SEGURIDAD CIUDADANA Y FORMACIÓN POLICIAL

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SEGURIDAD CIUDADANA Y FORMACIÓN POLICIAL

Com. IAPMV (J.)/Abg. Johhan A. Pérez P.; C.I.: V-12.864.044

CEFOUNES –Vargas

RESUMEN (ABSTRACT).

        A propósito de la implementación de un nuevo modelo policial de corte humanista y garantista, apegado al más profundo respeto a los Derechos Humanos y más cercano a las comunidades, hoy este plantea serias dudas con relación a su efectividad. Todo ello como consecuencia de procesos formativos, que en su concepción, resultan especialmente destinados a insertar al funcionario policial dentro de su entorno social, lo que en teoría simplifica y hace aun  más eficiente su función;  pero que en la práctica lo ha colocado en una posición de vulnerabilidad ante el fenómeno criminalidad en sus múltiples formas, motivado a la incertidumbre generada por un sistema formativo laxo y disciplinariamente relajado, que le imposibilita desligarse de un entorno que le afecta económica, cultural y socialmente y que no le permite reconocer los peligros de su profesión, dejando atrás valores y principios necesarios para su ejercicio, ante la necesidad de su propia sobrevivencia.

Descriptores: Policía, formación, disciplina, incertidumbre, comunidad.

El ejercicio a función policial a través de la historia siempre ha significado una cuestión compleja  para particulares,  intelectuales y, especialmente, para los Estados como garantes de la paz y el orden público dentro de sus fronteras a través del ejercicio legal y proporcional de la violencia, así resulta de vital importancia para estos considerar los procesos de formación, capacitación y adiestramiento de los hombres y mujeres encargados de ejercerla por delegación de sus representantes legalmente constituidos.

La sociedad venezolana, al igual que muchas otras sociedades latinoamericanas, a vivido continuamente bajo los efectos producidos por más de 300 años de colonialismo impuesto a sangre y fuego por las hegemonías del viejo mundo y que ha dejado su huella en todos y cada uno de los aspectos que hoy conforman nuestros modos y formas de vida, y de lo cual no escapa la función policial. La cultura coactiva y represiva heredada de la necesidad de subyugar a la población, en un principio indígena y posteriormente mestiza, fue transmitiéndose de generación en generación hasta quedar entronizada en la personalidad del latinoamericano hasta el punto en que, en muchos casos, se le hace muy difícil convivir en sistemas organizados donde prive el libre albedrio interpretándose este ultimo como el actuar por convicción, sin que deba sentir paradójicamente la necesidad de ser controlado, reprimido o coaccionado, en especial por los órganos de seguridad. En este orden de ideas la formación policial, casi siempre influenciada por el estamento militar, estuvo orientada desde sus inicios a la represión de la sociedad que había jurado proteger involucrando cientos de procesos de orden coactivo que en nada beneficiaron por un lado los métodos de investigación y aplicación de la ley, y por otro, tampoco propiciaron el acercamiento de los cuerpos de seguridad a las comunidades y sectores vulnerables de la población; situación que se vio reflejada en nefastos y notorios hechos que involucraron a funcionarios y funcionarias policiales y que han quedado gravados de forma indeleble en la memoria del venezolano por sus consecuencias, como por ejemplo el célebre “Caracazo”, el “Monstruo de Mamera”(tristemente inmortalizado por el cine venezolano), la “Masacre del Amparo”, los Casos “Kennedy” y “La Poma”, entre otros.

Ante este macabro panorama surge en el estado Venezolano la imperiosa necesidad de reformar totalmente el sistema policial y sus formas de operar, interviniendo desde el uniforme, pasando por sus recintos, hasta llegar a constituir todo un marco legal que por primera vez viene a considerar al funcionario policial como un profesional activo dentro de una sociedad de la cual, como ya se ha expresado en artículos anteriores, se sentía excluido. Pero este proceso gradual se ha visto obstaculizado en muchas ocasiones, no por la reticencia de los funcionarios y funcionarias a romper con el antiguo paradigma, sino más bien por el carácter radical de algunas “novedosas” disposiciones que chocan, por así decirlo, con el verdadero carácter del ejercicio de la función policial, en especial las inherentes a la formación de la nuevas generaciones de policías.

En este orden de ideas y antes del advenimiento de la Revolución Bolivariana los centros de formación policial distribuidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, se caracterizaban en su mayoría por procesos educativos de carácter más técnico que humanista, bajo un régimen interno donde los aspirantes a funcionarios y funcionarias policiales convivían inmersos dentro de un sistema disciplinario que imponía severas normas de conducta, como consecuencia de la ideología heredada de los procesos de formación castrense. En este sentido  se pretendía que los aspirantes obtuvieran todos los conocimientos teóricos y prácticos destinados a que posteriormente, en el ejercicio de su oficio, resultaren agresivos, rápidos y eficientes en la represión del delito y en consecuencia también de aquellas personas consideradas “sospechosas” de cometerlo, lo que en la práctica, dada la filosofía militar orientada a la destrucción del enemigo; encontraba resistencia en la comunidad generando animadversión por los órganos de seguridad en cada uno de los ciudadanos, todo ello como resultado del uso indiscriminado de la violencia y de otros fenómenos de orden sociológico o criminológico añadidos, por así decirlo, al “pensum” de estudios; como por ejemplo  la “criminalización de la pobreza”. No obstante, y sin ánimos de justificación, este régimen situaba directamente al aspirante a funcionario policial frente a una serie de principios y valores que lamentablemente se han ido diluyendo en el proceso formativo actual, desdibujándose la esperanza del hombre nuevo en los futuros garantes de la ley.  

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