Servicio Civil de Carrera. Caso de España.

España tiene precursores de su servicio civil  desde los siglos XI Y XII (Uvalle, 2000), en este tiempo la nación castellana mantenía las fuerzas centralizadas del territorio a diferencia del resto de Europa que había limitado poderes al rey. Para los tiempos del Imperio Colonial Español  empezó a establecer una idea clara acerca de la legalidad administrativa, habiendo servicios personales de los oficiales para el príncipe (Ibídem, 2000).

A partir del siglo XIX es cuando se comienza a hablar de un sistema fijo de servicio civil, Uvalle (2000) enfatiza a las regulaciones como  embrión del servicio civil actual. Este embrión contemplaba  a la militarización en los niveles administrativos, la cual estaba llevada de la mano con la influencia política. Era un sistema multi-climático, conforme pasaban dictaduras y republicas existían cambios de planes y despojos, el puesto administrativo se convertía en un patrimonio personal, esperado ambiciosamente por partidarios de las divergentes ideologías.

Entre todas las turbulencias que significó la historia de España entre la mitad del siglo XIX y los mediados del siglo XX, las legislaturas eran un parte aguas para la evolución del servicio civil, adicionándolo desde las especializaciones técnicas en dependencias “del tesoro” (Ibídem del ibídem, 2000), reconocimientos de derechos, incrementos de salarios hasta el aminoramiento de las corporaciones civiles, que eran privilegiadas en este sistema durante la dictadura de Francisco Franco hasta 1988.

La reforma de 1984 es la que instaura el Servicio Civil Español vigente, nuestro ibídem (2000) expone en resumidas palabras que “establece un sistema abierto basado en que se define la carrera administrativa, que anteriormente estaba dominada por las corporaciones”.

Estipulado principalmente en el Boletín Oficial del Estado, Numero 40, 15 de Febrero de 1984, se especifican las condiciones en manera de convocatoria pública, a los españoles mayores de 18 años no minusválidos y sin expediente que lo haya deshabilitado alguna vez del servicio, para ser funcionario de carrera español. En caso de no ser español, la convocatoria se abre únicamente a oriundos de cualquier país miembro de la Unión Europea, con requisitos especiales extras para ellos (Lidia, 2009).

El procedimiento de selección inicia con la publicación de la Convocatoria, la cual deberá ser emitida con carácter general, insertada en el medio de publicación oficial. La convocatoria tiene carácter inmutable pues en ella se asientan las bases generales, pruebas a superar y programas y formas de calificación aplicables (Manzana Laguarda, 2006). Por virtud de su publicidad son conocidas por todos de ahí que puedan ser impugnadas habilitando la posibilidad de recurrir el resultado. Legalmente, vinculan a la administración y a los órganos de selección que han de aplicar el procedimiento selectivo y a quienes participan en dichas pruebas.

Los procesos de selección de los que dispone el acceso a la carrera de funcionario español son: a) Oposición, b) Concurso y c) Concurso-Oposición. El proceso ordinario es el denominado “Oposición”, consistente en una serie de ejercicios en forma de pruebas de conocimiento y/o psicométricos, entrevistas, demás procedimientos objetivos y racionales que se apliquen a la selección, y alguno de estos tendrá un carácter práctico (ibídem, 2006). Semejante al proceso de ingreso para el servicio civil de la República Mexicana, solo que aquí hay un extra, el examen de visión de gobierno para identificar la propensión del candidato a la corrupción y una entrevista (Del Prado, 2005).

Mientras tanto, el concurso se encamina a la comprobación y calificación de los méritos de los aspirantes y en el establecimiento del orden de prelación de los mismos. Fócil Ortega (2007) aclara que estos méritos pueden presentarse en forma de valoración del trabajo en puestos anteriores, así como los cursos de promoción y perfeccionamiento de las escuelas de administración pública, las titulaciones académicas, la antigüedad, etc. con tal de que reflejen mayor valoración frente a los demás y se muestren ideales para ocupar el puesto administrativo en la mira. Además existe el proceso de selección concurso-oposición, en este relativo orden, con las mismas características.

El proceso selectivo pudo haber sido superado, pero a partir de aquí se incluyen períodos de prácticas o cursos selectivos, por lo que se prevé que los aspirantes que no superen esto otro perderán el derecho al nombramiento como funcionario de carrera (Lidia, 2006).

Un elemento esencial del servicio civil de carrera ha sido la capacitación de sus integrantes, lo cual ha favorecido su profesionalización (Sánchez Medero, 2007). Existen dos categorías de funcionarios: los generalistas, que tienen una formación sólida pero poco especializada (llamados juristas en Italia, Francia y Alemania, y formados en humanidades en Gran Bretaña); y los especialistas, que concentran sus conocimientos en áreas técnicas de trabajo (ingenieros, economistas, actuarios, contadores, etc.).

Retomando lo que establecen las disposiciones del Boletín Oficial en Lidia (2006), los candidatos que hayan superado las pruebas selectivas serán nombrados funcionarios en prácticas y deberán seguir con resultados satisfactorios un curso selectivo o un periodo de práctica administrativa, finalizadas las cuales se establecerá, el orden de los ingresados en cada promoción, que quedara reflejado en su hoja de servicios. El similar mexicano está organizado en comités a los que les compete esta capacitación, además de incluir exámenes periódicos de cinco años (Del Prado, 2005)

Superado el curso selectivo o el periodo de práctica, se concebirá por el secretario del estado para la administración pública a los candidatos calificados como aptos el nombramiento de funcionario de carrera (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, 2010). Los aspirantes propuestos aportaran ante la administración dentro del plazo de 20 días naturales desde que hagan públicas las relaciones de aprobados los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

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