La participación ciudadana en Venezuela

La participación ciudadana en Venezuela es un derecho que se encuentra consagrado en el Carta Magna, en sus distintos sentidos ya sea como principio, derecho, deber, espacio o instancia de participación y como proceso socio-político en el desarrollo del articulado constitucional se tiene que la participación es una característica propia del sistema de gobierno venezolano, en la actualidad se han creado organismos de participación entre ellos los Consejos Comunales, los cuales cuentan con una serie de deberes que los podrían convertir en órganos públicos al depender de la presidencia de la República y tener al mismo tiempo una serie de obligaciones con responsabilidad civil, penal y administrativa. Además de eso se busca que el pueblo trabaje en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así unir al pueblo y al ejército en un todo, con el fin de sustentar el Sistema Bolivariano, preservar sus instituciones, defender la Patria, y no utilizar las armas para proteger y defender una sociedad de privilegios.

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad.

El modelo de democracia social, participativa y protagónica delineado por el texto constitucional, como uno de los aportes fundamentales de nuestra Carta Magna y demás normas de nuestro ordenamiento jurídico, incluyen el principio de corresponsabilidad, lo que quiere decir, que no sólo la Fuerza Armada Nacional la responsable de la defensa integral del territorio, sino de la sociedad en su conjunto.

A raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 y siguiendo los postulados fundamentales de la misma, entre los que está, el de la refundación de la República y de todas y cada una de sus instituciones fundamentales del Estado, se dio inicio a la revisión y adecuación de las normas jurídicas que las rigen, estando entre las mismas, como una de las de mayor importancia, por su valiosa significación, la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Lo anteriormente expuesto, hace obligante a la Fuerza Armada Nacional, adecuar toda su organización a las nuevas exigencias, con una visión geopolítica que transita el sendero hacia la estructuración del Estado Social, amante de la paz, defensora de los derechos humanos y solidaria con las naciones hermanas del Continente Americano, dentro del Ideario del Libertador Simón Bolívar.

En relación al tema planteado, se puede considerar como uno de los aspectos resaltantes del pensamiento de nuestro Libertador, fue la claridad de sus afirmaciones, en cuanto a su filosofía porque en ella expresaba que la participación del pueblo es vital, su idea central es la que hoy toma vigencia: “ unir al pueblo y al ejército en un todo, con el fin de sustentar el Sistema Bolivariano, preservar sus instituciones, defender la Patria, y no utilizar las armas para proteger y defender una sociedad de privilegios”.

Cuando se refería al fundamento de nuestro Sistema de Gobierno, afirmaba: depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida… Que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad; está sancionado por la pluralidad de los sabios, como también lo está, que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos; pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos y todos no lo son; todos deben poseer talentos y todos no los poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más liberalmente establecida. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido,

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