¿CÓMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL PERÚ?

¿CÓMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL PERÚ?

I.- INTRODUCCIÓN: (Panfichi & Alvarado, 2001)

La corrupción tiene un impacto devastador en el desarrollo político, social y económico de los países. Afecta la democracia y acentúa las desigualdades, los estados pierden recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más necesitados.

La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú. Impide el desarrollo, el crecimiento económico y obstaculiza la lucha contra la desigualdad, así como el funcionamiento y la legitimación de la democracia; todos ellos, objetivos prioritarios del nuevo gobierno.

La corrupción actual tiene como antecedente reciente lo ocurrido en la década de 1990. Diversos autores coinciden en señalar el régimen de Fujimori como uno de corrupción sistémica, en el que esta alcanzó casi todos los ámbitos de la administración pública, incluyendo las propias entidades estatales que deberían luchar contra la corrupción. Las consecuencias de esta situación perduran hasta hoy, especialmente en lo que a la poca fortaleza de las instituciones se refiere.

 En los años noventa, como en otros países de la región, se implementaron en el Perú reformas de política económica derivadas del Consenso de Washington. Las reformas, que incluían la liberalización comercial, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas, tenían como uno de sus objetivos reducir el tamaño del Estado.

Los gobiernos posteriores al derrumbe del régimen de Fujimori han buscado realizar acciones dirigidas a desarticular la corrupción heredada, fortalecer los mecanismos de control estatales, e incentivar la vigilancia ciudadana desde la sociedad civil.  En un inicio “Las iniciativas y denuncias contra la corrupción recibieron un respaldo sin precedentes, los medios de comunicación despertaron, la sociedad civil fue informada y se dejó escuchar, y emergió una nueva generación de líderes anticorrupción, periodistas y jueces de diversos orígenes y trayectorias políticas”. No obstante, durante estos años de reconstitución democrática los escándalos de corrupción continuaron involucrando a funcionarios y políticos de los nuevos gobiernos, minando las bases de la confianza que se buscaba restablecer. Asimismo, muchas de las iniciativas de reforma fueron perdiendo fuerza a medida que nos alejábamos de la coyuntura de la transición y algunas de ellas fueron incluso abandonadas. Ninguno de los gobiernos desarrolló en forma sistemática programas de educación ciudadana en colegios, centros de trabajo, y a la ciudadanía en general. (Machado Herrera, 2011)

II.- DESARROLLO

Con el propósito de combatir la corrupción  en el sector público se presenta aquí una serie de  propuestas basada en: el fortalecimiento de las más importantes instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción (Poder Judicial, Legislativo, Ministerio Público y Contraloría General); la mejora cualitativa de la coordinación entre estas instituciones bajo el liderazgo de la Contraloría General; y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas desde la sociedad civil, incluyendo el desarrollo de alianzas con las instituciones estatales. La opción de fortalecer en forma simultánea los mecanismos de responsabilidad en el Estado y la sociedad civil busca crear una articulación eficaz que controle el uso de las cuotas de poder de los funcionarios públicos de manera adecuada y desaliente la comisión de actos de corrupción. (Hector Bejar, 2010)

• Fortalecer las instituciones de control: En la lucha contra la corrupción participan diversas instituciones estatales, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República.  El fortalecimiento de estas instituciones es fundamental para mejorar la capacidad del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos actos. Ello implica aumentar sus recursos y capacidades, así como proveer a sus funcionarios con el entrenamiento y los medios necesarios para cumplir cabalmente sus tareas, además de recomendaciones más específicas para mejorar el funcionamiento y aumentar la eficiencia de cada una de estas instituciones.
• Mejorar la coordinación entre las instituciones de control: La creación de nuevas instituciones y la reforma de algunas existentes ocurridas en la primera mitad de la presente década, no estuvieron acompañadas de un esfuerzo sostenido por darle coherencia e integración a estas distintas entidades del Estado. Por ello, incluso entre las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción se observa duplicación de funciones y falta de coordinación.  Resolver este aspecto es crucial, ya que aun si las instituciones de control se ven fortalecidas, los vacíos y las yuxtaposiciones entre ellas pueden impedir una eficaz lucha contra la corrupción. La solución pasa entonces por construir un liderazgo institucional que aumente la coordinación y acción conjunta entre las instituciones involucradas, sobre la base de una clara identificación y separación de sus competencias.
• Fortalecer los mecanismos de responsabilidad desde la sociedad civil: Las instituciones gubernamentales de control no son suficientes en la lucha contra la corrupción. Así, se hace necesario articular esfuerzos con la sociedad civil, en especial con las iniciativas de vigilancia civil y con la labor de investigación que realiza la prensa de investigación. Sin embargo, tanto los medios como las organizaciones de la sociedad civil encuentran obstáculos al ejercicio de esta labor. Algunas sugerencias puntuales incluyen:

• Promover el desarrollo de una prensa independiente y de investigación.
• Promover el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la vigilancia y a la reducción de la corrupción.
• Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.

