VIVIENDA DIGNA

1. VIVIENDA DIGNA PARA LA POBLACION DESPLAZADA, UN DERECHO FUNDAMENTAL.

1.1. PROBLEMA

El municipio de Ocaña, Norte de Santander no cuenta con políticas claras, para la reubicación de las personas desplazadas, realizando así acciones negativas que atentan a la seguridad, bienestar, la convivencia pacífica, el deterioro del núcleo familiar, a la vida, la dignidad humana, la integridad física, la salud y la vivienda entre otros, disminuyendo el sentido de pertenencia hacia el pueblo, a raíz de los bajos niveles de gobernabilidad, en relación de autoridades y habitantes del municipio ocasionando desintegración del tejido social.

Las autoridades locales han descuidado su responsabilidad y compromiso en cuanto al bienestar de la población desplazada y mejora de la calidad de vida, a consecuencia de ello las personas víctimas del conflicto sin importar su profesión, actividad, edad o estrato desconocen sus derechos, como hacerlos valer ante una autoridad judicial y los pocos que tienen noción de como acudir a un estamento , por miedo o amenazas a su integridad personal, y a la de su familia no lo hacen obligándose a vivir en condiciones precarias, ocasionando perjuicios para ellos mismos y para el municipio que los alberga.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vivienda digna para la población desplazada siendo un derecho fundamental, ha sido poca estudiada e implementada en el municipio de Ocaña Norte de Santander, es así como hasta el momento ninguno de los gobernantes en esta problemática social, con el objetivo de brindar una vivienda que cuente por lo menos con las posibilidades necesarias para iniciar una nueva, en condiciones dignas y con la plena garantía de sus derechos fundamentales, fortaleciendo así el tejido social, los buenos comportamientos y el respeto a la familia.

Existe por tanto un descuido y abandono en cuanto a las poblaciones desplazadas, no existe ni la formulación ni la aplicación correspondiente, lo que hace de las víctimas del conflicto incurran en accionares negativos para su entorno.

Hablamos así de la importancia de fortalecer los mandatos constitucionales, las leyes y demás normas afines a la vivienda digna para la población desplazada en el municipio, formando, sensibilizando y movilizando a los diferentes actores sociales a través de sus grupos representativos: autoridades locales, ONEGS, lideres comunitarios y comunidad vecinal, materializando las dimensiones de la vivienda digna para a población desplazada siendo ésta última un derecho fundamental como son: la vida, la dignidad humana, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad, la salud, la seguridad, el bienestar social, siempre direccionando todos ellos a fortalecer el núcleo esencial de una sociedad de vida y por ende de manera global el tejido social.

Desde los gobiernos locales no se han formulado políticas públicas que contribuyan al bienestar de la comunidad desplazada en cuanto a una vivienda digna, siendo esta fundamental para el desarrollo de la población y avance para la localidad; por otro lado la comunidad a pesar de los inconvenientes a los que se han vistos expuestos por el desconocimiento en sus derechos fundamentales no han tomado muchas medidas que permitan mejorar la situación, quizás por el mismo desconocimiento y diseño de un plan que permita hacer valer sus derechos que les pertenecen.

Por eso hemos decidido proponer a las autoridades locales la implementación de políticas

Muestra representativa de la población para entrar a corregir lo negativo y a proponer procesos positivos para que se materialicen en pro de la comunidad maltratada, a la vez capacitando en materia de derechos fundamentales para que tengan un conocimiento más amplio de lo que son y que por el solo hecho de ser personas humanas les pertenecen sin importar su condición.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Debido a la situación que se vive en el municipio, en donde se hace evidente el desconocimiento y la poca aplicación de política públicas por los diferentes actores sociales nace el interrogante sobre a que se deben estas acciones y sobre quienes recae la responsabilidad de la problemática en cuestión, siendo el estado el responsable frente a la población desplazada, pues es su deber garantizarles alojamiento, salud, alimentación y dotarlos de los medios necesarios para subsistir en condiciones dignas.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general: Proponer a las autoridades locales la implementación de políticas

Públicas, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas en condición de desplazamiento.

1.4.2. Objetivo especifico: Recolectar información para elaborar un diagnostico sobre el

Conocimiento de vivienda digna como derecho fundamental a la población desplazada de Ocaña Norte de Santander.

Fortalecer el tejido social mediante acompañamiento a la comunidad desplazada que permita la reconstrucción de sus proyectos de vida individual y colectiva.

Sugerir que se implemente en el plan de desarrollo local espacios o recursos que beneficien a la comunidad desplazada.

1.5. JUSTIFICACION:

El desplazamiento forzado es uno de los problemas sociales más agudo que ha vivido nuestro país, como consecuencia de la degradación del conflicto armado. Este es un problema de carácter violento y deliberado al cual están sometidas miles de familias, en su mayoría campesinas, durante muchas décadas en nuestro país, viéndose obligadas a abandonar sus hogares, actividades económicas habituales, la totalidad de sus pertenencias y su proyecto de vida, porque se encontraban sometidas a una amenaza inminente y al temor fundado de sufrir una afectación sustancial en sus derechos fundamentales. Reconstruir sus vidas en condiciones dignas se les convierte en un reto para todas estas familias, para las comunidades que las reciben y para el Estado. De esta forma se violan sus derechos a la vida, la libertad, la educación, la salud, la recreación, la familia, el trabajo, la organización, el libre tránsito o locomoción, la libertad de pensamiento e información, la vivienda digna, etc., lo que trae como consecuencia la imposición de una vida en condiciones de indignidad.

Así las cosas, el desplazamiento forzado es una violación múltiple a los Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos), que se adelanta de manera sistemática y acumulativa, cuyo responsable por razones de orden político, ético, jurídico y filosófico es el Estado, que ha suscrito los pactos internacionales que pretenden su garantía y salvaguarda, toda vez que no cesa sino cuando se produce el retorno a su lugar de origen

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