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Las tendencias de precarización laboral y de exclusión social que se constatan en las sociedades de nuestro tiempo están afectando en mayor grado a determinados sectores sociales (jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas con menor cualificación, etc.), traduciéndose en una dinámica general de dualización social que afecta también a la esfera cívico-política. Para evitar que en nuestras sociedades se amplíen las brechas desigualitarias y que un número creciente de personas se vean sometidas a la condición de ciudadanos de segunda categoría es necesario avanzar hacia una cuarta etapa en el desarrollo de la noción de ciudadanía -la «ciudadanía económica»- que complete y garantice los contenidos de la «ciudadanía social» que postuló Marshall.

El concepto de exclusión social nos remite al concepto paralelo de ciudadanía. Y, por ello, también a la propia cuestión central de la democracia en su sentido más básico. Esta es la razón por la que en mi trilogía sobre la desigualdad, el trabajo y la democracia he intentado conectar estas tres cuestiones básicas a la dinámica de las sociedades avanzadas en los inicios del siglo XXI[1]. De ahí, pues, que el análisis de la exclusión social exija una consideración sobre la democracia y la necesidad de avanzar hacia una nueva fase de su desarrollo, que permita superar el riesgo de la exclusión social: la etapa de la ciudadanía económica.

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