Vulneracion Al Principio De Legalidad

Hemos sido testigos en este año 2014, de diversas denuncias de los medios de información: escrita, radial y televisiva, sobre la violación del principio de legalidad por diversas autoridades Regionales de nuestro país, pertenecientes a los Departamentos de Ancash, Tumbes, Chiclayo, Cajamarca, Apurímac, etc., en los casos de Licitaciones de Obras Públicas que otorgaron, ilícitamente, la Buena Pro a favor de entidades participantes coludidos en la ruptura del procedimiento legal administrativo pertinente.

Tal violación acarreó la intervención de la Contraloría General de la República, del Ministerio Fiscal, del Poder Judicial y del Congreso de la República.

En el caso del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, y su grupo delictivo denominado “Los Limpios de la Corrupción” que es investigado por la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo se ha precisado que tenía cinco formas de actuar o delinquir, una de ellas era la contratación de bienes y servicios a través de compras fraccionadas para evitar convocar a una licitación pública, tal como lo establece la “Ley de Contrataciones del Estado”, así mismo, no solo se fraccionaba las contrataciones de bienes y servicios, vulnerándose el principio de legalidad, sino también, que dichas empresas que se les adjudicaba el servicio, estas no brindaban el servicio por el cual se les pagaba, vulnerándose, nuevamente este principio. Por este caso se detectó a la empresa Multiservicios Santa Lucía que supuestamente proveyó a la Municipalidad de Chiclayo herramientas de limpieza hasta por S/. 700 mil. Lo curioso también es que el contacto de esta empresa es un tal Víctor Cubas Llanguento, un criador de cerdos.

Otro forma de vulnerar el principio de legalidad que usaba este grupo delictivo , era la adjudicación de la buena pro a empresas constructoras, previo pago de un porcentaje del valor de la obra, como el caso de la Constructora Consorcio Chiclayo de José Ramírez María y la empresa Herald, a cargo de Luis Pérez Huertas.

Se vulneró el principio de legalidad también cuando cobraban pago de tributos y licencias sin registrar los ingresos; también cuando al momento de pagar beneficios laborales a ex servidores de la municipalidad, previo desembolso de una cantidad de dinero del beneficiado a uno de los miembros de la organización y también creaban empresas fantasmas a nombre de familiares o amigos cercanos a funcionarios de la municipalidad para adjudicarse licitaciones de bienes y servicios.

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