ENSAYO SOBRE LA ECOLOGIA Y SUS BASES LEGALES EN VENEZUELA EN LA DECADA DEL 2000

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUACION

UTS “ANTONIO JOSE DE SUCRE”

MARACAY – ARAGUA

ENSAYO SOBRE LAS BASES LEGALES DE LA ECOLOGIA

INTEGRANTE: BRANDO ROMERO

MARACAY 12 DE ENERO DEL 2017

ENSAYO SOBRE LA ECOLOGIA Y SUS BASES LEGALES EN VENEZUELA EN LA DECADA DEL 2000

Este año como casi todos a partir del 2000 en Venezuela, ha sido terrible en casi todo lo que enmarca la ecología, desastres, basura y demás, se puede observar como las personas o sujetos que se encargan de las partes legales de la ecología han fracasado a lo largo de los años, dejando ver como el país entra poco a poco en la miseria y desesperación ya que todo individuo tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, salubre y ecológicamente equilibrado, pero esto no ha sido así desde hace tiempo. El Estado se supone que protegerá el ambiente, la variedad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los entes vivos no podrá ser patentado. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las necesidades ecológicas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana… Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico. Artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela En Venezuela se ha venido estableciendo un amalgamado cuerpo legislativo en materia ambiental. A los instrumentos generados durante el último tercio del siglo XX y a los convenios internacionales suscritos por el país en esa época, se le han venido sumando nuevas leyes, discutidas, sancionadas y formalmente puestas en vigencia en los primeros años del actual gobierno, así como la asunción de nuevos adeudos internacionales. Junto a las leyes Orgánica y Penal del Ambiente, y los acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, Basilea, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención de Ramsar sobre los humedales (RAMSAR) que se remontan al inicio mismo de la preocupación institucional formal por el ambiente en Venezuela, hoy aparece una nueva legislación, en gran parte derivada de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Ley de Diversidad Biológica, Ley de Desechos y Residuos Sólidos, Ley Orgánica de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Ley de Zonas Costeras, Ley de Planificación y Gestión del Ordenamiento Territorial, Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley de Zonas de Desarrollo Sustentable, Ley de Espacios Acuáticos e Insulares, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley de Ciencia y Tecnología . A pesar de que en algunos casos se trata de instrumentos que incorporan lo ambiental como un componente en su conjunto, sumando los nuevos convenios internacionales ratificados por el país: Convenio de Diversidad Biológica, Convenio de Rotterdam, Protocolo de Kyoto, conforman en su conjunto una amplia base aunque no siempre coherente para sustentar las exigencias de los venezolanos de un derecho a un ambiente sano. En el experimento de realizar una síntesis temática de los distintos aspectos considerados en el cuerpo legislativo ambiental de referencia para el país, se han identificado los siguientes agregados para la estructuración de este balance: a) Contaminación agua, suelo, aire. b) Dotación de servicios y equipos para el saneamiento salubridad y vigilancia. c) Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad Biológica. d) Ordenamiento ambiental del territorio. e) Prevención y mitigación de riesgos ambientales. f) Capacitación, organización y participación comunitaria. Para evaluar la situación planteada entre octubre 2004 y septiembre 2005, se ha Utilizado la información difundida públicamente por las distintas instancias Involucradas en las exigencias y la satisfacción de las demandas por un Ambiente sano. De modo particular para este balance se utilizaron como fuentes: los logros presentados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN), mando ambiental nacional; la Defensoría del Pueblo (DP), y en menor medida el Ministerio Público (MP), instancias del Poder Ciudadano encargadas de velar por el cumplimiento del Estado de derecho en el país; VITALIS, organización no gubernamental (ONG) que como en otras oportunidades ha realizado un balance anual sobre la situación ambiental del país desde la