Caso Alaska-Lobos.

Caso Alaska-Lobos.

A fines de 1992, la Junta de Caza de Alaska, después de varios años de estudios y deliberación, anunció que el organismo iba a instrumentar un programa de control de los lobos, el exterminio sistemático de una cierta cantidad de lobos en áreas seleccionadas, para controlar la relación predador-presa entre los lobos, los caribúes, los alces y los cazadores humanos. Los lobos no son en Alaska una especie amenaza o en peligro como en los cuarenta y ocho estados que están al sur, y de hecho, existen y se reproducen en gran cantidad. A pesar de esto, hubo una tremenda oposición al plan propuesto por parte de una cantidad significativa de grupos ambientalistas y defensores de los derechos del animal, que iniciaron una campaña de cartas a funcionarios públicos y lanzaron un boicot turístico contra el estado hasta que se abandonara el plan. Las comunidades de cazadores-caza deportiva y caza de subsistencia-estaban en general a favor del proyecto, porque los lobos habían diezmado seriamente los rebaños en algunos sectores de Alaska.

Comenzaron a presionar sobre el gobernador y la Junta, para que instrumentaran el plan lo antes posible. En respuesta a la emergencia de este grave conflicto público, el gobernador Hickel convocó a una conferencia cumbre sobre los lobos, a la que asistieran representantes de todos los grupos interesados, para que expusieran sus puntos de vista y determinar si había puntos de consenso acerca de lo que se debía hacer. Participaron más de mil quinientas personas.

Se llamó a intermediarios, gestores de conflictos de SDR Associates y al personal de la Oficina del Controlador del Estado para que diseñaran y facilitaran el proceso y dirigieran las reuniones.

Aunque había muchos grupos, básicamente se conformaron en cuatro líneas: 1) la del estado, que incluía al gobernador y la Junta. 2) la de los ambientalistas y defensores de los derechos del animal; 3) la de los cazadores y 4) la de los facilitadores e intermediarios.

Una tarea crítica para las partes y los intermediarios era llegar a algunos marcos comunes para el encuentro, que permitieran un diálogo productivo y la exploración de puntos posibles de acuerdo. Ésta no era una tarea sencilla, en vista de la gama de marcos de la situación y de cuestiones que había que discutir. El estado enmarcó la situación y su responsabilidad como una combinación de moral republicana y utilitaria. Alaska tenía el deber cívico de encontrar una solución justa con trueques satisfactorios para la más amplia gama de intereses. Consideraba que el conflicto era normal, pero destructivo con respecto a algunos intereses estaduales clave. Suponía que la decisión debía ser tomada por autoridades electas o designadas. Sobre la base del peso de la argumentación de las partes interesadas. Para el estado, una solución justa sería una combinación de justicia competitiva y distributiva, idealmente basada en un amplio consenso equitativo acerca de lo que sería mejor para el pueblo de Alaska.

Los cazadores tenían algunas concepciones diversas de la realidad, según fueran deportistas, cazadores para la subsistencia o nativos de Alaska. En general, veían la situación en términos expresivistas. La caza formaba parte de su autoconcepto individual, y muchos de ellos se habían mudado a Alaska, estado percibido como el menos controlador de los derechos individuales, para ejercer su libertad. Para los nativos, la caza era una tradición y parte de su cultura. Muchos de los cazadores consideraban que quienes se oponían a los planes del estado eran “ajenos”, “personas de los cuarenta y ocho (estados) de abajo” o “gente de otro país, de Estados Unidos”. (Algunos de estos cazadores pertenecían al partido de la Independencia de Alaska, un fuerte grupo defensor de los derechos del estado). Aunque numerosos cazadores adoptaron una concepción judicativa del rol del tercero, para otros su realidad estaba constituida por derechos divinos o por la herencia cultural de los cazadores nativos del suelo. La idea de la justicia que tenían los cazadores iba desde un enfoque competitivo (luchaban por la instrumentación del plan a expensas de los otros grupos) hasta un enfoque que aducía sus títulos (los nativos querían que se protegieran sus tradiciones y su cultura).  

Los ambientalistas y defensores de los derechos del animal, aunque en general pertenecían al mismo grupo de interés, tenían toda una gama de realidades que daban forma a su enmarcamiento de la situación. Definían diversamente sus realidades morales en términos de autoridad, republicanismo y utilitarismo. Casi unánimemente objetaban la cosmovisión antropocéntrica de los cazadores y el estado. Algunos individuos de este grupo sostenían que era moralmente censurable matar animales, mientras otros consideraban un deber cívico del estado y sus ciudadanos elaborar una solución democrática que tuviera en cuenta los intereses de todas las partes, incluso los lobos. Algunos miembros de este grupo consideraban posibles los trueques, mientras que para otros sólo era aceptable una solución de gano/pierdes. Este grupo pensaba que el conflicto que normal; estaba familiarizado y se sentía cómodo con los métodos confrontativos y judicativos para llegar a decisiones. Con los resultados de una encuesta en la mano, sostenían que la mayoría de la población de Alaska se oponía al control de los lobos, y que este factor debía ser tenido en cuenta en la decisión de la Junta. Para muchos miembros de este grupo, una decisión justa debía ser imparcial y equitativa (especialmente para la población lobuna), y tenía que tomar en cuenta a grupos de interés específicos, inclusive la gente de los cuarenta y ocho estados “de abajo”, y las futuras generaciones que querrían experimentar la vida natural de la Alaska salvaje.

Los facilitadores, que en realidad realizaban tareas de mediación, en general sostenían un punto de vista moral que combinaba republicanismo y utilitarismo. Pensaban que el conflicto era normal y potencialmente beneficioso como motivador de la búsqueda de mejores soluciones. No basaban el rol de tercero en el juicio o la autoridad, sino que preferían la facilitación. El proceso judicativo era visto como un sistema de resguardo para el caso de que las partes no llegaran a un consenso ni encontraran trueques aceptables. El concepto que los mediadores tenían de la justicia era distributivo, en cuanto valoraban la equidad (para las personas y  también para las diversas poblaciones animales) y querían encontrar una solución que satisficiera el bien social general.

En vista de estas diversas visiones de la realidad, ¿cómo podían los convocados participar en la reunión para discutir las cuestiones, cómo debían enmarcarlas y qué tipos de procesos serían aceptables? El estado había establecido una agenda preliminar con grandes bloques de tiempo y actividades sobre las cuales los facilitadores tenían sólo un control mínimo. Los facilitadores, en conjunción con una “comisión de diseño del proceso”, compuesta por representantes respetados de los principales grupos de interés, trabajaron para establecer procedimientos que, dentro de este marco, generaran alguna convergencia de enmarcamientos y la mayor satisfacción psicológica, con el contenido y con los procedimientos, en los participantes de la reunión.

...