meritocrática, capaz de gestionar las políticas públicas durante momentos de transiciónes de gobierno y períodos de crisis. Así, las funciones estatales tienen asegurada la capacidad técnica, la neutralidad de la implementación pues esta se facilita efectiva y eficientemente en las políticas y limita la discrecionalidad en las decisiones del gobierno. Así, los requisitos institucionales serían: • principios meritocráticos para la contratación, promoción y destitución de los empleados públicos. • autonomía técnica en el desempeño de las funciones. • la existencia de un sistema adecuado de gestión, que promueva la planificación, la optimización de la organización, fomente la capacitación, desarrollo y desempeño: una adecuada remuneración; y gestione las relaciones labores, sociales y humanas. • esto debe articularse con un sistema de información que supervise desde un enfoque funcional y fiscal la evolución de los recursos humanos.

3.5.1 principios constitucionales , régimen del sistema de Responsabilidad adminisrativa.

toda actuación debe someterse a un conjunto de reglas . La obligación jurídico administrativa debe responder al principio de legalidad, es decir, que tanto la Administración Pública como el administrado deben actuar de conformidad con la ley. Toda relación jurídico administrativa debe

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