perspectiva del movimiento ambientalista. Finalmente se recurrió a la prensa escrita como complemento de utilidad para cubrir a cabalidad el período considerado y acceder a las opiniones directas de la gente, en especial cuando pudiesen surgir diferencias entre las distintas instancias involucradas. A continuación se evalúa cada uno de los grandes componentes temáticos arriba identificados: Contaminación agua, suelo, aire En esta materia el MARN considera como logros: Evaluar 188 playas de los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Falcón, con la finalidad de Determinar la calidad y pureza de aguas y la aptitud y magnificidad de cada una de las zonas tratadas. • Atender la emergencia en las playas del municipio Brión (Edo. Miranda), descartándose la presencia de marea roja y de contaminantes en el agua. La elaboración del “Manual Técnico para la Gestión Integral de los Bifenilos Policlorados (BPC)”.  Encartar un dossier referente a la Lemna en el Diario de circulación nacional Últimas Noticias con un tiraje de 250.000 ejemplares. La recolección, reenvasado y caracterización de los desechos de plaguicidas de la empresa Pesticidas Nacionales Comanil (PENCO), ubicada en la zona industrial de San Carlos (Edo. Cojedes); así como el saneamiento de las áreas contaminadas por estos desechos. El derecho al ambiente en el Imperfecto de la Defensoría del Pueblo Durante el año 2004 la Defensoría del Pueblo (DP) recibió un total de 145 denuncias del ámbito nacional. Del total, 88 están relacionadas con la protección al ambiente, 52 con ilícitos ambientales y, por último,  se refieren a fallas en las medidas de defensa a la pesca. Los estados de donde se recogieron más manifiestas fueron: Mérida 26; Carabobo 15; Lara 12; Amazonas 11; Zulia 10; Sucre 9; Bolívar 8; Falcón 7; Miranda 7; Área Metropolitana 6. En el resto de los estados se recibieron menos de 5 peticiones en cada caso. Entre los entes que acumularon mayores denuncias se encuentran distintos órganos del Poder Ejecutivo: oficinas ministeriales, con 32, la mayoría de ellas atribuidas al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN); alcaldías de municipios afectados (30); Guardia Nacional (5); y gobernaciones (3). También se atribuyeron responsabilidades en 3 ocasiones a hospitales y a empresas prestatarias de servicios; en una a Servicios Autónomos y en otra a un cuerpo de Policía Municipal. Finalmente, en muchas ocasiones se atribuyeron presuntas responsabilidades a particulares. Al igual que en años anteriores, en los casos denunciados, que señalan tanto al MARN como a las alcaldías, se reflejan dos causas principales que inciden sobre la calidad del ambiente: la contaminación atmosférica, de suelos y aguas en áreas naturales y urbanas por descarga de desechos industriales, aguas servidas domésticas, y/o productos agrícolas y pecuarios; y la invasión e intervención de áreas ambientalmente protegidas. En menor grado y en orden decreciente, se reflejan como causas la deforestación; fallas de construcción y mantenimiento de equipamiento ambiental; invasión e intervención de parques recreacionales; ausencia de prevención al impacto por contaminación; fallas en el saneamiento ambiental; invasión e intervención de áreas naturales privadas; exterminio de poblaciones silvestres; degradación ambiental y desaparición de ecosistemas naturales; y solicitudes de estudio de impacto ambiental La Defensoría del Pueblo (DP), destaca la contaminación como la primera causa de denuncia en Venezuela. Como logro señala la decisión de adhesión de la Asamblea Nacional (AN) del país al Protocolo de Kyoto, instrumento que hace parte del Convenio de Cambio Climático de la ONU6. A pesar de que el MARN no realizó ningún señalamiento sobre este hecho, sus funcionarios sí fueron consultados una vez que el acuerdo entró en vigencia a nivel internacional a partir del 15.02.05 y hasta el 20.12.05. De acuerdo con Gerardo Portillo, Director General adjunto de Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN: “‘el hecho de que Venezuela haya decidido adherirse al Protocolo de Kyoto lanza a la comunidad internacional una señal bien importante, porque es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde la mayoría de ellos están en contra del Protocolo básicamente por la vulnerabilidad económica”. Por su