Transmisiòn

“En lo que respecta a la competencia que tienen las Fiscalías Municipales, debe señalarse lo previsto

en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público:

“Artículo 55. Las Fiscalías del Ministerio Público a nivel municipal son aquellas cuya

competencia territorial esté atribuida a uno o más municipios. Estarán adscritas a la

Fiscalía Superior de la circunscripción judicial en donde esté ubicado él o los municipios

cuya competencia le corresponda”.

De acuerdo con lo anteriormente transcrito, se evidencia que la competencia territorial de estas

Fiscalías se limita a los municipios o unidades políticas primarias de organización nacional que le

sean atribuidas.

En lo que concierne a la competencia material que corresponde a las Fiscalías de este nivel, el

artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público define los asuntos que pueden ser de su

conocimiento. Al respecto, se establece lo siguiente:

“Artículo 56. Los Fiscales o las Fiscales del Ministerio Público a nivel municipal tendrán

alguna de las siguientes atribuciones, según le sean asignadas por el Fiscal o la Fiscal

General de la República: 1. Ejercer la acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas

penas no exceden de tres años en su límite máximo, cometidos en el municipio dentro

del cual puedan ejercer sus atribuciones.2. Velar por el debido proceso y la protección

de los derechos humanos y garantías constitucionales en todo lo relacionado con el

ámbito municipal y la vida local”.

Tal y como puede desprenderse del citado precepto jurídico, la competencia material de las Fiscalías

Municipales comprende dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la norma descrita contempla

como una de sus atribuciones, el ejercicio de la acción penal, pero sólo en aquellos casos en los

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cuales se presume la ocurrencia -en el territorio competente- de un hecho punible de menor

entidad, bien se trate de faltas o de delitos cuya pena máxima no exceda de tres (3) años.

En segundo término, dicho artículo también prevé la facultad de velar por el respeto al debido

proceso, la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales en los asuntos de

interés local, como una manifestación del rol de garante que éstos deben desempeñar en su

territorio, derivada no sólo de la citada norma, sino además de la previsión dispuesta en el artículo

285, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en concordancia con el

artículo 49, ejusdem), y el artículo 16, numeral 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Conviene aclarar que entre la competencia material y territorial que el legislador ha atribuido a los

Fiscales

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