Servicio Publico

El servicio público: ¿Es la concesión a particulares una forma de mejorar la calidad de los servicios públicos o el primer paso para la privatización de éstos?

“Originalmente el Estado se abstiene de intervenir, bajo el dogma del concesionario interpuesto, dejando la realización de dicho servicio al particular; y sólo, en el caso de que éste no actúe o sea, evidentemente deficiente, la Administración se hace cargo directamente del respectivo servicio.”

Jorge Enrique Romero Pérez

Resumen: el servicio público es aquel servicio que, originalmente, brinda el Estado como respuesta a una necesidad que demanda la colectividad, es decir, de acuerdo con el interés general. Sin embargo, en ocasiones, por medio de la concesión, se deja la prestación de este tipo de servicios en manos de particulares, lo que, en principio, no genera mayores complicaciones siempre que éstas cumplan con todos los requisitos que establece la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, sino que, más bien puede ser una forma de mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. El problema se genera cuando el Estado se olvida de su labor de supervisión y control de la prestación de estos servicios que se concesionaron, y únicamente toma cartas en el asunto cuando el descontento social por abusos en las tarifas, deficiencias en el servicio y discriminación se hace notar, lo que puede culminar en uno de los primeros pasos a la privatización de los servicios públicos, al dejar a la deriva el control sobre las concesiones, permitiéndole al sector privado administrar estos servicios a su antojo.

Palabras clave: Servicio público. Concesión. Administración. Administrado. Colectividad. Interés general. Bienestar. Calidad de vida. Privatización.

Índice. 1. Introducción. 2. El concepto de servicio público. 3. Diferencia entre “servicio público” y “función pública”. 4. Supuestos del servicio público. 5. Principios del servicio público. 6. La crisis del servicio público. 7. La noción actual de servicio público: la inclusión del sector privado como prestador de servicios públicos. 8. Efectos de la concesión de servicios públicos

1. Introducción

Uno de los objetivos primordiales de la razón de ser de la Administración es la satisfacción de las necesidades económicas, sociales, culturales e, incluso, políticas, de la colectividad. Lo que conlleva la tutela de los bienes demaniales así como la realización de funciones que se demandan del interés general, por lo cual son estrictamente acatables por la Administración, por derivarse éstas de los requisitos indispensables para lograr el bienestar y calidad de vida que exigen los administrados.

De aquí surge el servicio público como tal, de esa necesidad de satisfacción de requerimientos mínimos para la vida de la colectividad. Por lo que, le corresponde a la Administración, como ente encargado de tutelar los derechos que se originan del interés general y de regular los deberes que de éstos se desprenden, así como de administrar los recursos y bienes de dominio público, proporcionar a todos los ciudadanos, en la medida que cada uno lo requiera, el acceso a esos servicios públicos que las personas requieren para su vida y desarrollo individual y colectivo.

Sin embargo, la concesión de los servicios públicos es una tendencia de los Gobiernos que se ha puesto de moda en nuestros días, quizás por la imposibilidad de las Administración de tipo burocrática para cambiar de paradigma hacia uno más eficiente, no simplemente eficaz, en el desarrollo de la prestación de servicios públicos a los administrados, quizás por la falta de recursos para prestarlos de manera óptima; lo cierto es que, la Administración está concesionando servicios públicos a particulares, lo cual, en principio no genera mayor inconveniente, pero, ¿qué pasa cuando la Administración no regula la prestación de servicios de las concesionarias? Aquí es donde surge la interrogante de si la concesión aumenta la calidad del servicio público o, por el contrario, es el primer paso para la privatización del mismo, dada la poca o nula intervención estatal sobre ésta. La cual tratará de responderse en este ensayo.

2. El concepto de servicio público

De acuerdo con Fraga, 1952, “resulta bastante claro que se está muy lejos de un criterio inequívoco y universalmente aceptado sobre el servicio público”. (Fraga, 1952: 17). Por lo que se puede decir que definir el servicio público con un concepto preciso e invariable resulta casi imposible, ya que, existen tantas nociones de servicio público como autores lo definen, puesto que su noción depende de la época, lugar, legislación, jurisprudencia y doctrina aceptada por cada país en particular, siendo así que para algunos, el servicio público lo debe brindar exclusivamente el Estado, mientras que otros admiten que éstos estén en manos de particulares; hay países donde el Estado debe ejercer una labor de supervisión exhaustiva y continua sobre los particulares que prestan el servicio público, y también hay los que, una vez que otorgan la concesión, sólo intervienen ante la falta de prestación del servicio o deficiencias demasiado notorias que culminan con el descontento social. Así, Fraga, 1952, apoya este argumento, al exponer que no existe en Derecho Administrativo:

“un criterio preciso, único del servicio público; en el estado actual de nuestra técnica jurídica no se puede decir: el servicio público reúne tales caracteres precisos, siempre los mismos, tampoco se puede decir: para que haya servicio público es necesario y bastante que tales caracteres determinados existan en una empresa” (Blondeau. La concesión del servicio público, 1933: 57; citado en Fraga, 1952: 17)

Esto genera cierta confusión al respecto si se desea estudiar el servicio público como concepción teórica, inmutable, únicamente. Sin embargo, algunos conceptos permiten crearse una aproximación a la realidad a partir de la teoría, por lo que se resaltan algunos en los siguientes puntos.

2.1. El concepto amplio

La escuela realista de la doctrina francesa propone un concepto amplio de servicio público, a saber: “Toda actuación administrativa deviene así en servicio público.” (Garrido, 1982: 342). Desde esta perspectiva, se considera servicio público a toda actuación que realiza la Administración. Es obvia la implicación de este concepto. Si se considerara que esta definición es correcta, toda, absolutamente toda la función pública, incluyendo los actos administrativos para todos los propósitos, sería servicio público, lo que no es correcto, esto porque no todos los actos administrativos

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