Protección Al débil Como Derecho Social.

Protección al débil como derecho social.

Atendiendo a que en todas las sociedades humanas han existido individuos quienes en un momento determinado, por muy diversas causas, se encuentran al margen del bienestar del que gozan otros pertenecientes a la misma formación social se han creado medidas legislativas y políticas a partir del siglo XX.

Así pues, la protección al débil concebido como derecho social, debe entenderse como el conjunto de medidas jurídico políticas adoptadas para tutelar el interés de la parte que se encuentra en relativa desventaja en determinadas relaciones personales.

Ahora bien, por débil, no precisamente se debe de entender “menesteroso”, si no también otras situaciones del haber social como lo son los discapacitados y en general los sujetos que se encuentran desventajados o débiles ante ciertas circunstancias.

Por ejemplo, el llamado derecho social agrario y del trabajo tiene por finalidad proteger la parte débil en ciertas actividades humanas.

La administración pública en nuestro país procura la protección del débil en derechos como el consumo, la infancia, las relaciones laborales, la familia, los servicios bancarios, la vejez y las obligaciones fiscales.

la legislación evoluciono en la Ley General de Desarrollo Social, del 20 de enero del 2004, cuyo objeto se establece en la misma ley y a la letra reza ser:

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social;

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal;

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado;

V. Fomentar el sector social de la economía;

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;

VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;

VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social, y

IX. Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular, en materia de desarrollo social.

Dicha Ley contempla entes administrativos como la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Desarrollo Social, consejo nacional de evaluación de la política del desarrollo social y el Fondo de Contingencia Social.

Lamentablemente, todas estas acciones han tenido efectos contrarios a su meta de disminuir los índices de debilidad poblacional, ya que en los últimos 20 años los índices de pobreza se han incrementado y se incrementan de forma alarmante.

La protección al consumidor

México crea su primera legislación de protección al consumidor en 1975, como una reacción al consumismo de que son víctimas las clases bajas y media ante el bombardeo publicitario, la desigualdad en los ingresos económicos y una mala educación para el gasto.

La aplicación de dicha legislación corresponde en la actualidad a la Secretaría de Economía y al organismo descentralizado denominado Procuraduría Federal del Consumidor que tiene como ejes rectores proteger los derechos del consumidor, promover los derechos del consumidor, fomentar una cultura de consumo inteligente, procurar la equidad en las relaciones de consumo, procurar la seguridad jurídica en las relaciones de consumo y eficientar el desempeño institucional.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

El derecho del trabajo se origina en la necesidad de proteger a la parte débil de la relación laboral., el cuál encuentra su principal figura de protección al trabajador en la suplencia de la deficiencia de la queja.

La Procuraduría es regida por un reglamento que le atribuye facultades y tareas como:

I. Ejercer las funciones de su competencia de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de acuerdo a las directrices, lineamientos y órdenes que emita el Secretario;

II. Orientar y asesorar a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios sobre los derechos y obligaciones derivados de las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales, así como de los trámites, procedimientos y órganos competentes ante los cuales acudir para hacerlos valer;

III. Recibir de los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, las quejas por el incumplimiento y violación a las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales y, en su caso, citar a los patrones o sindicatos para que comparezcan a manifestar lo que

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