Seguridad Ciudadana

La seguridad ciudadana está en el debate público latinoamericano desde muy distintas perspectivas. La prensa, en general, tiende a destacar los hechos más violentos, ejerciendo un papel de denuncia del aumento de la violencia y de la inseguridad en los distintos países de América Latina.

En los 15 años de la Revolución Bolivariana, la sociedad Venezolana ha asistido a un creciente protagonismo de las preocupaciones ciudadanas relativas a la criminalidad, la violencia e inseguridad urbana y rural; preocupaciones que se reflejan tanto en la agenda pública como en los medios de comunicación. Bajo la denominación genérica de "seguridad ciudadana", estas preocupaciones ponen en el centro del debate, no solo a las cuestiones relativas a los costos crecientes del aumento de la violencia, la criminalidad, la segregación urbana, regional o la estigmatización de grupos y poblaciones completas, sino también a los procesos mismos de consolidación democrática que se encuentra viviendo actualmente en el país, toda vez que en ellas se articulan determinantes económicos, políticos, sociales y culturales.

El compromiso actual del gobierno desde hace mucho tiempo, y en particular después del proceso participativo de formulación y aprobación de la actual Ley Orgánica del Servicio de Policía y la Ley del Estatuto de la Función Policial, la sociedad venezolana ha demandado con insistencia que el país tenga políticas, y estrategias integrales de seguridad, desde una perspectiva de la seguridad humana y ciudadana. La Democracia Participativa se dio inicio con rango Constitucional en el año 1999 con el Gobierno del Comandante Presidente Hugo Chávez, y es a partir del año 2006 que empieza a sostener una política de transformación de la policía venezolana mediante acciones de carácter estratégico que han permitido avanzar hacia la reconfiguración del servicio de policía de cara a un servicio humanista, garantista de los derechos fundamentales y capaz de aproximarse a la comunidad para prevenir el delito y reprimirlo cuando fuere necesario.

Frente a este complejo escenario de inseguridad, una de las respuestas más inmediatas es la implementación de la Seguridad Ciudadana.

1.- Concepto de Seguridad Ciudadana:

La seguridad ciudadana puede entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con amenazas como el delito y la violencia (PNUD 2005, 35; PNUD 2010b, 31).

La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna (Informe Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica PNUD 2010b, 31).

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana depende de la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan proteger de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos humanos la integridad física y material de las personas.

La seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social.

Esta concepción está centrada en el bienestar de las personas y considera que la provisión de seguridad ciudadana es un requisito indispensable para su desarrollo humano. Asimismo, subraya el papel central que tiene la vigencia real y la tutela de una serie de derechos humanos que son exigibles frente al Estado (PNUD 2010b, 38; PNUD 2013, 7). Así, la falta de empleo, la pobreza, la inequidad o la carencia de libertades, por citar sólo algunos ejemplos, son obstáculos directos para la convivencia y la seguridad ciudadana (PNUD 2005, 32).

2.- La Seguridad Ciudadana y su retroalimentación para el Desarrollo Humano

La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el desarrollo humano; y viceversa, el desarrollo humano condiciona la seguridad ciudadana. En efecto, sin seguridad ciudadana, que protege un núcleo básico de derechos, las personas no pueden desarrollar plenamente sus capacidades ni contribuir con todo su potencial a mejorar a sus familias, sus comunidades y las instituciones.

Además, las amenazas a la seguridad ciudadana pueden impactar también a las personas no directamente afectadas e incluso a las generaciones futuras. Más aún, algunas formas de violencia no son hechos aislados, sino que se presentan de manera recurrente en la vida de las personas, lo que tiene un efecto sostenido de socavamiento de libertades y capacidades La violencia intrafamiliar, por ejemplo, constituye una amenaza a la seguridad ciudadana en tanto limita y vulnera las posibilidades de desarrollo humano de las personas que la sufren. Un niño que sufre violencia en el hogar tendrá menos oportunidades de expandir libremente sus capacidades de aprendizaje y disfrute.

Asimismo, una mujer víctima de violencia por parte de su pareja o por parte de algún familiar verá gravemente afectadas sus opciones de desarrollo y su capacidad de decidir sobre lo que quiere “hacer” y “ser” (Bott et al. 2012).

Los impactos de la inseguridad pueden analizarse a partir de tres dimensiones vinculadas al desarrollo humano: la dimensión individual, la dimensión social y la dimensión institucional. Los impactos que ocurren en una dimensión pueden afectar otros ámbitos, tanto individuales como colectivos. Dicho de otra forma, los hechos de violencia y delito que impactan a nivel individual las libertades y garantías de las personas pueden tener repercusiones en la confianza interpersonal, en el tejido social y en la percepción de las personas sobre la capacidad de las instituciones democráticas de proveer seguridad ciudadana.

Si bien las amenazas a la seguridad ciudadana impactan negativamente en todas las personas, no impactan a todas por igual: el impacto varía de acuerdo con el género, la etnia, la identidad sexual, la edad, la raza, la clase social e incluso el lugar de residencia. Esto, a su vez, obedece a las distintas capacidades y oportunidades reales que tienen las personas y a sus distintos grados de vulnerabilidad y riesgo.

Tanto en América

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