parte, María Teresa Martelo, de la Dirección de Hidrología, Meteorología y Oceanología del MARN, advierte sobre la merma de la venta de petróleo del país con la entrada en vigencia del Protocolo; sin embargo, indica: “El Estado venezolano puede beneficiarse de otros recursos, como la capacidad que poseen los árboles para extraer CO2 de la atmósfera y la promoción de los mecanismos de desarrollo limpio”. Al respecto, resulta oportuno recordar que Venezuela posee un alto potencial para incorporarse en los mecanismos del Protocolo previstos para la captación de CO2. Solo en el Eje Orinoco-Apure se contabilizaron más de 70.000 km2 de bosques que pudiesen servir como sumidero para este gas de efecto invernadero Como se puede apreciar, existe consenso sobre el carácter positivo de la inserción del país en el Protocolo de Kyoto. Desde mi punto de vista, esta participación podría incidir en el perfil de país exportador de petróleo y derivados, rubros científicamente reconocidos como una de las principales fuentes del CO2. A través del incentivo de creación de sumideros para este gas de ‘‘efecto invernadero’’ -uno de los mecanismos establecidos por el Protocolo para alcanzar el objetivo de reducir los peligros del calentamiento climático global- en el territorio nacional, se estarían mejorando las condiciones para lograr la etapa de consolidación de una cultura ambiental en el país. Alcanzar este estadio se convierte en requisito indispensable para que los venezolanos disfrutemos a plenitud los derechos a un ambiente en el marco de lo establecido en el cuerpo de leyes y normas ambientales nacionales e internacionales vigentes en el país. Otro aspecto positivo ha sido la mejora de la normativa técnica nacional bajo la responsabilidad del MARN para enfrentar el problema de la reducción de la capa de ozono, lo que muestra la continuidad de los esfuerzos que se han venido haciendo en el país en el marco del Protocolo de Montreal. Debe resaltarse en este sentido la ejecución del proyecto Frío Popular, caso de la Parroquia Antímano (Municipio Libertador. Distrito Capital ) realizado por el Centro de Estudios Integrales del Ambiente (Cenamb)-Universidad Central de Venezuela (UCV), para la Alianza para la Inclusión Social Productiva, con recursos del Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin), con la intención de ampliar las condiciones de refrigeración en la referida parroquia y mejorar así el almacenamiento de productos perecederos de calidad nutricional, con equipos que se ajustan a las disposiciones técnicas establecidas en el Protocolo. En igual sentido, debe mencionarse la iniciativa llevada adelante por el ecologista Erik Quiroga para la declaratoria del 2007 como el año de la capa de ozono. Esta propuesta, que cuenta con el visto bueno del MARN y de la Cancillería, y con el aval internacional de los países involucrados en el Protocolo de Montreal, ubicaría a Venezuela como “líder regional en la defensa y la preservación de la vida en el planeta” 9 y contribuirían a consolidar la cultura ambientalista según los fines arriba mencionados. Dotación de servicios y equipos para el saneamiento y salubridad El MARN 44considera los siguientes logros en este campo: • Crear el Grupo Interinstitucional constituido por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Fondo de Inversión Social de Venezuela (FONVIS), la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (Funda común-Ministerio de Infraestructura), y la Asociación Nacional de Mancomunidades, con el objetivo de identificar y desarrollar un mecanismo financiero que sirva de soporte económico para afrontar los diversos proyectos en el área de la gestión de desechos sólidos. • La rehabilitación de las estaciones de bombeo La Silva, El Parque y la Planta de Tratamiento, ubicadas en el municipio San Francisco del Edo. Zulia. A través del tratamiento biológico que reciben las aguas servidas en esta planta Maracaibo-Sur, se están dejando de descargar al Lago de Maracaibo aproximadamente 17.300 kg por día de materia orgánica contaminante. La recuperación y repotenciación de las plantas generadoras de electricidad y de la planta desalinizadora de agua, para cubrir las necesidades de la población en los servicios de luz y agua potable en el archipiélago Los Roques. • Construcción de pozo profundo, en estrato