Trabajo Sociopolitico De La Educacion Venezolana

Trabajo socio político de la educación en Venezuela

El proceso educativo se entiende como un derecho de los ciudadanos y un deber social que tiene la función de guiar, orientar, estimular a los alumnos para despertar su iniciativa, su capacidad y análisis, para que éste, logre el pleno desarrollo de la personalidad y se convierta en un ciudadano apto para la vida, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Todo ello, tomando en cuenta la preeminencia constitucional que se otorga a lo social, en cuanto dicho contenido informa la esencia misma del Estado, el cual concreta sus principios y fines mediante acciones que se hacen operativas mediante el diseño y puesta en práctica de políticas de distinta naturaleza, entre las cuales, posee especial trascendencia la cuestión educativa, considerada por el Constituyente como un instrumento fundamental para el logro de los fines esenciales del Estado (Arts. 2,3 y 4 C.R.B.V: 1999).

Esto representa un gran viraje en relación a la perspectiva de la Constitución de 1961, “La política social fue concebida como un conjunto, poco coherente, de acciones, programas y planes sectoriales e intersectoriales bajo el paradigma que privilegia la noción de inversión social”. El objetivo era proporcionar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la economía” (Maignon, 2004: 42). Por ello se encaminaban hacia las áreas de salud, vivienda, seguridad y educación.

Se admite que la preocupación de un ordenamiento jurídico-político que establezca, propicie y profundice la justicia social, traducida en un aseguramiento de los derechos civiles políticos ciudadanos, comporta sopesar el modelo de la relaciones entre la sociedad y el Estado, bajo unos parámetros diferentes a los propuestos por el liberalismo y, en consecuencia interpretar los derechos humanos fundamentales (políticos, económicos, sociales y culturales) partiendo de una perspectiva diferente y mediante un conjunto de principios en el orden constitucional, entre los que destaca la igualdad, la equidad, la libertad, la solidaridad y el respeto a la diversidad (Martínez, 2001).

Lo anterior, tiene aún más sentido, si se considera que en nuestras sociedades, (nos referimos particularmente a los pueblos latinoamericanos), la falta de educación es una manifestación de exclusión política que se suma a otras categorías de exclusión, como la social y la cultural. De cierto, mucho se ha discutido el hecho de que las dificultades de acceso a la educación, generan nuevas formas de estratificación ajenas a las estrictamente económicas y como tal, constituye un elemento más de cualquier análisis o estudio sobre la diferenciación social .

En definitiva, lograr un orden justo en las constituciones que impregne a la educación, debe partir de una formulación estratégica básica que logre la equidad en las oportunidades y, que conduzcan a alcanzar un mejor ejercicio de la ciudadanía, con autonomía en la producción, consumo y transmisión del conocimiento (Flores Arévalo, 2005).

Estas consideraciones evidencian la necesidad de asumir la educación como proyecto de Estado, en le sentido de que constituye el soporte para la construcción del sistema democrático. En este sentido, dentro de las Líneas Generales del Plan Económico y Social de la Nación para el período 2001-2007, el segundo eje referido a lo social pretende alcanzar la justicia social basado en la estrategia de incorporación progresiva (inclusión), desarrollando como objetivos la garantía del disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, disminuyendo progresivamente las inequidades sociales, priorizando la atención de las necesidades sociales y la descentralización.

El proyecto político contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Define a la política educativa como un derecho humano, y como un servicio público según lo contenido en los Artículos, 139, 141, 143, 168 y 62. Así mismo, la política educativa también se halla sustentada en los Artículos 102, 103 y 104 confiriéndole un carácter de: Democrática, integral, gratuita (hasta el pregrado universitario), permanente, obligatoria, plural, contextualizada, intercultural y bilingüe (para los pueblos indígenas). Donde el uso de la lengua indígena es obligatorio hasta el segundo grado de educación básica. (Artículo121), enseñanza obligatoria de la educación física y el deporte, con excepciones según la ley (Artículo 111); y educación ambiental obligatoria en educación formal y no formal (Artículo 107).

La Justicia social sería entonces alcanzada con la profundización de la base social democrática en todos los campos que le conciernen, como educación de calidad para todos, salud, vivienda y ambiente sano, acceso pleno a la cultura, universalización del deporte, atención especial para la población en pobreza extrema, recreación e información veraz y oportuna. Otra variante inmersa en la justicia social es la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad donde prevalece la acción comunitaria, para formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y la rendición de cuentas, en materia educativa planteándose la incorporación de la comunidad en el proceso educativo para procurar la universalización y elevación de la calidad de la formación de los ciudadanos.

En el marco de la Constitución de 1999, las reformas educativas que se están implementando en Venezuela se mueven entre la universalización del conocimiento, la identidad cultural y la búsqueda de una mayor equidad social.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1999 se han promulgado distintos decretos y resoluciones destinadas a regular todos los niveles de educación, abarcando la puesta en práctica de políticas educativas de cobertura nacional bajo la genérica denominación “Misiones”. De todo lo anterior se deduce que el marco jurídico de la educación en Venezuela, se encuentra desarticulado por dos circunstancias:

1. Por su estructura jurídica.

2. Por la mora legislativa en la cual ha incurrido la Asamblea Nacional, en cuanto a la sanción de los anteproyectos de Reformas de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades ó de Educación Superior

Tal como se viene planteando, para el año 2000 Venezuela inicia a través de la implementación de la política pública del “Proyecto Educativo Nacional” una nueva política educativa fundada en la inclusión social, en la atención integral al educando, y sobre todo en la transformación del currículo, de tal modo que las áreas de estudio se vinculen con la realidad y la problemática que experimentan los alumnos en su comunidad, en el país y en el mundo, todo ello se cimienta en una concepción educativa constructivista.

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