¿Qué es el Consenso de Washington?.

Consenso de Washington

Este concepto fue acuñado a fines de la década del ´80, para resumir una serie de temas comunes entre instituciones de asesoramiento político con sede en Washington (como el FMI, BID, BM y Departamento del Tesoro de los EEUU) para alcanzar la recuperación económica de los países Latinoamericanos afectados por las crisis económicas y financieras de los últimos años.

¿Qué es el Consenso de Washington?

Puede definirse como «un listado de políticas económicas consideradas en los años ´90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos de poder con sede en Washington, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos podían aplicar para impulsar el crecimiento, luego de las crisis sufridas durante la década del ´80»

En consecuencia, al amparo de este «consenso» se fue consolidando el diagnóstico de las causas estructurales de la crisis fiscal de los Estados latinoamericanos. Las conclusiones de este trabajo fueron recogidas por distintos gobiernos de América Latina, para llevar adelante una serie de reformas estructurales que contribuirían a conjurar las fuertes crisis que la región había sufrido en la década pasada.

Debe su nombre al economista inglés John Williamson (del Institute for International Economics), quién a fines de los ´80 se refirió así a los temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas de los organismos internacionales. Durante un seminario que convocó en el año 1989, se analizaron los avances y las experiencias obtenidas de la aplicación de políticas de ajuste y de reforma estructural impulsadas por organismos y agencias internacionales. En su trabajo titulado «El ajuste en América Latina: ¿Qué se ha hecho?» Williamson compiló las recetas sugeridas en los centros de poder político y académico, obteniendo un listado de una decena de instrumentos de política económica en los cuales se verificó un razonable grado de acuerdo.

El “consenso” combinaba un conjunto de reformas estructurales (apertura del comercio, desregulación, privatizaciones, modernización del estado), rígida macroeconomía (restricción monetaria y ajuste fiscal) y transformaciones institucionales (flexibilización laboral y eficiencia en la gestión de políticas públicas dirigidas a los pobres). Se esgrimía que de esta forma se aseguraría el crecimiento y la estabilidad de precios, lo cual redundaría en una disminución de los niveles de pobreza. Este listado serviría para orientar a los gobiernos de países en desarrollo, a la vez de constituir un espejo donde mirarse a la hora de juzgar la actividad económica.

En la práctica, sería una transición de un Estado-Nación fuertemente intervencionista en aspectos sociales (estado de bienestar) y económicos (estado empresario, regulador y planificador), a un Estado más flexible de rol fiscal (garante de los equilibrios macroeconómicos). En este nuevo modelo, todas las variables se verían subordinadas a la economía (particularmente lo social).

Es importante resaltar que hubo una serie de acontecimientos históricos que fueron creando el clima necesario para el surgimiento de este consenso. Uno de los más importantes, fue el lanzamiento del «Plan Brady» por parte de los EEUU, mediante el cual se reducía la deuda de aquellos países que introdujeran una serie de reformas económicas (básicamente, una reducción del tamaño del Estado y la apertura de su economía).

