Voto como deber cívico

¿El voto es la única forma de ejercer participación ciudadana?

En los últimos años ha sido un tema país la baja participación de la ciudadanía en las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias o municipales, a partir de la instauración del sistema de inscripción automática y voto voluntario según la ley 20.568 del año 2012 (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2012). Esta ley aumentó el tamaño del padrón electoral, incluyendo a todo el espectro de personas que no hicieron a la fecha su inscripción en el Servicio Electoral, pero no se tradujo en un real incentivo para crear nuevos votantes. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013, existió un 50.86% de abstención sobre un total de 13.573.413 votantes, y en las mismas elecciones del año 2017 esta cifra aumentó a un 53,35%, según datos del SERVEL (SERVEL, 2019).

En este sentido, distintos actores de la sociedad han manifestado su diagnóstico respecto a la problemática de la baja participación electoral y el derecho de los votantes a hacer valer su opinión. El diputado Gabriel Boric planteó que “una persona que no quiera votar sigue siendo ciudadano. Es nuestro desafío que le vuelva a hacer sentido”, mientras que el también diputado Giorgio Jackson mencionó que “el punto no es el voto obligatorio, sino que la gente sienta que el sistema los representa” (EMOL, 2016). Por otro lado, la exsenadora Soledad Alvear planteó que el voto es “una obligación básica debiera estar constituida por participar en los procesos electorales destinados a definir los destinos de nuestra patria en los diferentes niveles” y que es necesario reestablecer el sistema de voto obligatorio (Alvear, 2016).

Pero el voto no es la única vía de participación que tiene la población chilena respecto a la toma de decisiones y acciones que puedan tomar respecto a su bienestar. La Ley 20.500 de Asociaciones Participación Ciudadana del año 2011 “establece el marco jurídico para las asociaciones y organizaciones de interés público y los límites de su acción” (PNUD, 2014). Organizaciones como Juntas de Vecinos, o Agrupaciones de tipo social, religioso, folclórico y/o medioambiental son definidas y reglamentadas bajo esta ley, que además incentiva la participación de la ciudadanía dentro de este tipo de entidades a través del “Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, orientado a financiar proyectos a nivel nacional y regional que involucren a estas organizaciones” (PNUD, 2014).

La participación de la gente en este tipo de organizaciones colectivas. Organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) o los distintos sindicatos presentes en el sistema privado han sido históricamente capaces de obtener mejoras salariales y/o beneficios laborales para los empleados en Chile a partir del año 1930 (Sato, 2018), lo cual ha ido en directo beneficio de los sectores más vulnerables de la población.

Por último, a través de distintas manifestaciones sociales, la participación de la ciudadanía también ha logrado generar conciencia en la sociedad civil de la importancia de cuidar el planeta. Casos como el proyecto hidroeléctrico HidroAysén, por el cual se desarrollaron diversas manifestaciones en el año 2011 (EFE, 2011) y que derivó en la cancelación definitiva del proyecto años después (La Tercera, 2017), o la planta de Agrosuper en Freirina, que en 2012 debió cerrar debido a los cortes de caminos y diversas protestas que efectuaron los pobladores y vecinos de la planta por culpa de los malos

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