Violencia sexual en el paro nacional 2021

Laura Valentina Buitrago Porras

Ivonne Osorio Lumpaque

Violencia sexual: arma de guerra en el Paro Nacional 2021^[a]

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), define la violencia sexual (VS) como: aquellos actos de naturaleza sexual impuestos por la fuerza o mediante la coerción, la coacción, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder contra una persona (CICR, 2014). ^[b]Este tipo de violencia en situaciones de conflicto se emplea en forma de represalia, para infundir terror o como una “forma de tortura con fines de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que lo sufre” (Fernández Ortega y otros vs. México, 2010, párr. 128). En este sentido, la violencia sexual ha sido constituida en un tipo de estrategia bélica, en la cual los cuerpos femeninos son convertidos en territorios de guerra. Es así como en el contexto colombiano, el uso de este tipo de violencia ha sido extendido y generalizado en diversos escenarios, desde el conflicto armado hasta las manifestaciones sociales y los paros nacionales.

La VS se configura como una forma de tortura, teniendo en cuenta que esta última se define como un trato cruel e inhumano, caracterizado por la vulneración del derecho a la integridad, la severidad de sufrimiento, la intencionalidad y la finalidad con la que se perpetúa (Galdámez, 2006). Aunque las condiciones en las que se desarrolla una guerra armada no pueden ser equiparadas con los escenarios de protesta social, en el país han sido documentados varios casos en los cuales la fuerza pública (policía y ESMAD) han implementado diversas formas de tortura en las cuales la VS sistematizada es un mecanismo de represión social, cuyo uso es equiparable a la utilización de armas químicas como los gases lacrimógenos.

Actualmente no existe suficiente información al respecto de esto, tanto así que muchos de estos casos quedan en la impunidad por la censura que se les infringe a las víctimas a través del miedo, el escarnio público o la falta de protocolos con enfoques de género. Por lo tanto, merecen ser estudiados y difundidos para contribuir a la deconstrucción del cuerpo femenino como territorio de guerra. Entonces, el objetivo del siguiente ensayo es argumentar cómo miembros de la fuerza pública colombiana emplearon la VS como arma de guerra en contra de algunas manifestantes en el marco del Paro Nacional 2021 y ofrecer una posible solución para que no se siga perpetrando este tipo de accionar.
De acuerdo con Medina (2021), durante las manifestaciones sociales del 2021, se denunciaron varios casos en los cuales miembros de la Policía Nacional hicieron uso de la violencia sexual como un mecanismo para dispersar, controlar, reprimir, castigar, humillar y disuadir a las manifestantes, vulnerándoles el derecho a la libertad de expresión y a la protesta.  En Palmira, Valle del Cauca, diez manifestantes denunciaron actos de VS por parte del ESMAD ^[c]“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: Las vamos a matar, ¡zorras! Y nos metieron al lado del cañaduzal” (Casa de la Mujer et al., 2021, pág. 10). El testimonio anterior es solo una muestra en donde se evidencia la vulneración al derecho a la integridad; cuya finalidad era la represión y el amedrentamiento de las manifestantes. Esta acción demuestra la utilización de la VS como método de tortura durante las protestas.

Las agresiones de naturaleza sexual han sido empleadas contra las mujeres de manera sistemática en situaciones de conflicto; los motivos adjudicados a este tipo de conductas varían de acuerdo con las características de las hostilidades presentadas: por placer sexual, para infundir terror, como forma de disciplinar a la población dominada, como estrategia militar, por orden superior y como arma de guerra (González, 2009). Según Amnistía Internacional (2017), la Corte Europea de Derechos Humanos dictamina que la violación perpetrada por parte de un agente público es un acto de excesiva crueldad^[d], debido a la condición de vulnerabilidad e indefensión de la víctima y a las permanentes consecuencias físicas y psicológicas que este acto genera.^[e] De acuerdo con Temblores ONG (2021), entre 2017 y 2019 fueron perpetrados 241 casos de VS por parte de la fuerza pública, dentro de los cuales el 80,4 % fueron hacia las mujeres. En las protestas de septiembre del 2020, tres mujeres fueron abusadas por miembros de la policía y en la coyuntura del Paro Nacional 2021, se evidenciaron al menos 106 casos de violencias basadas en género (VBG) y 28 de VS, en su mayoría perpetrados por la fuerza pública hacia las manifestantes. También se reconoce el abuso sexual por parte de civiles hacia una uniformada en la ciudad de Cali; no obstante, esta ha sido la única agresión reportada con tal naturaleza.  

El caso de Alison Salazar causó impacto a nivel nacional, puesto que la menor se suicidó al día siguiente de ser retenida y abusada sexualmente por cuatro agentes del ESMAD, mientras se encontraba grabando las manifestaciones. Sin embargo, como la menor lo explicó en una publicación en Facebook, ella no hacía parte de las movilizaciones de ese día: “en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, (...) NO ESTABA CON LOS DE LAS MARCHAS” (Salazar, 2021). Otras víctimas declararon haber recibido comentarios donde agentes del Estado les manifestaron: “¿por qué no estás en la casa cocinando? Bájate los pantalones pa violarte” y “si así son las marchantes, qué rico echarles gases” (Casa de la Mujer et al., 2021, pp. 10, 11).  En estos casos se evidencia claramente el uso de la VS como arma de guerra con intención de represión: ellas “debían ser” disciplinadas y sometidas por ser manifestantes (en el caso de Alison, por la presunción de que lo era). Estas prácticas cumplen la finalidad de realizar un control político dirigido a quienes muestran inconformidad en contra del gobierno, constituyéndose en una campaña de terror para disuadir la protesta social (Garzón, 2019).

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