Rafael Caldera 1994-1999

Como resultado de las elecciones de 1993, Caldera regresa por segunda vez a Miraflores, con la promesa de devolver la paz a Venezuela.

En el primer año de su segundo gobierno tiene que manejar una fuerte crisis financiera que se inicia con la intervención del Banco Latino que había quebrado en el gobierno interino de su predecesor en la presidencia Ramón José Velásquez, después de la destitución de Pérez, continuó con el derrumbe e intervención de una decena de instituciones bancarias y culminó con la fuga de capital por concepto de auxilios financieros otorgados por el Estado a la banca, miles de ahorristas afectados y un grave desequilibrio en la economía de Venezuela.

La confianza y credibilidad de venezolanos y extranjeros en las instituciones bancarias fue afectada gravemente. Más de setenta mil medianas y pequeñas empresas quebraron, fundamentalmente por el control de cambio impuesto por el gobierno, que dificulta la obtención de divisas para adquirir insumos.

Caldera en el poder nuevamente hubo de manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y un paralelo descenso de las reservas de divisas, empleadas generosamente para el sostenimiento del bolívar frente al dólar.

El 27 de junio anunció la suspensión con carácter temporal de algunas garantías constitucionales, fundamentalmente las relacionadas con la propiedad privada y la libre actividad económica, que supuso el control estatal sobre el mercado de cambios, el sistema bancario y los precios. Las entidades financieras en bancarrota por la fuga de capitales y las afectadas por prácticas especulativas iban a ser intervenidas y saneadas por el Estado, y de hecho el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció la suspensión inmediata de todas sus operaciones de compra-venta de dólares.

Dado lo extraordinario de la situación, las medidas fueron toleradas por los medios de comunicación y la comunidad internacional, pero no por el pueblo venezolano. Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica.

En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. La labor de la comisión tripartita quedó plasmada en un sistema de prestaciones sociales que preveía, entre otras cosas, su pago anual y no al cese del desempeño laboral como se hacía anteriormente; al mismo tiempo, se establecieron cinco subsistemas de seguridad social con la finalidad de mejorar la actividad del Ejecutivo en la resolución de los problemas básicos de los trabajadores venezolanos.

También en el Gobierno de Caldera se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo se llevó

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