Radiodifusion

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La ley de radiodifusión que hoy podría quedar en la historia tuvo más de 200 modificaciones o normas complementarias desde la vuelta de la democracia. Todos los presidentes presentaron proyectos para cambiarla, aunque, hasta ahora, ninguno la derogó.

La ley 22.285 fue promulgada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla el 15 de septiembre de 1980 para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenían que "observar los servicios de radiodifusión". En ese momento también fue creado el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), que tanto entonces como ahora basa su política y la aplicación de sanciones en esa normativa.

El 26 de abril de 1988, el entonces presidente Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto que se apoyaba en un trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia, que no prosperó.

Un año después, el 30 de mayo de 1989, envió otra iniciativa que tampoco avanzó.

Menem. En 1989, recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13 (que se hizo el 23 de diciembre de ese año, cuando Televisión Federal y Artear se hicieron cargo de las emisoras). Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, por una decisión del general Reinaldo Bignogne, tomada poco antes de las elecciones del 30 de octubre.

El 29 de noviembre de 1996, el gobierno mandó al Senado un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias con un anexo con 49 proyectos de ley, entre los cuales había uno para modificar la de radiodifusión. Las sesiones extraordinarias se hicieron, pero nunca se llegó a debatir el proyecto.

Diez meses después, se aprobó un dictamen de comisión que restringía el ingreso de capital extranjero y limitaba el ingreso de las telefónicas al mercado. Fue duramente criticado por los legisladores de la Alianza y no prosperó.

En diciembre de 1997, el proyecto enviado por el Ejecutivo el año anterior perdió estado parlamentario.

El 28 de diciembre de 1997, durante un encuentro con los dirigentes de ADEPA, Menem prometió que una nueva ley de radiodifusión sería aprobada al año siguiente. Jorge Yoma, uno de sus hombres más cercanos, se mostró escéptico: "Se requeriría un acuerdo de los partidos políticos tan trabajoso como una reforma constitucional".

Las palabras de Yoma no eran casuales. Durante la Convención Constituyente de 1994 se había discutido incluir un artículo antimonopólico en el nuevo texto constitucional, pero prefirieron derivar el asunto a una futura ley, que nunca salió.

Ese año, en varias oportunidades, legisladores de distintos partidos y el propio presidente habían dicho que 1997 no terminaría sin que el país tuviera una nueva ley de radiodifusión. Todos los proyectos presentados quedaron en los cajones del Congreso.

Un decreto polémico. El 2 de octubre de 1998, un decreto de necesidad y urgencia posibilitó a los titulares de licencias radiales a transferir sus acciones aunque no hubieran pasado cinco años desde la iniciación de las emisiones regulares de la frecuencia.

Candidatos. Durante agosto y septiembre de 1999, justo antes de las elecciones presidenciales, los dos principales candidatos, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa, debatieron sobre la ley de radiodifusión y manifestaron públicamente sus posiciones. Ambos estaban de acuerdo con que tenía que reformularse inmediatamente.

Con respecto a las medidas que instrumentaría, Duhalde había dicho que todos los sectores y partidos políticos tenían que "tratar de cero" un nuevo proyecto que respetara a las emisoras pequeñas, "evitando la anarquía".

También había asegurado que no privatizaría Argentina Televisora Color (ATC), sino que "mejoraría" su administración. Hablaba de la ley de radiodifusión como una "prioridad".

El entonces gobernador bonaerense había dicho además que no le gustaba "ni medio" que capitales extranjeros pudieran desembarcar en la Argentina para comprar empresas periodísticas.

De la Rúa. "Es un desafío de la Alianza elaborar una nueva ley, moderna y actualizada, cuya consigna básica sea no restringir, sino ampliar y asegurar la libertad de prensa", había dicho Fernando de la Rúa.

"Esa ley tiene más de veinte años y además de la ilegitimidad con que fue sancionada, sufre un anacronismo tal que la hace inaplicable", había opinado . "Vamos a impulsar desde el Ejecutivo una nueva ley que surja del consenso entre todos los sectores involucrados en la producción de contenidos culturales".

Otro decreto polémico. En septiembre de 1999, Menem modificó puntos considerados clave de la ley de radiodifusión mediante el decreto de necesidad y urgencia 1005.

La norma autorizaba que cualquier persona física o sociedad comercial fuera titular de hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país, modificando el tope de 4 admitidas por la ley. También habilitaba la formación de redes o cadenas para radio y TV y autorizaba la transferencia de licencias, que estaba prohibida.

Las reacciones en contra del decreto no se hicieron esperar. Diputados de la oposición pidieron derogarlo. "Es indiscutible la necesidad de dictar una nueva ley de radiodifusión. No hay razón de necesidad, urgencia, mérito, conveniencia u oportunidad capaces de justificar el dictado de este decreto", había dicho entonces un grupo de legisladores, entre quienes estaba la actual ministra de Defensa, Nilda Garré.

Un poco a favor. La Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), que agrupaba a varias entidades, había difundido entonces su opinión respecto al polémico decreto. "Viene a corregir algunos de los aspectos normativos más anacrónicos, lo cual sin duda es auspicioso, pero no suficiente".

En noviembre de 1999, el Congreso convirtió en ley un proyecto para crear un multimedio estatal, que contemplaba la creación de una comisión de comunicaciones que unificaría a Radio Nacional con el servicio de radiodifusión de la Argentina en el exterior y con ATC. La iniciativa preveía que ese multimedios del Estado fuera controlado y supervisado por una comisión bicameral del Congreso.

Intento de la Alianza. Durante los primeros meses del radical De la Rúa como presidente, en marzo de 2000, el Gobierno anunció la "decisión de construir consensos" con diversas entidades privadas de la radiodifusión y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupaba a las universidades nacionales, para converger en una nueva ley

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