aluvional-rocoso, profundidad 50 metros, tubería PVC, Tinaquillo, Mun. Falcón, Edo. Cojedes. • La implementación del sistema de riego por goteo, micro-aspersión y aspersión ubicadas en los municipios: La Cañada de Urdaneta, Colón, Mara, Páez, Jesús Enrique Lossada, Maracaibo, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, Baralt, Santa Rita, Miranda, Valmore Rodríguez, Jesús María Semprún, Catatumbo, Sucre, Francisco Javier Pulgar y Lagunillas (Edo. Zulia). Construcción de 3 pozos ubicados en el Consejo de Ziruma, y otros 3 pozos en los municipios: Miranda, Mara y Colón (Edo. Zulia). Vitalis  considera como logros, los siguientes: • Superación de la meta del milenio en cuanto a suministro de agua potable en el país. • Aprobación por la AN de la Ley de Residuos y Desechos Domésticos. • Inversiones por parte del MARN en materia de plantas de tratamiento de aguas servidas, en particular en las zonas costeras, y el fortalecimiento de algunos programas de saneamiento ambiental y la red de distribución y acceso al agua potable. • Continuación de la transferencia de la prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento al Distrito Metropolitano, Municipios y/o mancomunidades. En contrapartida considera los siguientes como los principales problemas: • Mal manejo de los residuos hospitalarios, tóxicos y peligrosos a nivel nacional. Las empresas operadoras de recolección no poseen la infraestructura necesaria y las autoridades ambientales no realizan la debida supervisión. Muchos residuos como baterías de celulares y de vehículos, por citar solo algunos, son tratados como residuos domésticos. • Inapropiado tratamiento y disposición final de residuos sólidos domésticos (basura), particularmente por parte de los municipios urbanos (por ejemplo, Mun. Libertador en el Distrito Capital. • Crecimiento del comercio informal, con las subsecuentes dificultades en el tránsito automotor urbano, el manejo de los residuos no peligrosos y la salud de los propios vendedores informales (buhoneros). La DP también destaca logros y problemas. Entre los primeros están la aprobación por parte de la AN de la Ley de Residuos y Desechos Sólidos “cuyo desarrollo deberá impactar positivamente en este aspecto vital de las políticas ambientales urbanas, al orientarse a poner orden en el sector”. Igualmente, destaca como parte de los compromisos nacionales ‘‘asumidos para el decenio del agua (2005-2015) declarado por ONU: la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tienen acceso a agua potable y que carecen de saneamiento básico para el año 2015’’. Este período comenzó el 22.03.05, día Mundial del Agua. Entre las denuncias registradas por la DP destaca el bote de escombros que de manera continuada realizan varias empresas en la Zona Protectora Valle El Algodonal, en Caracas: “Esta actividad, realizada sin la autorización correspondiente, causa daños a la zona protegida y a las instalaciones del Hospital El Algodonal, poniendo en riesgo su funcionamiento. Durante el período lluvioso, se produce el arrastre de toda clase de escombros y basura, provocando cambios de flujos, obstrucción de cauces y generando problemas de sedimentación de los drenajes e intervención de la vegetación de la zona protectora”. En general hay consenso en cuanto a los logros en materia de suministro de agua para el consumo humano. Sin embargo, debe advertirse que a la luz de los problemas reseñados en la sección anterior, si pretende lograr un suministro intergeneracional duradero, se debe atender no solamente el acceso al agua, sino también su tratamiento, una vez utilizada, para detener una de las causas de deterioro de los cuerpos de agua. Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad Biológica El MARN establece como principales logros en esta materia: * La firma de los Acuerdos de cogestión con la Alcaldía del municipio Sucre (Edo. Miranda), para la salvación del Sector Galindo del Parque Rómulo Gallegos y con la Gobernación del Edo. Aragua para la recuperación del Parque Jardín Zoológico Las Delicias. * Incrementar la producción nacional de madera en 2.259 m3 debido a la reactivación de una unidad de Manejo en la Reserva Forestal Imataca (Edo. Bolívar). * Reforestar 654 ha. Con 261.000 plantas en la cuenca del río Guárico, gracias al Programa Nacional de Reforestación “Chuquisaca”. * El mantenimiento a la plantación de 20 ha. De árboles en el área de la presa El Diluvio Palmar, municipio Jesús Enrique Losada (Edo. Zulia). * Reforestar 10 ha. En la subcuenta alta del río Castán, municipio Trujillo. * Impresión de 6.000 ejemplares de “Experiencias Productivas Ecológicas en Venezuela”. * Dotar de equipos de combate para la extinción de incendios a las DEA: Sucre, Anzoátegui, Monagas, Guárico, Miranda, Lara, Zulia, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo y Amazonas. * La formación y capacitación de 576 Vigilantes Voluntarios del Ambiente. VITALIS  evalúa como positivo en este campo: * Ratificación del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. * Desarrollo de modelos exitosos de conservación en tierras privadas, destacando el éxito del “Refugio Privado de Jaguares Silvestres de El Baúl” (Edo.) Cojedes. * Mantenimiento de zonas verdes en algunas ciudades del país. * Desarrollo de campañas educativas por parte de las ONG, particularmente en torno al comercio ilegal de especies silvestres y al reciclaje. * Trabajo coordinado de los Comandos Unificados para el Control de Incendios, con la subsecuente disminución en la ocurrencia de incendios forestales. En sentido contrario VITALIS señala los siguientes problemas correspondientes a este tema: * Aprobación de la minería dentro de las Reservas Forestales, mediante el reciente Decreto 3.110 de fecha 07.09.04 con el cual se deroga el Decreto 1.850 para la Reserva Forestal de Imataca, con lo cual se debilita la figura de manejo de estas ABRAE destinadas a garantizar la producción permanente de madera, además de otros bienes y servicios ambientales estratégicos para el país como la producción de agua y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los fenómenos evolutivos. * Fragmentación de hábitat y el sobre aprovechamiento de animales y plantas silvestres. * Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las carreteras de San Felipe (Yaracuy), Morón (Carabobo), El Guapo (Miranda), Píritu (Anzoátegui), y las áreas del Delta del Orinoco (Amacuro) y Guayana (Bolívar). A esto se suma la limitada reinserción de las especies que han sido rescatadas, por la inexistencia de centros de rehabilitación. * Indefinición en materia de bioseguridad, aunado a que no se ha cristalizado la comisión nacional que regirá la materia en el País, y en la cual deberá participar las ONG conjuntamente con las instancias gubernamentales competentes. * Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares y las ONG, tanto a nivel nacional como municipal. * Descoordinación entre los programas ambientales y de desarrollo, obviando la estrecha relación existente entre conservación del ambiente y calidad de vida (desarrollo sostenible). * La DP señala en este campo la necesidad de otorgarle prioridad legislativa a “los siguientes instrumentos jurídico-administrativos: Reglamento de la Ley de Diversidad Biológica sobre acceso a los recursos genéticos, consentimiento informado previo y acuerdo justo y equitativo de beneficios colectivos; Sistema para la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales en materia de diversidad biológica de los pueblos y comunidades indígenas; Reglamento sobre participación de los pueblos y comunidades indígenas en el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales de los mismos” . Acerca de Imataca, uno de los puntos que causan controversia entre la visión del MARN y la del movimiento ambientalista emite siguiente consideración: “En la Reserva Forestal de Imataca viven comunidades de los Warao, Pemón, Kariña, Akawayo y Arawak, conformando en conjunto más de la mitad de su población. La apertura de la Reserva a la explotación forestal y minera ha estado acompañada de la polémica desde que el gobierno de Caldera promulgó en 1997 el Decreto 1.850 (Gaceta Oficial No. 36.315, del 28 de mayo de 1.997) para su ordenamiento y manejo. Dicho decreto fue objeto de un recurso de nulidad por parte de grupos ambientalistas, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Diputados y el Colegio de Antropólogos. En aquella ocasión, la Corte Suprema de Justicia estableció una moratoria sobre la actividad minera y la entrega de nuevas concesiones en el territorio, hasta tanto no se revisara con la debida apertura a la participación ciudadana (ver Anuario 2003). Siete años después, el gobierno ha decretado el nuevo plan, el cual incluye diversas garantías para el respeto de las comunidades indígenas que habitan en el territorio protegido, y permite a la vez la explotación maderera y minera en diversas zonas de uso. En esta ocasión, el MARN impulsó la consulta pública sobre el proyecto durante tres meses y medio, realizando 6 talleres de discusión. Sin embargo, muchos representantes indígenas expresaron a la Defensoría que la consulta no fue lo suficientemente amplia, mientras que la información no ha llegado a muchas comunidades que viven en zonas de difícil acceso de la propia Reserva y que van a verse afectadas por la entrada en vigencia del decreto. A su vez, existe preocupación por la lentitud del proceso de demarcación de las tierras indígenas, lo que ha impedido la entrega de títulos de propiedad colectiva a estas comunidades y podría debilitar sus demandas ante el proceso de apertura De acuerdo con estas denuncias, con el decreto 3.110 se estarían vulnerando no solo los derechos ambientales de las comunidades indígenas que viven en Imataca, sino también otros más generales como el derecho a la información oportuna y veraz y el derecho a sus territorios, ambos consagrados en la CRBV. Al igual que en el período anterior, hubo un intenso debate social sobre la incompatibilidad del uso minero con la figura de Reserva Forestal73. En este sentido y con el ánimo de contribuir al conocimiento de las investigaciones que se hicieron para la toma de decisiones sobre Imataca resulta oportuno reproducir parte de los señalamientos realizados por el Instituto de Zoología Tropical (IZT) contratado por el MARN: los bosques tropicales remanentes están desapareciendo rápidamente; la tasa de extracción del recurso no debe exceder la tasa de renovación o sustitución del mismo; la renovación natural del recurso bosque es muy lenta y poco conocida y a su vez depende del ecosistema bosque del cual las especies de árboles de importancia comercial son apenas uno de sus componentes; el aprovechamiento forestal y minero produce impactos sobre los suelos, la hidrografía, el micro clima , la vegetación , la fauna, las comunidades humanas y la diversidad biológica en general; las plantas medicinales están entre los recursos más valiosos del bosque. El actual aprovechamiento forestal implica grandes inversiones, pero el beneficio neto por hectárea es bajo, (US$ 8,32), evidentemente esto conspira contra la sostenibilidad económica de las operaciones, la cual frecuentemente se alcanza a través de la insostenibilidad ecológica". En función de estos señalamientos, no queda claro el sustento científico que el MARN tuvo en cuenta para sustentar la decisión del decreto 3.11075 y contrariamente afirma las denuncias sobre los problemas socio-ambientales que la minería y la actividad forestal maderera están propiciando en la Reserva de Imataca. Otro caso vinculado con la pérdida de biodiversidad vegetal reseñado por la prensa escrita es la tala de árboles en el jardín del Museo Alejandro Otero, cuya sede fue edificada en un terreno cedido en comodato por el Instituto Nacional de Hipódromos en las adyacencias del Hipódromo la Rinconda de la parroquia El Valle de Caracas. Originalmente el predio de 28.500 km2, es decir, casi 3 ha estaba constituido en un 77% por áreas verdes. Para el año 2005 se había reducido en un 80 %. A finales del año 2004 se denuncia la tala de 100 árboles para construir la sede de una escuela de capacitación para alcaldes y gerentes de la administración pública por parte del Ministerio de Planificación y Desarrllo (MPD). La situación no deja de ser paradójica, por cuanto en la nueva Ley de Planificación y Gestión del Ordenamiento Territorial, bajo la responsabilidad de ejecución del MPD, se establece como prioridad el mantenimiento de la vegetación en las áreas urbanas. Además, resulta importante señalar que con esta acción se contravienen las aspiraciones de los grupos ecologistas locales que reclaman para el Sur de la ciudad un parque como el del Este o como el del Oeste para la recreación al aire libre, como una contribución al disfrute de los derechos ambientales colectivos. Derecho a la participación política y derecho al ambiente A manera de comentario final Del balance octubre 2004 septiembre 