Respuestas lentas e ineficientes de las fuerzas policiales y de la justicia que agrava los conflictos de violencia hacia la mujer

Respuestas lentas e ineficientes de las fuerzas policiales y de la justicia que agrava los conflictos de violencia hacia la mujer

El preocupante panorama de nuevos casos de feminicidio evidencia el estado de indefensión de las mujeres frente a la violencia machista (Arana, 2018). Por ejemplo, el emblemático caso de Arlette Contreras, quien fue agredida brutalmente por Adriano Pozo en el 2015, refleja la vulneración del derecho al acceso de la justicia ya que fue expuesta a la revictimización. Por ello, en las siguientes líneas, explicaré cómo la gestión del Estado para enfrentar la violencia constituye un factor de riesgo que influye en la ejecución de la justicia.

Existen medidas insuficientes que ralentizan el enfrentamiento de la violencia contra la mujer. Por un lado, la ausencia de servicios o que estos no tengan gran cobertura de alcance, componen un aspecto que acentúa la problemática. De acuerdo con el informe estadístico del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016), se cubrió al 100% la instauración de los Centros Emergencia Mujer (CEM) a todas las provincias. Pese a esta implementación, los reportes de situaciones de violencia solo evidencian el aumento de la cantidad de agredidas. De este modo, un estudio realizado por la abogada Cynthia Silvia (2016) concluye que resulta un desafío en el Perú garantizar el acceso a los órganos de justicia a las víctimas de violencia; además, revela que el Dr. César Martin, ex presidente del Poder Judicial, reconoció que el 90% de los casos reportados terminaron por absolución, lo cual confirma la predominancia de la impunidad. En consecuencia, se genera la desconfianza en los sistemas de justicia.  Asimismo, la Defensoría del Pueblo (2016) declaró que, “el 92% de las entrevistadas señalaron que no se les brindó medidas de protección y el 36% recibió comentarios descalificadores por parte del personal policial”. Para la socióloga Liz Meléndez (2017), la impunidad es un “vergonzoso mal” que ocasiona la incredulidad en la justicia y el abandono a los procesos judiciales en la que las afectadas terminan siendo violentadas.

Del mismo modo, otro agente relevante del tema es la presencia de limitaciones para mejorar la atención a las víctimas de violencia. En primer lugar, la falta de capacitación al personal de salud, policial o judicial, crea una deficiente calidad de respuesta frente a estos casos. La carencia de apoyo institucional no permite la especialización en esta materia. Según el Reporte de Adjuntía 002-2018, el 52% de mujeres consideran que las dependencias policiales no cuentan con un ambiente adecuado para presentar la denuncia y, recomienda al Ministerio de Economía dotar un presupuesto adecuado para ampliar y mejorar la calidad de atención. En segundo lugar, el desconocimiento de sus derechos fundamentales es una característica común de las víctimas. Un 75% de las usuarias indicó no conocer el contenido de la Ley N° 30364 (Informe de Adjuntía N°063, 2017). Esto se debe a la aparición de inconvenientes en la difusión de información sobre sus derechos y los procedimientos existentes para la sanción de los hechos de agresión; como también, a la inestable coordinación con otras entidades públicas encargadas de atender estos incidentes. A raíz de esto, surge una cultura de insolidaridad social que naturaliza la violencia debido a la minimización del problema. Al respecto Mendieta (2018), precisó que ante un hecho de agresión el silencio te convierte en cómplice de estos abusos.

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