Razones para denunciar la corrupción

La corrupción: ¿delito que debemos callar o denunciar?

De acuerdo con la información brindada por la Contraloría General de la República, la corrupción es un acto ilegal en el que una autoridad abusa de su poder para obtener beneficios propios; sus causas en el aspecto social son: la falta de un servicio profesional que fiscalice los actos de los gobernantes y la insuficiente participación ciudadana en actos de evaluación de la gestión pública; y en el económico: el insuficiente pago a los trabajadores públicos que genera un descontento y posibilita que la corrupción tenga cabida en las acciones públicas. Cabe resaltar que, la población considera que es el principal problema del país y que lo afecta a nivel social, político y económico; hecho que se demuestra en una reciente encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos. Por eso, considero que es de gran importancia denunciar esta clase de delito.

Primeramente, la corrupción acarrea perjudiciales consecuencias para el poder representativo del Estado pues ocasiona una debilitación de la credibilidad de su correcto funcionamiento y transparencia ante la sociedad; un ejemplo muy claro es la manera en que los audios entre Moisés Mamani y Kenji Fujimori, acabaron con la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski debido, principalmente, a las afirmaciones que daban los demás congresistas en su contra.

Además, es un obstáculo en el camino al desarrollo de un país, ya que la corrupción es un factor que mide dicha estabilidad, y es que en un sistema democrático donde los índices de corrupción son altos, evidencia una perpetuidad de desigualdades sociales y la vulneración de diversos derechos a causa de conductas que califican como delitos contra la administración pública.

Por consecuencia, al no poseer como República un nivel considerable de desarrollo y ante los antecedentes de escándalos de corrupción, la economía peruana puede verse afectada; afirmación que es claramente respaldada por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien posteriormente al Caso Odebretch, informó de un impacto negativo de hasta 0.6% en el Producto Bruto Interno.

Desde otro punto de vista, están establecidos beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad, pues el Nuevo Código Procesal Penal regula medidas de protección aplicables a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en los procesos penales; algunas de estas son el cambio de residencia, reserva de identidad y datos personales en las diligencias que se practiquen y utilización de procedimientos que imposibiliten la identificación visual de la persona. Incluso, en el ámbito administrativo, la anteriormente mencionada Contraloría General, protege a cualquier ciudadano que denuncie con fundamento la comisión de hechos ilegales que se den en cualquier entidad pública, por eso, la Ley N°29542, impide que el funcionario o servidor público denunciante sea removido de su cargo como consecuencia de la denuncia calificada y admitida.

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