VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades, pero con frecuencia es aceptada y reconocida como parte del orden establecido, de esa forma, la mujer se encuentra en una situación de indefensión encubierta por la intimidad y privacidad de la vida familiar.

La violencia de género tiene lugar en casi todas las culturas y en todas las escalas sociales y la mayoría de las veces ocurre en el hogar. Se trata de un problema de salud pública y social y de salud pública debido al impacto negativo que ejerce sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad de las mujeres, siendo este un problema que afecta los a derechos humanos, que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales ente el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, en consecuencia está el hecho de definirla con claridad como primer paso para que, principalmente los Estados, asuman sus responsabilidades y exista un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer.

En Venezuela la violencia contra la mujer está tipificada como delito pero no por eso deja de practicarse y muchos casos no son denunciados por miedo o vergüenza.

En Venezuela se aprobó en 1998 la Ley Contra la Violencia hacia la mujer y la Familia, lo que en su tiempo fue una medida jurídica que permitió avanzar en la materia. En 1999, se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que visibiliza a la mujer de una manera transversal y se constituye en un instrumento de avanzada en materia de Derechos Humanos, por lo cual resulto inaplicable la Ley aprobada en 1998, dada su inconstitucionalidad, el Ministerio Publico se oponía a la aplicación por parte de los órganos receptores de denuncia de la medida cautelar de arresto del agresor, establecida en la ley para llevarse a cabo en las jefaturas civiles por un tiempo de setenta y dos horas, justificando se inconstitucionalidad. Ello perjudicaba a las mujeres víctima de violencia y las colocaba en una situación de mayor indefensión. En agosto de 2003, el Ministerio Publico, solicito al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad parcial de las medidas cautelares por inconstitucionalidad. Esta convocatoria jurídica fue resuelta mediante sentencia Número 972 de la Sala Constitucional de fecha 9 de junio de 2006 que anulo parcialmente la polémica Ley de Violencia contra La Mujer y la Familia. Ello provoco la movilización de las organizaciones de mujeres al tiempo que se habían recibido dos propuestas en materia para sustituir las fallas estructurales, presupuestarias y constitucionales de la Ley Vigente.

A pesar de que Venezuela

...