2005, se saca como conclusión que varios factores inciden en las limitaciones al pleno disfrute del derecho a un ambiente sano, como está consagrado en el cuerpo normativo del país. Uno de ellos es la tendencia creciente a la formulación de leyes que atomizan el marco de referencia para el establecimiento de este derecho, sobre todo cuando aún se espera por los instrumentos temáticamente más envolventes como la Ley de Agua, la Ley de Conservación del Ambiente, la Ley de Planificación y Gestión del Ordenamiento Territorial. En especial preocupan las dos primeras, cuyas discusiones se iniciaron en la AN hace tres y cuatro años respectivamente. Como producto de este parcelamiento también aparece la falta de coordinación entre las distintas instancias de gobierno, que ahora se ven involucradas en la cuestión ambiental. Por otro lado, se debe estar concientes de que no todo se resuelve con un marco jurídico ambiental coherentemente establecido. Hace falta también crear las condiciones culturales necesarias para que primero el colectivo conozca sus derechos, y en consecuencia demande su cumplimiento. La ratificación del tratado de Kyoto y el comienzo de las mesas técnicas para dar cumplimiento al Convenio de Estocolmo, con la participación de especialistas y ONG, significan pasos en la consolidación de una cultura ambiental. Sin embargo, no son suficientes. Todavía están revestidos de una investidura de conocimiento técnico alejada en muchos casos de los problemas cotidianos de la gente. Para lograr crear las condiciones para la exigencia plena por parte de la sociedad en su conjunto de sus derechos ambientales, se debe tratar de incidir directamente en los problemas que el ciudadano común asocia con sus condiciones cotidianas de vida. En este sentido apreciamos que los Comité de Tierras Urbanas (CTU) y las Mesas Técnicas de Agua (MTA), se pueden convertir en las verdaderas bases de soporte popular para alcanzar el objetivo del desarrollo sustentable en Venezuela. Para ello, además de las metas de cobertura geográfica de los CTU y de las MTA en el marco de las Metas del Milenio ONU, se debe propiciar en estas bases del poder popular bolivariano un proceso de formación ambiental que permita involucrar en sus acciones locales la perspectiva nacional y global, ámbitos en los que se resuelven algunos de los asuntos primordiales vinculados a los derechos ciudadanos a un ambiente sano en el país. Por ejemplo, además de la participación en el levantamiento de los necesarios catastros de tierra para el otorgamiento de los derechos de propiedad y del control de los abastecimientos de agua potable, los CTU y las MTA deberían convertirse en el germen del sustento social para la instrumentación de la Ley de Planificación y Gestión del Ordenamiento Territorial, en la cual se prevé una intensa participación ciudadana. De manera similar, los CTU y las MTA deberían convertirse en las bases de presión para sacar del letargo legislativo leyes como la de Aguas y la de Conservación Ambiental, relevantes para la lucha por un ambiente sano, especialmente a nivel de las comunidades. En este sentido, son estas organizaciones de base, vinculadas a dos factores culminantes para la calidad de vida social en un país como Venezuela, la principal contraloría social para la acción del Poder Ciudadano, en especial de la DP, que tiene como misión por ley la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales, entre los cuales destacamos los ambientales, pieza esencial para alcanzar el desarrollo sustentable en el país. La incorporación de estas nuevas formas de organización social a la lucha por la defensa general de los derechos ambientales de los venezolanos sería un extraordinario punto de apalancamiento para la acción que los grupos ambientalistas han venido realizando en el país hace décadas. Con ello se conseguiría fortalecer la necesaria influencia social para que los distintos materiales que determinan el marco de la defensa de las condiciones de vida en Venezuela puedan emplear. Los CTU y las MTA en esta hecho de apariencia nacionalista, globalizadora, sin dejar de ser de operación local, consentiría lograr la plataforma de soporte necesaria para conseguir que los derechos a un ambiente sano se efectúen en Venezuela.

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