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Es indignante que “nuestro gobierno” destroce bultos de semillas de arroz solo por complacer a otra nación. ¿Por qué lo hicieron? por dos razones: 1, porque la mayoría era ilegal o no certificada, lo que para el ICA es un riesgo. 2, porque ninguna estaba en su empaque original sino en costales de harinas y fertilizantes que podían contaminarlas.

Pero el problema es más de fondo y pone en evidencia una guerra que vienen librando en los últimos dos años campesinos y multinacionales por la propiedad intelectual de las semillas certificadas. Es una batalla entre grandes y chicos. En éste campo agrícola existen dos clases de semillas: las criollas, que siempre las han utilizado los humildes campesinos y las certificadas, que son mejoradas genéticamente por multinacionales como Monsanto, entre otras.

En Colombia del total de semillas que se comercializan solo el 15 por ciento es de multinacionales. Las criollas tenían su espacio y no habían sido perseguidas. Pero desde el año 2010, cuando se promulgó la Resolución 970, empezó una cacería a la piratería de semillas.

En ésta persecución cayeron todas las semillas de tipo criollo porque la Resolución 970 tiene zonas grises y cataloga de ilegales todas las que no sean certificadas, obliga a los agricultores a “usar solo semilla legal” y prohíbe “tener a cualquier título semilla que no cumpla con los establecido en la Resolución”. El ICA en un comunicado precisó: “La normatividad busca ponerle fin a la llamada semilla de costal y a las de contrabando”.

Esas normas cayeron como anillo al dedo a los promotores del paro agrario. Además los campesinos y activistas culpan de todo a los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y Europa.

No obstante, con la firma del TLC con Estados Unidos uno de los compromisos era acoger un convenio que prohíbe usar las semillas criollas y obliga a los agricultores a sembrar solo las certificadas.

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