ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN FUNCIÓN DE SUPERAR LA EXCLUSIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN EN VENEZUELA

La sociedad venezolana, ha pasado por distintos escenarios económicos, políticos, jurídicos y sociales. Hasta hace poco los gobiernos no reflejaban mucha diferencia en sus políticas. Estos se basaban en intereses personales y de compromisos externos, olvidándose de una pieza fundamental e importante en todo proceso evolutivo de un país como lo es el pueblo, la comunidad, esa gran masa de personas que día a día luchan por sobrevivir ante tantas frustraciones que les han dejado tanta desidia gubernamental.

Esto ha sido fundamentalmente lo que generación tras generación, ha movido a las personas a nivel mundial a comprometerse con la defensa de sus derechos. Ese compromiso no se limita solo a quienes han tenido la posibilidad de participar desde diferentes espacios, sino que enmarca fundamentalmente de quienes desde las luchas de clases sociales han dado el todo por el todo por lograr un cambio, una verdadera transformación social.

El proceso de cambio que atraviesa nuestro país actualmente, basado en la equidad e igualdad, generando principios de integración, participación y organización de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente a las clases excluidas, sin duda alguna se debe consolidar la democracia participativa como acción cultural y política, pasando por la construcción de un nuevo pensamiento ciudadano en donde se debe asumir la corresponsabilidad en conjunto con el Estado; asumiendo una relación hacia el progreso social y humano.

Todo esto, como parte de su oferta formativa y educativa, haciendo suya la necesidad del Estado y de la sociedad venezolana de contar con ciudadanos y ciudadanas profesionales preparados para contribuir desde el campo jurídico y hacer posible la nueva realidad de justicia social, que supere las injustas desigualdades la discriminación social, económica, cultural y política, generadas por las pretensiones hegemónicas del capitalismo neo liberal.

Razón por la cual surge la necesidad de promover y fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica a nivel local, estadal y nacional para la consecución de los derechos y la justicia social, profundizando los ejercicios del Poder Constituyente en las comunidades, y el desarrollo de procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades.

La realidad de nuestro país y de nuestras comunidades reclama un nuevo sistema de administración de justicia con el fin de garantizar el acceso de todas las personas al mismo, y de esta forma asegurar el disfrute y pleno ejercicio de sus derechos humanos; esto significa asumir verdaderamente el compromiso de contribuir en la consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia establecido en nuestra carta magna Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al logro de los objetivos planteados en el Proyecto Nacional Simón Bolívar Primer Plan Socialista - Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.

Por todo lo anterior expuesto, es que se hace necesario contar con profesionales, capaces de enfrentar la situación jurídica actual del país que por tradición responde al modelo capitalista social, y no obstante por otra parte, ayudaría a fortalecer los procesos de transformaciones jurídicas y socio-políticas que se requiere en la construcción de este nuevo modelo socialista.

Es necesario entender la necesidad que existe en cuanto al conocimiento de nuestro marco jurídico, puesto que para el pueblo es indispensable conocer cuáles son sus derechos y como pueden defenderlos, mediante el mismo se puede actuar e interactuar con el todo social, con esto también se plantea la necesidad de promover la formación desde un enfoque, integral, dialéctico, crítico y transformador que potencie las capacidades tanto del o la profesional del Derecho, así como del grupo social, la intención es superar aquellos mecanismos de dominación que reprimen los derechos de los sectores sociales que hasta ahora han sido vulnerables.

Mediante la atención socio-jurídica, desmontar la imposición de modelos positivistas y favorecer así la construcción del nuevo sistema socialista, administración de justicia en función de superar la exclusión y la discriminación en Venezuela, que se corresponda con nuestra sociedad protagónica, participativa, pluriétnica y multicultural, todo ello con la finalidad de estimular el desarrollo de acciones integradas, dirigidas a brindar aportes concretos y transformadores, en pro de un nuevo modelo de país en donde el trabajo se haga en conjunto, es decir, que intervengan tanto los Servidores Públicos Judiciales como el pueblo organizado, trabajo que está y estará vinculado con las necesidades de las comunidades venezolanas.

Por otra parte este debe responder en también a la fundamentación de la formación integral de las personas, como sujetos de un proceso socio-histórico de transformación, capaz de construir y reconstruir los cambios que nuestro país requiere y necesita, dirigida hacia la solución de problemas y necesidades del entorno donde se desenvuelve cada una de las comunidades.

La igualdad, la justicia social, la cooperación y el respeto a los derechos humanos son valores que se deben potenciar para orientar el actuar del ser humano en todas sus áreas en función de favorecer su bienestar social, mejorar su calidad de vida actual y de las generaciones futuras. Esto implica un proceso de acción organizada, que requiere del trabajo en equipo, visiones, valores, objetivos e intereses particulares y colectivos.

Se quiere que en la comunidad, cada uno de los habitantes se sientan lo suficientemente capacitados para exigir, ejercer, defender y promover sus derechos y los del colectivo en general, en igualdad de condiciones, haciendo realidad lo que contempla nuestra Constitución Bolivariana, cuando garantiza el ejercicio total de la participación y protagonismo del pueblo en las áreas que sean de su interés y que a su vez este contribuya a construir el sistema democrático en nuestro país, en un Estado de derecho social y de justicia.

Nuestra sociedad venezolana por muchos años y aun en la actualidad, se ha visto inmersa en el desconocimiento total o parcial de nuestro ordenamiento jurídico y a su vez en la falta de asistencia jurídica gratuita. La historia y la realidad de nuestras sociedades en cuanto a ello se refiere, es lo que conlleva a plantear la creación y conformación de un eespacio de atención y asesoría socio-jurídica, los cuales favorecerán oportunamente, la participación de la comunidad y

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