Socio Critico

Durante décadas la política social del Estado venezolano siguió un programa de inversión en capital humano y de intervenciones en lo económico (en el mercado laboral, control de salarios y subsidios indirectos al consumo) que a la postre convirtió al sector social en un área que absorbía recursos sin evaluar el impacto de sus acciones y que más bien atendía las demandas de los grupos articulados políticamente. A consecuencia de la crisis de la década de los 80, cuando los cambios en las condiciones económicas debilitan la continuidad de las políticas con fines distributivos, queda en evidencia el bajo impacto de las políticas sociales dirigidas al fortalecimiento del capital humano para mejorar la pobreza creciente en el país. La ausencia de objetivos y criterios distributivos, los límites al principio monopolista del Estado, las ineficiencias derivadas del principio de universalización, así como los problemas de orden institucional en el sector social se tradujeron en un deterioro de la calidad de los servicios sociales prestados y una merma en los niveles de cobertura.

En la década de los 90, junto con los programas de ajuste macroeconómicos comienzan a instrumentarse un conjunto de programas sociales como estrategia complementaria de atención a los problemas y déficits de la política tradicional en este sector, orientados a poblaciones específicas, a través de instituciones especiales, con una mayor participación de la sociedad civil, de las comunidades y de los gobiernos regionales y locales. Esta experiencia se inicia con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP) durante 1989 y 1993, y posteriormente con el denominado Plan de Solidaridad Social y el componente social de la Agenda Venezuela, durante los años 1994 y 1998.

A partir de 1999, con el comienzo del actual gobierno, el país es escenario de una serie de cambios en la esfera político-institucional. Se inicia el proceso constituyente que terminó con la aprobación de una nueva Carta Magna. En este nuevo marco jurídico se amplían en su alcance y se especifican algunos derechos sociales contemplados en la Constitución anterior y se reconocen otros a los fines de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población.

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