Procuracion De Justicia

1. Procuración de justicia

La Procuración de Justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el estado de derecho, con apego a la legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad intachable de los servidores públicos.

El objetivo es preservar el estado de derecho a través del fortalecimiento y desarrollo de instituciones modernas, transparentes y eficaces en la investigación del delito; respetuosas de los derechos de los ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que impulsen la paz social.

En consecuencia, el reto es transformar el sistema de procuración de justicia, velar por la observancia de las leyes en el ámbito de competencia del ministerio público; recobrar la confianza de la ciudadanía, transparentar nuestras acciones y rendir cuentas a la sociedad; ampliar la cobertura de los servicios; contar con tecnología de punta en la investigación y persecución de los delitos; lograr una integración pronta y expedita de la averiguación previa; incrementar el número de plazas y sueldos de servidores públicos de las áreas sustantivas; y privilegiar la capacitación constante, permanente y dinámica, que sirva para mejorar su calidad profesional y humana, para que actúen con una responsabilidad basada en valores.

Durante este periodo se han alcanzado resultados satisfactorios en la materia. Se incrementó el número de averiguaciones previas resueltas y la resolución de expedientes de los órganos de control. En el mismo sentido, se han creado y reforzado áreas como la Contraloría Interna, la Visitaduría, las Mesas del Ministerio Público para Detenidos, la Mesa para Atención de Personas con Capacidades Diferentes y las Mesas de Conciliación, y cuyo resultado ha sido elevar la eficacia y eficiencia de la dependencia.

En el renglón de la procuración de justicia laboral, los grandes retos son lograr en el Estado una sólida política laboral, el impulso a la generación de empleos, la promoción del diálogo entre los sectores productivos, el fortalecimiento del sindicalismo y, fundamentalmente, el logro de la justicia social a través de una puntual aplicación de las normas laborales en el ámbito de competencia de las autoridades estatales correspondientes.

Los resultados más palpables en este periodo son el incremento en inspecciones a centros de trabajo, el número de trabajadores beneficiados por estas acciones y el incremento en la revisión de contratos colectivos de trabajo.

Estos logros son el resultado de la firme voluntad del Gobierno del Estado y de la coordinación con las instituciones responsables de procurar la justicia, que permitieron dar una respuesta oportuna y eficaz a las necesidades de una sociedad cada vez más demandante de justicia.

1.1. Investigación y ejercicio de la acción penal

Se denomina Ministerio Público a la fiscalía u órgano acusador, que como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de la acción penal, en nombre del Estado, y busca se cumpla la voluntad de la Ley. En toda acción penal se le considera la parte acusadora, de carácter público, encargada por el Estado de exigir la actuación de la pretensión punitiva (castigo) en contra de quienes cometen ilícitos (delitos), y del resarcimiento o reparación del daño causado (si es posible).

Es un órgano con poder de mando, radicado en el Procurador, que se auxilia de órganos encargados de la investigación policiaca (AFI) y técnico-científica (peritos), para la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Además interviene en otros procedimientos judiciales para la defensa de intereses sociales de ausentes, menores e incapacitados, y como consultor y asesor de los Jueces y Tribunales.

El Ministerio Público es un órgano independiente frente al poder judicial y al poder ejecutivo, que se encarga de investigar los delitos denunciados (querella) o de oficio, con base en pruebas. Desde que tiene conocimiento de un hecho delictivo inicia su investigación (averiguación previa), con lo que podrá o no ejercitar la acción penal en contra del indiciado (detenido) ante el órgano jurisdiccional correspondiente (Juzgado). De no existir denuncia, acusación o querella, no podrá realizar su función.

Las conductas consideradas como delitos en México se encuentran reguladas por los códigos penales de cada una de las entidades federativas, el Código Penal Federal y las denominadas Leyes Especiales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; contra la Delincuencia Organizada; de Salud, entre otras.

Actualmente, el Ministerio Público es el elemento básico en la administración de justicia penal, cuya acción se rige por lo que ordenan los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se faculta al Ministerio Público para investigar los delitos y ejercer el monopolio de la acción penal ante los Tribunales correspondientes.

La Agencia Federal de Investigación (AFI), es la institución encargada de investigar y perseguir a los responsables de la comisión de delitos federales y de aquellos que siendo del fuero común afectan la seguridad nacional o sean atraídos por el ámbito federal.

Los Agentes de la Policial Federal Ministerial, como auxiliares de la autoridad judicial y bajo la actuación directa del Agente de Ministerio Público Federal, se coordinan con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, para perseguir a quienes infrinjan la ley. Su actuación es con estricta observancia a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Servicios Periciales es el órgano auxiliar en la administración de justicia, con el auxilio fundamental de la ciencia y de la técnica. Actualmente cuenta con instalaciones primera línea, tecnología de punta para examinar el pequeño indició hasta el gran indicio, donde laboran profesionales de la criminalística empeñados a conocer la verdad histórica de los hechos con el uso de instrumento y equipo efectivo y adecuado.

1.2 Procesos jurisdiccionales

La Procuraduría General de la República es una Institución ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene entre otras facultades la investigación de los delitos del orden federal, así como su seguimiento ante los Tribunales de la Federación.

Su actuación no se restringe exclusivamente a los delitos contra la salud (tráfico de drogas); le compete además toda la gama de ilícitos penales federales como los derivados de la delincuencia organizada, entre otros.

En este orden de ideas, la Institución, a través de sus unidades, fiscalías especializadas y órganos, combate de manera integral y regional este tipo de

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