Seguridad Ciudadana

El aparato público y la violencia

Desde el ángulo del Estado, se han elaborado mecanismos sociales institucionales para diferenciar la violencia legítima de la ilegítima. Para el Estado, esta es una realidad paradójica , pues controla el uso de la violencia y a la vez —en la concepción tradicional de Weber—, tiene el monopolio en el legítimo uso de la fuerza. Por consiguiente, el Estado es un factor clave en la prevención, la producción, el control y la sanción de la violencia. Desde el pacto hobessiano, se presume que la sociedad entrega el poder al Estado, dentro del cual se encuentra el uso de la fuerza, y en retorno recibe garantías de libertad y seguridad. Si ello no es así, se abre la alternativa perversa del recurso a tomarse la justicia por la propia mano.

Como puede deducirse fácilmente, no cabe plantear el debate respecto al papel del Estado en la solución de los problemas públicos desde los parámetros tradicionales del mismo si se parte de la premisa de que éstos dependen de los mecanismos del mercado, pues éstos no tienen como objetivo proveer igualdad, seguridad y justicia... La tendencia a ubicar los males de la sociedad en la cabeza del sector público, que llevó desde comienzos de los años ochenta a colocarlo como la causa de todo lo negativo, se ha revertido de tal manera que su “achicamiento” per se ya no puede admitirse en ninguna discusión práctica. Por el contrario, cualquier tentativa de desmantelamiento del sector público para evitar este tipo de conflicto se encuentra en total contradicción frente a algunas intervenciones que se han mostrado muy eficaces.

Y aunque hoy no puede negarse el papel que puede jugar el sector privado en la movilización de esfuerzos para controlar la inseguridad, ello deberá ser siempre bajo la guía y el liderazgo del aparato público. Si hay algo claro es que la débil capacidad de respuesta del Estado está originada, entre otras, en una gran debilidad institucional del sector público para generar seguridad, que ha de concebirse como un “bien público” cada vez mas preciado y escaso.

Mas aún, la potestad del Estado debe ser consecuencia de su fortalecimiento en el nivel local, debido a los efectos nocivos de la violencia en el ámbito de la gobernabilidad municipal y urbana. Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo local es la violencia urbana. Esta afecta directamente a más del 75% de la población latinoamericana, que se encuentra en las ciudades. Sin perjuicio de las competencias del Gobierno Central para la definición de las políticas de seguridad, cada día se hace más urgente combinar adecuadamente esas políticas con los nuevos instrumentos de la descentralización y los mecanismos de la participación ciudadana en el nivel municipal. Hablar de seguridad ciudadana al margen del fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales es ignorar una dimensión central del problema.

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