Recetas del Consenso de Washington

1. Disciplina Fiscal: Aumentar el ahorro, preservando la disciplina fiscal (lo que se traduce en un presupuesto equilibrado o balanceado). La inflación era un grave problema, y era atribuido a la diferencia entre gastos e ingresos (lo que obligaba a una indiscriminada emisión de dinero). Por lo que era necesario reducir el gasto público, de forma de limitar la emisión monetaria y eliminar el déficit fiscal.
2. Prioridades del Gasto público: El gasto público era ineficiente, por lo que debía ser reorientado hacia áreas sociales, priorizando la inversión en salud, educación e infraestructura. Cabe destacar que hasta ese momento, los mayores gastos se concentraban en la administración gubernamental, en la defensa y los subsidios.
3. Reforma impositiva y/o fiscal: Se planteaba la necesidad de una equidad y eficiencia recaudatoria; asimismo, el incremento de los ingresos era una alternativa al recorte de gastos. Esta reforma se traducía en una ampliación de la base impositiva, una disminución de las tasas de determinados impuestos, y el mejoramiento de la administración tributaria. Asimismo, debían agregarse tributos amigables con el medio ambiente (por ejemplo, que penalicen el uso degradante sobre la tierra).
4. Tasas de interés libres y positivas: Debían quedar liberadas al mercado las tasas de interés, en un nivel que fomenten el ahorro y desalienten la fuga de capitales (tasas reales positivas). Obviamente, en una primera etapa esto generaría un aumento del costo del capital.
5. Tipo de cambio competitivo: Se fijaría en un nivel que promueva el comercio exterior (en particular, la idea era expandir las exportaciones y no sustituir las importaciones). El límite a este tipo de cambio estaría determinado por las presiones inflacionarias que genera un nivel excesivamente alto.
6. Liberalización del comercio internacional: Se planteaba la necesidad de lograr una uniformidad de tarifas (y a un nivel bajo), y de eliminar gradualmente las restricciones cuantitativas para importar (a fin de poder acceder a los bienes intermedios a precios competitivos). De esta forma, cada país desarrollaría sus ventajas comparativas, enfocándose en lo que mejor sabe hacer.
7. Apertura a la inversión extranjera: Debía liberalizarse la entrada de inversiones extranjeras directas, de forma que las empresas internacionales aporten capitales, capacitación, conocimientos y tecnologías para el desarrollo productivo de cada país. Ello, a su vez, obligaría a las empresas nacionales a aumentar su eficiencia y bajar los precios. Uno de los problemas es la IED se efectivizó mediante el intercambio de deuda –debt swaps-.
8. Privatización de empresas públicas: Debían liquidarse las empresas no rentables, y administrar el resto en forma más eficiente. Además, los déficits de las empresas públicas contribuían a aumentar el déficit fiscal (la venta de empresa constituía un ingreso en el corto plazo y menores cargas en el largo). Ahora, el problema principal fue que se pasó de un monopolio estatal a uno privado (por lo que no se fomentó la competencia), al mismo tiempo que fallaron los esquemas de control y regulación.
9. Desregulación: Había que suspender todas aquellas regulaciones que dificultarán la libre competencia, con excepción de aquellas justificadas en la salubridad, el medio ambiente y la protección del consumidor. Ello permitiría mejorar la velocidad de adaptación frente a shocks del mercado. Asimismo, las redes regulatorias (y su burocracia) favorecían la corrupción en américa latina.
10. Derechos de propiedad: Esta cuestión hace hincapié en los problemas de seguridad legal que existían en américa latina, donde los derechos de propiedad eran muy inseguros. Por lo que debían garantizarse y definirse con claridad estos derechos, de forma que sean accesibles a todos por igual y a un costo razonable.

En virtud de lo expuesto, se destacan cuatro aspectos fundamentales del denominado “consenso”:

• Generación de un marco macroeconómico equilibrado.
• Gobiernos más chicos y eficientes.
• Sector privado en expansión.
• Centrar la atención en políticas sociales (destinadas a la reducción de la pobreza).

Las reformas estructurales tuvieron resultados levemente positivos en cuanto a la estabilidad macroeconómica, la inversión internacional y el inicio del crecimiento. Ello trajo aparejado una confianza en los inversores internacionales. No obstante, se produjo un pobre crecimiento del PBI, un aumento de la vulnerabilidad externa, un empeoramiento de la distribución del ingreso y los niveles de pobreza, y recurrentes crisis que afectaron a toda la región. ¿Porqué falló esta receta? Algunas ideas: exportaciones de bajo valor, balance final despreocupado por la modernización productiva y social, insuficiente inversión productiva, equilibrio débil de la microeconomía real, privatizaciones desordenadas, aplicación de recetas únicas.

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