Responsabilidad del Estado por crisis penitenciaria COLOMBIA

La responsabilidad del Estado por la crisis penitenciaria en Colombia.

En el presente escrito se abordará el tema de la responsabilidad de las autoridades públicas por la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, para tal efecto, es indispensable hablar de la crisis que enfrentan los centros penitenciarios en el país, desde la problemática institucional hasta los fenómenos sociológicos que generan dicha crisis.

 Así pues, la crisis del sistema penitenciario en Colombia es palpable, partiendo del hecho de que no se cumple el fin de la pena que es la resocialización del individuo, pues es evidente que este propósito no es viable cuando las condiciones de los reclusos son tan deplorables que no pueden ejercer sus derechos mínimos, los cuales no se pueden vulnerar de ninguna forma ni siquiera con la restricción de la libertad, pero sucede que en el sistema penitenciario hay muchas falencias, el hacinamiento por un lado es eje de la crisis pues denigra la dignidad humana, porque no se puede hablar de tal si se vive en un espacio tan reducido para el desenvolvimiento personal, y por otro lado el desdén institucional por esta crisis es lamentable, pues no hay políticas públicas que sean efectivas a la hora de mejorar las condiciones de quienes están privados de la libertad, y asimismo no hay políticas que sean relevantes para frenar la violencia y delincuencia en el país, no existe una política laboral garantista y mucho menos existe un sistema educativo sólido el cual genere un cambio en el paradigma social que acarree una reducción en la violencia y por tanto una reducción en el número de personas que activan los tipos penales.

Es claro entonces que el hacinamiento es un problema central, pero no el único, dado que la violencia, la desprotección y la falta de garantías mínimas están latentes en el sistema carcelario, las autoridades han desdibujado sus parámetros constitucionales y han incumplido su papel de garante frente a los reclusos puesto que la imposibilidad de adquirir bienes y servicios es remota, el sistema de salud, los programas de resocialización a través del trabajo y la educación son casi nulos, al igual que la alimentación, la infraestructura y los servicios sanitarios.

Respecto de este tema la corte constitucional en sentencia T-388 de 2013 se ha manifestado de la siguiente manera:

“En las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, así como de los servicios que se presentan en cada establecimiento, la posibilidad de que se den tratos crueles, inhumanos e indignos aumenta notoriamente. La deshumanización de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente. Las condiciones en que son mantenidas las personas privadas de la libertad, por ejemplo, suelen ser relacionadas con las condiciones en que existen algunos de los animales relegados en nuestra sociedad a los lugares de suciedad. Por ejemplo, las personas que son sancionadas dentro de los establecimientos de reclusión, en ocasiones, son sometidas a condiciones inhumanas e indignantes…. El deterioro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en uno de los problemas estructurales que, sumado al hacinamiento, generan patéticas condiciones de existencia, a las cuales son sometidas las personas recluidas en prisión.”

Con lo expuesto por la Corte es evidente que el problema o la crisis del sistema penitenciario es de Derechos humanos y de derechos fundamentales que se en vulnerados de forma tan plausible que no atribuir la responsabilidad al Estado sería una negación del sentido común, y es que no solamente el Estado está desconociendo su rol de garante, sino que está contribuyendo a que los hechos de violencia que se generan dentro de los patios sean muy frecuentes, pues la corrupción de instituciones como el INPEC se ha dilucidado en eventos en los que los guardias o los dirigentes no cumplen su trabajo a cabalidad.

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