• Presentar un proyecto de ley que remplace el voto preferencial por el voto por listas para su discusión en el Congreso.
• Revisar y discutir en el Congreso los Informes anuales sobre solicitudes y pedidos de información atendidos y no atendidos por las entidades de la administración pública que le envía la PCM, de modo que se conviertan en una verdadera herramienta para la formulación de políticas que garanticen el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública.
• El Congreso y la PCM deben revisar y promover la implementación de las recomendaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia. Concretamente, es urgente adoptar medidas destinadas a: 1) incrementar el número de entidades que envían la información requerida a la PCM; 2) detectar y resolver los problemas o cuellos de botella en la entrega de la información.
• Mecanismos que aseguren la preservación y uso adecuado de los recursos asignados a los empleados públicos para el desempeño de sus funciones: Reglamentando el uso de “gastos operativos y de representación” en todas las entidades de la administración pública, a fin de eliminar diferentes estándares y escalas y optimizar el uso de los recursos públicos.
• Medidas para asegurar transparencia en las contrataciones y adquisiciones del Estado:

• Revisión del régimen de sanciones para los proveedores, postores o contratistas que incurran en faltas y delitos que defrauden al Estado, de manera que se establezcan sanciones acordes con la gravedad de la infracción y a todos los actores participantes.
• Participación de veedurías cívicas e institucionales en los contratos públicos, teniendo en cuenta su naturaleza, importancia y/o magnitud.
• Profesionalización del personal encargado de las compras y adquisiciones, del planeamiento y de la administración.
• Implantando programas de capacitación en normas preventivas de la corrupción, dirigidos al personal encargado de adquisiciones y contrataciones del Estado.
• Estableciendo la facultad de la entidad de terminar el contrato unilateralmente o de reservarse el derecho de otorgar la buena pro cuando se verifique la existencia de vicios en el proceso, como la sobrevaloración del contrato o en los casos de colusión entre empresas participantes.

• Modernización del sistema de administración de justicia:

• Fortaleciendo el sistema unificado, adecuado y eficiente de digitalización y monitoreo de expedientes.
• Fortalecimiento de  las OCMAS y ODICMAS.

• Desarrollo de medidas en la carrera laboral de funcionarios en el sistema de justicia:

• Procedimiento de evaluación de la gestión de los funcionarios del sistema de administración de justicia, en atención de los indicadores de orden cualitativo y cuantitativo elaborados.

• Fomentar la adopción de códigos de ética, códigos de buen gobierno corporativo o normas técnicas de responsabilidad social que incluya la prevención de corrupción y conductas anticorrupción.
• Compromiso de los medios de comunicación en el desarrollo de valores y su rol de denuncia pública.
• Regulación y transparencia en la relación de los medios de comunicación con el Estado y los grupos de poder económico y político:

• Fortalecimiento de la supervisión de la formalidad en la actividad en comunicaciones.

• Implementación de los mecanismos formales de vigilancia dirigidos a los ciudadanos:

• Establecimiento de oficinas de sugerencias y denuncias ciudadanas en todas las capitales de departamento del país, mediante convenios con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, en las cuales se establecerá un procedimiento claro y sencillo para su presentación y tramitación.

• Institucionalización de la autoridad central nacional en temas de cooperación judicial internacional y fortalecimiento de la coordinación y colaboración entre autoridades homólogas, regionales e internacionales competentes, con miras a lograr la sanción de delitos de corrupción y conexos:

• Implantando redes internacionales que garanticen la transparencia en la gestión de los Estados en materia de compras gubernamentales.

• Desarrollo de la ética como parte de la formación académica. universitaria de pre y posgrado y en el desempeño profesional.

III.- CONCLUSIÓN

La corrupción en el Perú es un problema que causa mucho daño al país, ya sea en el ámbito social, económico,  judicial, etc.; perjudicando a las personas que habitamos en ella (en gran mayoría a personas con bajos recursos). El estado en  su afán de combatirla implanta una  serie de medidas con la finalidad de beneficiar a la población que es la que daño sufre, pero así como las implanta debe encargarse de que estas se cumplan ya que en la mayoría de los organismos públicos estas no son cumplidas con la finalidad de obtener su propio beneficio, dejando de lado el la sociedad peruana.

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