SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

INTRODUCCIÓN

La Seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las Políticas de Estado, pues se está viendo afectada uno de las principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizá la problemática específica en este tema de Seguridad Ciudadana esta en lo urbano más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital Humano.

Por esta razón nos parece interesante plantear un tema de esta magnitud, realizando así un análisis de la Delincuencia Común, sus principales actores, su dinámica, y sus consecuencias.

Con el presente trabajo pretendemos contribuir al mejor conocimiento de la situación delincuencial en el Perú, a pesar de las limitaciones y posibles errores de este proyecto de investigación.

I. SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERU

La criminalidad y violencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema político social de primer orden, que exige la necesidad de implementar medidas Concretas para disminuir la violencia urbana en las principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectos los padece transversalmente toda la población.

Esta violencia obedece a muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural, donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo, éstos históricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil formación ciudadana.

La criminalidad y la delincuencia urbana es una de las manifestaciones más notorias de la violencia contemporánea. Las ciudades enfrentan altas tasas de delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la población. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y en la calle, lograr que las ciudades sean más seguras son ingredientes indispensables para un desarrollo sostenido.

Históricamente las ciudades siempre han sufrido en mayor o menor dimensión los avatares de la violencia, pero hoy en día, por la incidencia de muchos factores estructurales como la desocupación, falta de empleo, las migraciones, la pérdida de valores, etcétera, han elevando sus índices tornándose más agresivas y temerarias.

Actualmente la participación en las estructuras sociales como lo es la previsión contar la delincuencia es de vital importancia, ya que se trata de una necesidad histórica pues refleja que el hombre es actor y artesano de su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho fundamental, sin el cual no podrá hablarse de democracia.

Dicha participaciones ha traducido en la aparición de nuevos enfoques de seguridad que se distinguen de los sistemas tradicionales de prevención y represión, pues en los primeros se encuentra una participación activa de la sociedad y en los segundos se trata de las soluciones clásicas establecidas únicamente por las autoridades.

Por lo que es importante fomentar esta participación ciudadana como parte de una política criminal, a fin de disminuir los índices de delincuencia y eliminar el sentimiento de inseguridad pero principalmente para regular los alcances de la participación ciudadana, evitando la justicia por propia mano, a fin de reguardar los derechos fundamentales mediante la preservación de un estado de derecho, beneficiando a todos y cada uno de los individuos ya que la seguridad es pilar fundamental para la sobrevivencia y progreso de toda sociedad civilizada y la razón de la existencia del estado.

ANTECEDENTES

En el mundo

Con el advenimiento de la crisis económica en la década del ochenta, se cierra una época, en la cual el crecimiento económico y las características del estado de bienestar permitieron un incremento de la participación de ciertos segmentos importantes de la población

Hoy, la situación es diametralmente opuesta. Frente a la crisis económica, a las políticas de ajuste implantadas, a los procesos de modernización estatal y a la apertura económica, se observa el aumento de las violencias urbanas y el deterioro ambiental, con lo cual no solamente se ha generalizado la inseguridad social y económica, sino que también se ha incrementado la inseguridad ciudadana y ambiental.

En este contexto, América Latina se ha convertido en uno de los continentes más violentos del mundo, si nos atenemos a las tasas de homicidios.

La violencia crece en las ciudades a un ritmo superior a la urbanización, convirtiéndose en uno de los factores más importantes de la calidad de vida de la población urbana. No hay dominio de la vida citadina donde las violencias no hayan penetrado dejando efectos devastadores.

El mundo urbano es el modo de vida fundamental para la mayoría de los latinoamericanos y, en este contexto, la violencia comienza a marcar las relaciones entre sus habitantes: inseguridad, desamparo, agresividad, autodefensa, etc., con lo cual la población restringe su condición de ciudadanía y la ciudad disminuye su cualidad de espacio público por excelencia.

América del Sur:

América del sur es la región donde se presenta un índice de criminalidad bastante alto. Este índice se mide por la tasa de homicidios ya que es una cifra relativamente fácil de registrar. La criminalidad alta, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, se da en ciudades de El Salvador, Brasil, Colombia, Guatemala, México. Otros de criminalidad baja, con 0.5 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes como las ciudades de Costa Rica, Chile, y Uruguay.

En el Perú:

En el Perú, como en el resto de América Latina, buena parte del debate público acerca de cómo enfrentar la inseguridad gira en torno de cómo hacer más eficaz y más severa la pena de los hechos delictivos. Como si la única respuesta posible fuese encerrar a un número cada vez mayor de jóvenes; como si las cárceles no estuvieran ya abarrotadas y sobre pobladas. No cabe duda de que cualquier política de seguridad pública debe contemplar el fortalecimiento del sistema penal, para hacer que las instituciones que lo integran sean más eficientes. Pero restringir las políticas públicas de seguridad al ámbito de lo penal, y, peor aún, pretender resolver los problemas incrementando las penas para que el mayor número de conductas se castiguen con cárcel (y con el mayor número posible de años de encierro), es un grave error. Es el error al que conducen las llamadas políticas de "mano

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